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Dictadura: 25 años de prisión para cuatro ex militares

Dictadura: 25 años de prisión para cuatro ex militares
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Cuatro exmiembros de la Fuerza Aérea fueron condenados a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos contra 111 víctimas durante la dictadura militar argentina. El Tribunal Oral Federal N 5 de San Martín dictó el fallo, en línea con las penas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, por crímenes perpetrados en la zona oeste del conurbano bonaerense, donde operaron diversos centros clandestinos de detención.

Los condenados son Juan Carlos Herrera (79 años), excapitán primero; José Juan Zyska (71 años), excabo, ambos pertenecientes a la I Brigada Aérea de El Palomar; Ernesto Rafael Lynch (82 años), excapitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno; y Julio César Leston (79 años), excabo principal de la Regional de Inteligencia Buenos Aires.

La sentencia los responsabiliza por la comisión de delitos de privación ilegal de la libertad agravada y prolongada, torturas, abusos, violaciones y coacciones, perpetrados en distintos centros ilegales de detención. Entre estos, se destaca la Mansión Seré, un centro que fue incendiado y dinamitado tras una fuga de prisioneros, aunque sus restos pudieron ser identificados en procesos judiciales anteriores.

El juicio, que se inició en agosto de 2024, había incluido inicialmente a Juan Carlos Vázquez, exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea, quien permaneció prófugo durante veinte años y falleció antes de que se dictara la sentencia.

Los jueces María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Venditti, además de las condenas, ordenaron iniciar los trámites para la baja por exoneración de los condenados, la suspensión de sus retiros y jubilaciones, y el secuestro de las armas registradas a su nombre.

La intervención del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo del doctor Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol, pertenecientes a la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.

El tribunal determinó que los hechos juzgados constituyen delitos de lesa humanidad y rechazó el planteo de prescripción presentado por una de las defensas. Originalmente, los delitos sexuales no estaban contemplados en el proceso, pero fueron incorporados a la acusación a raíz de un pedido de ampliación presentado por la Fiscalía y las querellas.

Además, los magistrados ordenaron la reparación histórica del legajo laboral de Horacio Silvio Fleischman, médico del Hospital Municipal Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, quien fue cesanteado durante la dictadura. Fleischman, tras ser secuestrado, se exilió en Estados Unidos con su familia y declaró en el juicio.

Los hechos probados durante el juicio se desarrollaron en el ámbito territorial de la Subzona Militar 16, donde funcionó un circuito represivo integrado por diversos centros clandestinos de detención. Entre ellos, se mencionaron la Regional de Inteligencia Buenos Aires, ubicada en Morón; la casona Mansión Seré; la I Brigada Aérea de El Palomar; la VII Brigada Aérea de Morón; la VIII Brigada Aérea de Moreno y diversas dependencias policiales.

La condena impuesta a Julio César Leston incluyó el delito de coacción, debido a que, tras la liberación de dos hermanas que habían sido víctimas de secuestro, torturas y abusos, las vigilaba constantemente, se presentaba en su domicilio armado, las amenazaba para que abandonaran su militancia política y obligaba a una de ellas a recorrer la zona en automóvil, mostrándole álbumes de fotografías de personas buscadas.

En este juicio, se incluyeron por primera vez hechos que no habían sido juzgados previamente, relacionados con la VIII Brigada Aérea de Moreno, la comisaría de Moreno, la subcomisaría de Francisco Álvarez y el destacamento de Paso del Rey, que funcionaron como centros clandestinos de detención, según lo corroborado durante el proceso judicial.

El fiscal Crous argumentó que los imputados eran funcionarios públicos que ocuparon cargos en la estructura militar y de inteligencia de la Fuerza Aérea. Lejos de ejercer sus funciones para la defensa de la nación, utilizaron sus cargos para la persecución ilegal de un sector de la sociedad que no compartía los valores e intereses promovidos por la dictadura militar , enfatizó.

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