La alcaldía de San Miguelito implementó un toque de queda nocturno de fines de semana, vigente hasta el 11 de mayo, que restringe la movilidad entre las 22:00 horas del sábado y las 04:00 horas del domingo. La medida, que busca controlar la creciente ola de violencia en el distrito, ha generado opiniones divididas entre los residentes y ha encendido las alarmas en la Senniaf (Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia) por el posible impacto en los derechos de los menores.
La alcaldesa Irma Hernández justificó la medida como una respuesta necesaria ante la situación de inseguridad que se vive en la zona, otorgando a la Policía Nacional la facultad de realizar verificaciones y retenciones preventivas a quienes infrinjan el toque de queda. Sin embargo, la implementación de esta restricción ha provocado un debate sobre su efectividad y las posibles consecuencias para la población.
Mientras algunos residentes apoyan la medida, considerándola un paso firme para combatir la delincuencia, otros argumentan que se necesitan soluciones más profundas y estructurales para abordar las causas de la violencia. Esta división de opiniones refleja la complejidad del problema y la falta de consenso sobre la mejor manera de abordarlo.
La Senniaf, por su parte, ha expresado su preocupación por la correcta aplicación de las medidas de protección hacia niños, niñas y adolescentes durante los operativos de control. La institución recordó que la Ley 285 del 15 de febrero de 2022, que regula el sistema de protección integral de la niñez y adolescencia, tiene aplicación en todo el territorio nacional y prevalece sobre cualquier disposición de carácter local.
En un comunicado, la Senniaf enfatizó que todas las acciones realizadas durante los operativos deben asegurar el respeto pleno de los derechos de los menores, y que estos no deben ser puestos bajo custodia policial ni remitidos a la Policía, salvo en situaciones excepcionales en las que exista un riesgo comprobado que justifique medidas de protección especiales. La entidad advirtió que la permanencia prolongada de menores en recintos oficiales o su separación innecesaria del entorno familiar, sin agotar la localización de sus responsables, puede constituir una forma de revictimización y generar afectaciones emocionales y psicológicas.
La Senniaf insiste en que la prioridad debe ser la protección integral de los niños y adolescentes, garantizando su seguridad y bienestar en todo momento. La institución ha puesto a disposición de las autoridades y de la ciudadanía sus canales de atención para recibir denuncias y brindar asesoramiento en casos de vulneración de derechos.
Ante las preocupaciones expresadas por la Senniaf, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, enfatizó que el toque de queda forma parte de una estrategia preventiva para reforzar la seguridad en zonas con alta incidencia delictiva, específicamente en sectores como Belisario Frías y Arnulfo Arias, en el distrito capitalino. Fernández subrayó que la medida busca prevenir hechos delictivos y fortalecer el orden en estas áreas, que se han convertido en focos de violencia.
El director de la Policía Nacional aseguró que los operativos se llevarán a cabo con respeto a los derechos humanos y a la legislación vigente, y que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la implementación efectiva de estas garantías en el terreno sigue siendo una preocupación para la Senniaf y para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de la infancia.
La situación en San Miguelito pone de manifiesto la tensión existente entre la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. El debate sobre el toque de queda y sus posibles consecuencias plantea interrogantes sobre la eficacia de las medidas restrictivas y la importancia de abordar las causas estructurales de la violencia.
La comunidad espera que las autoridades competentes puedan encontrar un equilibrio entre la seguridad y los derechos, y que se implementen políticas públicas integrales que aborden las problemáticas sociales que contribuyen a la violencia en el distrito. La transparencia en la aplicación del toque de queda y la rendición de cuentas por parte de las autoridades son fundamentales para garantizar la confianza de la ciudadanía y evitar abusos.
El futuro de la seguridad en San Miguelito dependerá de la capacidad de las autoridades para implementar estrategias efectivas y respetuosas de los derechos humanos, y de la participación activa de la comunidad en la búsqueda de soluciones. La colaboración entre la Policía Nacional, la alcaldía, la Senniaf y las organizaciones de la sociedad civil es esencial para construir un distrito más seguro y justo para todos sus habitantes.
