El Banco Mundial ha aprobado un préstamo de $60 millones para modernizar el sistema catastral de Panamá, un sistema plagado de irregularidades y vacíos legales que han facilitado la especulación con tierras y, en algunos casos, involucrado a figuras políticas. Actualmente, solo el 36% del territorio nacional cuenta con información catastral, y apenas el 19% de las propiedades están debidamente tituladas, concentrándose estas últimas principalmente en áreas urbanas.
El proyecto, denominado Programa de Transformación del Catastro de Panamá, busca establecer un sistema nacional de catastro multipropósito, moderno e integrado, centralizando la información de terrenos y propiedades en una plataforma digital accesible para ciudadanos, municipios y entidades gubernamentales. Los fondos se desembolsarán en función del cumplimiento de objetivos específicos, incluyendo la mejora de los servicios catastrales, la reducción de los tiempos de tramitación y la ampliación del acceso a información confiable y actualizada sobre la propiedad de la tierra.
Walter Myers, exdirector del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, advierte que la falta de datos precisos ha generado desatinos administrativos, ventas dudosas y adquisición de tierras de manera no ética . Myers señala que la negligencia en la gestión catastral durante diversas administraciones ha creado un ambiente propicio para intermediarios informales que se aprovechan de la fragmentación del sistema. Esta situación, según Myers, no es solo un problema administrativo, sino una condición que facilita la apropiación irregular de tierras, citando como ejemplo casos documentados en Darién, donde áreas protegidas han sido taladas, quemadas y posteriormente tituladas de forma fraudulenta desde los años 70. En 2019, la Asamblea Nacional de Panamá (ANATI) suspendió 200 solicitudes de titulación en Darién, muchas de ellas ubicadas en reservas ecológicas.
José Gabriel Montenegro, anterior director de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) entre 2019 y 2024, informó que al asumir el cargo se enfrentó a un acumulado de 110,000 solicitudes de titulación, obstaculizadas por trámites incompletos y deficiencias técnicas. A pesar de las dificultades, incluyendo la pandemia, su gestión logró titular 32,000 propiedades, aunque reconoce que el flujo constante de nuevas solicitudes dificulta la reducción significativa de la brecha. Montenegro subraya que los problemas no se limitan a la ANATI, sino que también incluyen la falta de documentación por parte de los solicitantes y la informalidad en algunos procesos técnicos.
Un obstáculo estructural clave es la precariedad de la información catastral histórica. Gran parte de los registros anteriores a 1948 carecen de coordenadas geográficas y se describen de manera imprecisa, utilizando referencias como desde el palo de mango hasta el río . Incluso las titulaciones realizadas entre 1947 y 1975 presentan limitaciones técnicas debido a la falta de sistemas de georreferenciación modernos. Esta situación impide determinar con precisión los límites de las propiedades y fomenta conflictos entre colindantes.
La superposición de derechos en zonas comarcales (que ocupan el 30% del territorio nacional) y áreas protegidas (que representan cerca del 33%) agrava aún más la complejidad, generando disputas en torno a solicitudes de titulación que se encuentran dentro de estos territorios. Montenegro concluye que la falta de inversión en el sistema catastral es un problema común, pero particularmente evidente en Panamá.
Andrés Fernando Pagés, actual director de la ANATI, reconoce los retos estructurales que enfrenta la institución, incluyendo la reducción de la mora histórica, la digitalización de los procesos y la realización de un barrido catastral a nivel nacional. Sin embargo, asegura que estos desafíos están siendo abordados a través de una planificación estratégica en marcha. Destaca que la transformación tecnológica es el eje central de esta nueva etapa, ya que la digitalización mejorará el acceso a la información, aumentará la transparencia y ordenará un sistema históricamente fragmentado.
Pagés afirma que este proyecto va a cambiar el catastro de la República de Panamá , y que se desarrollará en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), con un plazo de ejecución estimado de 36 meses y apoyo técnico internacional. Subraya que no se trata de reinventar la rueda, sino de replicar modelos exitosos de la región.
En los últimos años, investigaciones periodísticas han vinculado a políticos, incluyendo diputados y ex diputados como Benicio Robinson (Bocas del Toro), Yanibel Ábrego (Capira) y Raúl Pineda (Colón), con procesos de adjudicación de tierras estatales a precios significativamente bajos. Estos casos han suscitado interrogantes sobre el uso de mecanismos legales para acceder a terrenos públicos en condiciones favorables, en un contexto marcado por la falta de información catastral confiable y un débil control institucional. La preocupación no se limita al precio irrisorio de las tierras, sino también a su ubicación estratégica, incluyendo playas, montañas y otras zonas de alto valor. El financiamiento del Banco Mundial representa un esfuerzo crucial para abordar estas deficiencias y establecer un sistema catastral más transparente y eficiente en Panamá.
