El presidente Gustavo Petro firmará este viernes una hoja de ruta para dinamizar el empleo en Colombia, con una inversión de $1,82 billones provenientes del Presupuesto General de la Nación. El plan, presentado en el marco del Día del Trabajo, priorizará a poblaciones con mayores barreras de acceso al mercado laboral y se enfocará especialmente en la transición energética y digital justa.
El plan, resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se materializa a través del Conpes de Política de Trabajo Digno y Decente , que contempla 104 acciones concretas a ejecutar hasta el año 2035. Este documento se enmarca dentro de la reforma laboral en curso y se estructura en cinco ejes de intervención principales.
El primer eje, que concentra el 81,9% del presupuesto total ($1,49 billones), se centra en la transición energética y digital justa. Ante el cierre progresivo de la industria carbonífera, el Ministerio de Minas liderará programas de reconversión laboral dirigidos a los 14.000 trabajadores que se verán afectados. Paralelamente, el SENA iniciará la formación de capital humano calificado para los empleos verdes, anticipándose a la demanda de nuevas habilidades en este sector en crecimiento.
El segundo eje del plan busca reducir las brechas existentes para poblaciones históricamente excluidas del mercado laboral. Se destinarán $220.964 millones para atender las necesidades de jóvenes, vendedores informales, trabajadores de la economía popular, mujeres, grupos étnicos, víctimas del conflicto armado y personas LGBTIQ+. Una de las medidas más destacadas es un programa para vendedores informales, que se implementará entre 2027 y 2034, ofreciendo acceso a instrumentos financieros y redes de comercialización, con el objetivo de evitar desalojos y brindar alternativas de sustento. Adicionalmente, se desarrollará una estrategia de reconversión laboral para personas que se dedican a actividades sexuales pagadas, garantizando un enfoque de no criminalización y respeto a sus derechos.
El tercer frente de acción se enfoca en fortalecer la inspección laboral. El gobierno se ha propuesto duplicar el número de inspectores de trabajo para alcanzar el estándar establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recomienda un inspector por cada 10.000 trabajadores. Se realizarán inspecciones sorpresa en los cultivos de flores de Cundinamarca y Antioquia durante las temporadas de alta demanda, como el Día de San Valentín y el Día de las Madres, para verificar el cumplimiento de las normas laborales. Asimismo, se llevarán a cabo visitas puerta a puerta en ocho ciudades capitales para supervisar las condiciones de trabajo doméstico, un sector en el que el 83% de las trabajadoras carecen de seguridad social. La inversión destinada a este objetivo asciende a $34.839 millones.
El cuarto eje del plan se orienta a ampliar el acceso a las prestaciones sociales. Se rediseñará el mecanismo de protección al desempleo para incluir a los trabajadores informales y de la economía popular, quienes actualmente solo representan el 0,6% de los beneficiarios. Además, se establecerán lineamientos para garantizar los derechos menstruales en el ámbito laboral, reconociendo las necesidades específicas de las mujeres trabajadoras. Se invertirán $12.107 millones en la creación de lineamientos que orienten la estructuración de programas sociales destinados a la reducción de la pobreza.
Finalmente, el quinto eje aborda el diálogo social y la resolución de conflictos laborales. Se crearán escuelas de formación sindical en los 10 departamentos con mayor conflictividad laboral, se actualizará el censo sindical que no se ha actualizado desde 2018 y se implementará un sello de Trabajo Digno y Decente para empresas, sindicatos y territorios que demuestren buenas prácticas laborales. Para este propósito, se destinarán $63.379 millones.
Con esta hoja de ruta, el gobierno de Gustavo Petro busca promover un mercado laboral más inclusivo, justo y sostenible, que responda a los desafíos de la transición energética y digital, y que garantice los derechos de todos los trabajadores colombianos. La implementación del plan será monitoreada de cerca para asegurar el cumplimiento de los objetivos y la efectividad de las medidas adoptadas.
