Panamá enfrenta un momento decisivo en su compromiso de salir de las listas grises de la Unión Europea, con la discusión de la Ley de Sustancia Económica. Entre 2018 y 2024, el país realizó esfuerzos significativos en materia de transparencia fiscal, implementando el Common Reporting Standard, cumpliendo con FATCA, obteniendo evaluaciones favorables del Foro Global, saliendo del GAFI en 2023 y siendo excluido de las listas de blanqueo de capitales en 2025. Sin embargo, el plazo para cumplir con el compromiso ante el Foro Global, fijado para el 17 de julio de 2026, y la revisión de la Unión Europea en octubre, exigen una acción legislativa efectiva.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha presentado un proyecto de ley que busca establecer reglas de sustancia económica para rentas pasivas extranjeras. Si bien la convocatoria a sesiones extraordinarias, impulsada por el presidente Mulino, es vista como un paso positivo, la complejidad técnica del tema exige un análisis cuidadoso para evitar que la urgencia comprometa la calidad de la legislación.
Un exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) (2019-2024), quien ha seguido de cerca la evolución de la arquitectura de cooperación fiscal en Panamá, advierte sobre nudos gordianos en el proyecto que, de no corregirse, podrían afectar la competitividad del país.
El proyecto ha logrado avances importantes en dos áreas clave. En primer lugar, su alcance se limita exclusivamente a entidades de grupos multinacionales, protegiendo a las sociedades locales, personas naturales y estructuras nacionales de cargas innecesarias. En segundo lugar, se ha optado por un modelo de fiscalización basado en la declaración jurada con fiscalización posterior, lo que evita cuellos de botella administrativos y respeta la presunción de buena fe, permitiendo al Estado concentrar sus recursos en casos de alto riesgo.
No obstante, el experto identifica cuatro puntos críticos que requieren una cirugía mayor :
La desproporción del 15% sobre la renta bruta es, a su juicio, un error. El artículo 707-D propone gravar la renta bruta de dividendos, intereses y regalías, a diferencia de jurisdicciones como Costa Rica y Uruguay, que gravan sobre la renta neta. Gravar el ingreso bruto sin permitir deducciones podría elevar la tarifa efectiva al 25% o 30% sobre la utilidad real, lo que podría disuadir la inversión extranjera, especialmente en un momento en que el país necesita atraer capitales.
La duplicidad institucional es otro punto de preocupación. El proyecto otorga facultades de supervisión y sanción al MEF, desplazando a la DGI, la entidad que ya cuenta con los sistemas, la experiencia y la cultura de fiscalización necesarios. Crear competencias paralelas en el MEF solo generaría fragmentación de criterios y debilidad institucional.
El candado al crédito fiscal también es objeto de crítica. Aunque se reconoce el crédito por impuestos pagados en el exterior, se prohíbe su arrastre a periodos posteriores. Esto podría generar una doble imposición fáctica para empresas que, teniendo retenciones en el extranjero, registren pérdidas operativas locales. Lo estándar, según el experto, es permitir un arrastre de tres a cinco años.
Finalmente, el uso de adjetivos en lugar de parámetros claros, como recursos adecuados o instalaciones adecuadas , deja la ley al arbitrio del funcionario de turno, lo que vulnera el principio de legalidad tributaria y socava la seguridad jurídica. La ley debe establecer números y parámetros claros para evitar interpretaciones subjetivas.
El exdirector de la DGI enfatiza la necesidad de incluir un régimen transitorio de 12 a 18 meses para permitir que las estructuras constituidas de buena fe se adapten a los nuevos requisitos sin enfrentar la amenaza de un gravamen confiscatorio.
Panamá tiene la oportunidad de cerrar el capítulo de las listas grises con inteligencia, defendiendo su territorialidad a través de una modernización responsable. Los diputados tienen en sus manos la posibilidad de aprobar una ley que no solo cumpla con un estándar externo, sino que fortalezca el modelo económico panameño para las próximas décadas. Para ello, es fundamental priorizar el rigor técnico sobre la prisa, garantizando una legislación que sea justa, eficiente y competitiva. La aprobación de esta ley no es solo un requisito externo, sino una oportunidad para consolidar a Panamá como un centro financiero y de negocios de primer nivel, respetado y confiable a nivel internacional. El futuro económico del país podría depender de las decisiones que se tomen en las próximas semanas. La clave está en encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de las normas internacionales y la protección de los intereses nacionales, asegurando que la Ley de Sustancia Económica sea una herramienta de desarrollo y no un obstáculo para el crecimiento.
