Ecuador acumula más de 835 días consecutivos bajo estados de excepción y una intensa militarización en su lucha contra el crimen organizado, una estrategia implementada desde la declaratoria de conflicto interno armado en 2024. Sin embargo, los resultados no son los esperados: 2025 cerró con la tasa de homicidios más alta registrada en la historia del país, alcanzando los 50,9 por cada 100.000 habitantes.
A pesar del aumento en los decomisos, el número de criminales extraditados y la ejecución de numerosos operativos contra el crimen organizado indicadores que despiertan el interés tanto del gobierno ecuatoriano como del Pentágono, que ha destinado recursos a las instituciones competentes persiste una profunda sensación de insuficiencia. La ola de inseguridad continúa golpeando al país, y el narcotráfico demuestra una notable capacidad de adaptación, encontrando constantemente nuevas rutas para abastecer a sus mercados.
El reciente toque de queda implementado en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo ha generado interrogantes sobre su efectividad. Durante la vigencia de la medida, se registraron 215 muertes violentas, una cifra apenas 57 inferior a la contabilizada en el periodo previo a su aplicación. Esta estadística revela que el crimen organizado no ha sido erradicado, sino que ha modificado sus tácticas. Históricamente, cerca del 70% de los homicidios se producían en horarios coincidentes con el toque de queda, pero las cifras actuales sugieren que las organizaciones criminales han trasladado parte de la violencia al horario diurno, ajustando sus horarios laborales y demostrando una vez más su capacidad de adaptación frente a las políticas estatales.
Chris Dalby, director de World of Crime y analista de seguridad, planteó una perspectiva incómoda pero realista durante un conversatorio sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su argumento se centra en una limitación estructural inherente a los Estados: las instituciones de seguridad e inteligencia fueron diseñadas primordialmente para detectar amenazas externas, no para investigar sus propias fallas internas. Esta incapacidad para la autoevaluación y la corrección interna representa un obstáculo significativo en la lucha contra el crimen organizado.
La dificultad para investigar redes internas de corrupción, complicidad o captura institucional es un problema recurrente. Indagar en estas áreas suele implicar costos políticos y burocráticos superiores a los beneficios inmediatos que podrían obtenerse. Revelar los nombres de individuos poderosos involucrados en estas redes podría desencadenar un efecto dominó, desestabilizando equilibrios de poder cuidadosamente construidos, como un castillo de naipes.
La persistencia de altos niveles de violencia, a pesar de la implementación de medidas drásticas como los estados de excepción y la militarización, plantea serias dudas sobre la efectividad de la estrategia actual. La adaptación del crimen organizado a las políticas estatales, evidenciada en el ajuste de horarios y la búsqueda de nuevas rutas, sugiere que se requiere un enfoque más integral y profundo para abordar el problema.
La reflexión planteada por Chris Dalby sobre la incapacidad de las instituciones para investigarse a sí mismas es crucial. La corrupción y la complicidad dentro de las filas del Estado pueden estar socavando los esfuerzos para combatir el crimen organizado, permitiendo que este último se mantenga operativo y adaptable.
La situación exige una revisión exhaustiva de las estrategias actuales, así como una mayor inversión en la investigación de las redes internas de corrupción y complicidad. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que la lucha contra el crimen organizado sea efectiva y sostenible. De lo contrario, Ecuador podría seguir acumulando días bajo estados de excepción sin lograr una mejora significativa en la seguridad de sus ciudadanos. La adaptación del crimen organizado, lejos de ser un problema superable con medidas coercitivas, parece ser una constante que exige una respuesta más inteligente y estratégica por parte del Estado.
