Tres empleados del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS) de Tucumán fueron formalmente acusados de defraudar a la administración pública mediante la venta ilegal de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) falsificados. La acusación, presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) el pasado viernes 1 de mayo, revela una presunta red de corrupción que habría generado un perjuicio económico significativo para el Estado provincial.
La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, liderada por la fiscal Mariana Rivadeneira y representada en la audiencia por el auxiliar de fiscal Leandro Abdala, imputó a los tres empleados por los delitos de falsificación de documentos públicos y tentativa de defraudación. La investigación se inició tras la detección de irregularidades en expedientes del IPSS, lo que llevó a sospechar de la emisión fraudulenta de CUD.
Uno de los acusados intentó evadir la acción de la justicia, siendo aprehendido en la terminal de ómnibus mientras se disponía a viajar a la provincia de Córdoba. Su captura se produjo luego de que un allanamiento realizado el mismo día de la audiencia no lograra localizarlo en su domicilio. Este intento de fuga reforzó la sospecha de las autoridades sobre su implicación en el esquema delictivo.
Según la acusación, la presunta actividad ilícita se habría extendido desde enero de 2026. Los empleados del IPSS habrían ofrecido a afiliados del instituto la posibilidad de obtener certificados de discapacidad falsos a cambio de dinero. A los solicitantes se les prometía la cobertura de prácticas médicas, cirugías y la adquisición de prótesis, beneficios a los que no tenían derecho legítimamente.
Hasta el momento, se han documentado cuatro casos concretos en los que los imputados habrían recibido un total de $1.950.000 por la venta de estos certificados apócrifos. Sin embargo, la fiscalía sospecha que la cantidad de casos podría ser mucho mayor, ya que la investigación continúa en curso.
El modus operandi de los acusados consistía en la elaboración fraudulenta de los certificados y su posterior introducción en expedientes reales dentro del IPSS. Aprovechando sus funciones dentro de la institución, facilitaban el avance de estos trámites irregulares, desde la recepción de la documentación hasta la realización de las auditorías médicas. Esta manipulación del sistema permitió la aprobación de prestaciones a las que los beneficiarios no correspondían.
La maniobra fue descubierta por el propio IPSS, que detectó inconsistencias en ciertos expedientes. Tras una revisión exhaustiva, se constató la falsedad de los certificados y se inició una investigación interna que derivó en la intervención del MPF. El perjuicio económico estimado para el Estado provincial asciende a $27.904.918, correspondiente a las prestaciones ya autorizadas con base en los certificados fraudulentos.
La fiscal Rivadeneira solicitó a la jueza la imposición de prisión preventiva para los tres imputados por un período de seis meses. En su argumentación, la fiscalía destacó los riesgos de fuga y la posibilidad de que los acusados obstaculicen la investigación en caso de permanecer en libertad. La jueza, por su parte, concedió la declaración de la causa como asunto complejo, estableciendo un plazo de un año para su resolución. Esta decisión implica que la investigación se extenderá en el tiempo, debido a la complejidad de las pruebas y la necesidad de analizar exhaustivamente la documentación involucrada.
La investigación continúa abierta y se espera que en los próximos meses se puedan recabar más pruebas que permitan esclarecer la totalidad de las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad de otras personas que pudieran haber estado involucradas en el esquema delictivo. El IPSS ha anunciado que colaborará plenamente con la justicia para llevar adelante la investigación y recuperar los fondos indebidamente percibidos. Este caso pone de manifiesto la importancia de fortalecer los controles internos y los mecanismos de fiscalización en las instituciones públicas para prevenir y combatir la corrupción.
