José Luis Narro Ortiz, gerente ejecutivo de Copasa y candidato a la alcaldía de Alto Selva Alegre, ha estado participando en actividades deportivas escolares, generando interrogantes sobre el posible uso de recursos estatales en su campaña. El funcionario negó haber utilizado su horario laboral para estas actividades, pero fotografías lo muestran en colegios repartiendo indumentaria deportiva con su nombre y el logo de su partido político.
La polémica se desató tras la publicación de imágenes que muestran a Narro Ortiz en la I.E. Guillermo Mercado Barroso durante sus olimpiadas internas, parte de los Juegos Deportivos Escolares, realizadas el viernes 10 de abril en el Complejo Deportivo Tripartito. Posteriormente, el propio Narro Ortiz compartió en sus redes sociales fotografías tomadas dentro de un aula, donde se le ve entregando indumentaria deportiva que lleva su nombre y el logo de la agrupación política a la que pertenece.
Casos similares se registraron en el Colegio Andenes de Chilina, donde fotos de la inauguración de sus olimpiadas escolares también muestran la presencia de Narro Ortiz. En esta ocasión, el funcionario apadrinó a una clase, proporcionando indumentaria deportiva con su nombre y el logo partidario.
Ante las preguntas de Correo, Narro Ortiz reconoció su participación en una actividad deportiva escolar la semana pasada, pero aseguró que esta tuvo lugar un sábado. Pueden verificar el día sábado, se realizaron las olimpiadas de este colegio y los demás días los que asisten son mis regidores, mis representantes , afirmó. El candidato a la alcaldía se defendió argumentando que, con su experiencia en política, no cometería el error de novato de utilizar su horario laboral para fines proselitistas.
Narro Ortiz también aclaró que se encuentra a la espera de su cese formal de funciones en la Región, aunque aún continúa desempeñando el cargo de gerente ejecutivo de Copasa. Su situación ha generado debate, especialmente a la luz de las disposiciones emitidas por el gobernador regional Rohel Sánchez en enero de este año.
En dicho momento, el gobernador Sánchez dispuso que todos los funcionarios que aspiraran a un cargo en las Elecciones Regionales y Municipales debían presentar su renuncia. Sin embargo, Narro Ortiz argumenta que la ley no lo obliga a renunciar, sino únicamente a solicitar una licencia. Según sus declaraciones, él y su equipo dejarán formalmente sus cargos en la Región en mayo.
La vicegobernadora regional, Ana María Gutiérrez, recordó la disposición del gobernador Sánchez, lo que sugiere una discrepancia en la interpretación de las normas electorales. La situación de Narro Ortiz plantea interrogantes sobre la ética y la transparencia en el uso de recursos públicos durante una campaña electoral.
La entrega de indumentaria deportiva con fines proselitistas, aunque no necesariamente ilegal, levanta sospechas sobre la posible influencia del funcionario en las instituciones educativas y el uso de su posición para obtener ventajas electorales. La negativa inicial de Narro Ortiz a reconocer su presencia en las actividades escolares, seguida de su posterior justificación, también ha generado críticas.
La normativa electoral peruana establece límites claros en cuanto al uso de recursos estatales en campañas políticas. Si bien la participación de un funcionario en actividades comunitarias no es inherentemente prohibida, esta debe realizarse fuera de su horario laboral y sin utilizar recursos públicos para fines proselitistas.
El caso de José Luis Narro Ortiz pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y transparencia en el proceso electoral, así como la importancia de que los funcionarios públicos cumplan estrictamente con las normas establecidas. La ciudadanía espera que las autoridades competentes investiguen las denuncias y determinen si se han cometido irregularidades en el uso de recursos estatales durante la campaña del candidato a la alcaldía de Alto Selva Alegre.
La controversia podría afectar la imagen de Narro Ortiz y su candidatura, especialmente en un contexto electoral donde la confianza de los votantes es fundamental. La transparencia y la rendición de cuentas son valores esenciales en una democracia, y cualquier sospecha de irregularidades puede minar la credibilidad de los candidatos y las instituciones públicas.
El debate sobre el uso de recursos estatales en campañas electorales es recurrente en el Perú, y el caso de Narro Ortiz sirve como un recordatorio de la importancia de fortalecer los mecanismos de control y sanción para garantizar la integridad del proceso electoral. La ciudadanía debe estar atenta y exigir a sus representantes que actúen con ética y transparencia en el ejercicio de sus funciones.
