En este Día del Trabajador, surge un debate crucial sobre el rol del Estado en la protección y promoción del empleo, especialmente ante la transformación radical del mundo laboral impulsada por la Inteligencia Artificial y la automatización. La Ley de Modernización Laboral 27.802, a través de sus artículos 152 y 153, ha establecido el Programa de Formación Laboral Básica, con el objetivo de asegurar que todos los ciudadanos posean las competencias mínimas necesarias para su incorporación al mercado laboral.
Este programa se articula en dos ejes principales: el Programa de Competencias Sociolaborales Básicas, dirigido a personas sin educación secundaria completa, y el Programa de Formación Laboral Inicial, que busca desarrollar habilidades específicas en sectores productivos con alta demanda regional. Ambos programas se complementan con el Programa de Entrenamiento para el Trabajo, creando un sistema integral de capacitación.
La ley introduce un concepto innovador: la empleabilidad mínima. Este no debe interpretarse como un estándar de exigencia para los trabajadores, sino como una obligación del Estado de garantizar un piso de ciudadanía económica en un contexto digital en constante evolución, donde la colaboración de los empleadores es fundamental.
La protección del trabajador en el siglo XXI debe trascender la mera compensación por despido y enfocarse en una tutela preventiva basada en la capacitación continua. La creación del Programa de Formación Laboral Básica reconoce que la falta de competencias fundamentales, como la alfabetización digital, la comprensión lectora y el razonamiento lógico, es la principal causa de exclusión social. El Congreso, al institucionalizar este programa, reconoce que el derecho al trabajo se vuelve inalcanzable si los individuos carecen de las herramientas cognitivas para desenvolverse en los nuevos entornos laborales tecnológicos.
La Ciudad de Buenos Aires ha sido pionera en esta dirección, impulsando la Agencia de Habilidades para el Futuro, que ofrece más de 670 programas educativos orientados al desarrollo de competencias para el empleo. Iniciativas como Talento Tech, SecundarT, Construí tu Futuro para jóvenes, capacitaciones para emprendedores en un Centro de Simulación, y programas de subsidio al aprendizaje en empresas como Prácticas Formativas y el Programa de Inducción para el Empleo, son ejemplos de este esfuerzo.
Estas propuestas son implementadas por la Secretaría de Trabajo, en conjunto con el Ministerio de Educación. A ellas se suma el nuevo programa de asistencia social del Gobierno de la Ciudad, que reemplaza los planes sociales existentes por un programa de capacitación y empleo que promueve la autonomía económica. Este programa, que beneficiará a unas 5.000 personas, incluye pagos directos sin intermediarios, formación obligatoria y una articulación con el sector privado para facilitar la inserción laboral.
La nueva ley nacional se alinea con esta visión. Su reglamentación debe priorizar la restauración de la confianza y la aptitud de los individuos, potenciando no solo la formación de operarios eficientes o técnicos especializados, sino también el desarrollo de personas con la capacidad de aprovechar las herramientas que ofrece la educación para el empleo.
Además, la designación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como autoridad de aplicación (artículo 153) podría extenderse a las autoridades laborales provinciales, con el fin de centralizar la coordinación de la certificación de estas competencias, en consonancia con las políticas de descentralización y autonomía de la Ciudad.
Otorgar a la certificación estatal la función de un activo de seguridad social representa un avance significativo para el país. Este pasaporte de empleabilidad permitirá a los trabajadores acreditar sus habilidades ante un mercado laboral cada vez más exigente.
En definitiva, la empleabilidad mínima se establece como una nueva garantía de equidad para los trabajadores en el siglo XXI. En un mundo donde el capital humano es el activo más valioso, el Estado debe asumir el rol de garante para que la transformación digital no conduzca a una segmentación irreversible entre aquellos que se integran y los que quedan excluidos, asegurando que la tecnología sea un motor de ascenso social y no de marginación. La clave reside en asegurar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de adquirir las competencias necesarias para prosperar en la nueva economía digital, y el Estado tiene la responsabilidad de liderar este esfuerzo.
