El Ministerio de Hacienda ha recomendado una revisión profunda del gasto social para el erario de 2027, proponiendo la descontinuación de 142 programas sociales y recortes de al menos un 15% en otros 260. La medida, que implicaría un ajuste cercano a los $2,8 billones, ha generado controversia y debate, especialmente considerando las promesas de campaña del Presidente José Antonio Kast.
El oficio, firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y distribuido el 24 de abril a diversas carteras ministeriales, busca revisar y potencialmente disminuir los recursos asignados a una amplia gama de programas sociales. La propuesta incluye iniciativas consideradas emblemáticas, como la Pensión Garantizada Universal (PGU), el transporte público metropolitano, la Subvención de Gratuidad, el Crédito con Aval del Estado (CAE), el Subsidio Único Familiar (SUF) y el Bono Invierno.
Inicialmente, la sugerencia de descontinuar 142 iniciativas, incluyendo el Programa de Alimentación Escolar, provocó críticas generalizadas, incluso desde dentro del oficialismo. La Dirección de Presupuestos posteriormente aclaró que el término utilizado se refería más a una reformulación de los programas que a su eliminación total. Sin embargo, la incertidumbre sobre el alcance real de las medidas persiste.
Uno de los ajustes más significativos se propone para el Ministerio del Trabajo, donde se sugiere una reducción de más de $1,7 billones en beneficios administrados por el Instituto de Previsión Social (IPS). Estos beneficios alcanzan a más de tres millones de personas y comprenden la PGU, pensiones del sistema de reparto, subsidios familiares, aportes previsionales solidarios, bonos y asignaciones.
La propuesta del Ministerio de Hacienda contrasta directamente con las declaraciones realizadas por el Presidente Kast durante su campaña electoral, en la que aseguró que no se recortarían los beneficios sociales vigentes, incluyendo la PGU. Dirigentes oficialistas también habían descartado previamente ajustes a estas ayudas.
Ante la creciente controversia, el ministro Quiroz ha intentado calmar las preocupaciones, afirmando que no se afectará directamente a los beneficiarios. No hay recorte en ningún beneficio de ningún pensionado , declaró, precisando que las revisiones técnicas buscan identificar posibles inconsistencias en la asignación de recursos. Asimismo, enfatizó que aquellos que reciben la PGU conforme a la ley no verán disminuidos sus aportes.
Sin embargo, estas aclaraciones no han logrado disipar completamente las dudas sobre el impacto real de las medidas en la ciudadanía. La magnitud del ajuste propuesto, cercano a los $2,8 billones, y la inclusión de programas sociales clave en la lista de recortes o descontinuaciones, generan preocupación entre los beneficiarios y observadores políticos.
La propuesta del Ministerio de Hacienda se enmarca en un contexto de desafíos económicos y la necesidad de ajustar el gasto público. Sin embargo, la forma en que se han presentado las medidas y la aparente contradicción con las promesas de campaña del Presidente Kast han exacerbado la controversia.
El debate sobre el alcance real de las medidas y su impacto en la ciudadanía continúa abierto. La oposición ha criticado duramente la propuesta, acusando al gobierno de incumplir sus promesas electorales y de afectar a los sectores más vulnerables de la población. Sectores oficialistas, por su parte, han defendido la necesidad de una revisión del gasto público, argumentando que es fundamental para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La Dirección de Presupuestos ha insistido en que el proceso de revisión del gasto social está en curso y que se buscarán alternativas para minimizar el impacto en los beneficiarios. Sin embargo, la incertidumbre persiste y la ciudadanía espera con atención los próximos pasos del gobierno en este delicado asunto. La implementación de estos recortes, de confirmarse, podría tener consecuencias significativas para millones de personas y reconfigurar el panorama social del país. La discusión sobre la priorización del gasto público y la búsqueda de un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y la protección social se intensifica en el debate nacional.
