La venta de bonos soberanos en Bolivia está en el centro de una investigación por un daño económico de 142 millones de dólares. El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, anunció que representantes de siete entidades financieras, incluyendo bancos y aseguradoras, serán citados a declarar como testigos. La medida se toma tras la aprehensión del expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, en relación con el caso.
Entre las entidades que deberán rendir cuentas se encuentra Boliviana Ciacruz Seguros, señalada por la venta de un bono a un monto significativo . García explicó que el Ministerio Público determinará si es necesario ampliar la denuncia una vez que se recojan las declaraciones de los representantes de estas entidades.
La investigación apunta a irregularidades en la compra de bonos soberanos por parte del BCB a través del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA). Inicialmente, las compras se realizaron al valor real del mercado , pero posteriormente se habría generado una manipulación del precio.
Según las autoridades, existen correos electrónicos que evidencian instrucciones al personal contable para modificar el valor de los bonos, elevándolo a un precio nominal que duplicaba el valor real. Hay correos electrónicos que instruyen al personal contable a modificar el valor con un precio nominal, que no era el real, era un precio que prácticamente llegaba al doble del real. Ahí observamos el elemento del dolo, es decir, el conocimiento y la voluntad para que este hecho se consuma , detalló García.
El viceministro proporcionó un ejemplo concreto de esta manipulación: una entidad financiera ofrecía un bono soberano por un valor real de 12.3 millones de dólares, pero el BCB llegó a pagar 21.786 millones de dólares por el mismo bono. Esto representa un pago del 99% del valor nominal, cuando el bono en realidad cotizaba al 54% de su valor real.
Las operaciones irregulares se llevaron a cabo en junio de 2024. Hasta el momento, se han identificado seis implicados, de los cuales cuatro se encuentran bajo detención preventiva. Las autoridades no descartan que la investigación se extienda a otros funcionarios y exautoridades del Gobierno.
García enfatizó la existencia de dolo , es decir, la intención deliberada de cometer el fraude. La manipulación del valor de los bonos no fue un error, sino una acción consciente para generar un daño económico al Estado boliviano.
La investigación continúa en curso, y el Ministerio Público trabaja en la recopilación de pruebas adicionales para determinar el alcance total del fraude y la responsabilidad de todos los involucrados. Se espera que las declaraciones de los representantes de las entidades financieras citadas aporten información crucial para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
El caso ha generado gran conmoción en Bolivia y ha puesto en tela de juicio la transparencia y la gestión financiera del BCB durante el período en que se realizaron las operaciones irregulares. La ciudadanía exige una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los culpables.
La aprehensión de Edwin Rojas, el expresidente del BCB, marca un hito en la investigación, pero las autoridades advierten que este es solo el comienzo de un proceso que busca desentrañar una red de corrupción que habría afectado las arcas del Estado. La citación de los representantes de las entidades financieras es un paso importante en esta dirección, y se espera que sus declaraciones contribuyan a esclarecer los hechos y a identificar a todos los responsables.
El gobierno boliviano ha reafirmado su compromiso con la lucha contra la corrupción y ha asegurado que no se permitirá la impunidad en este caso. Se han dispuesto todos los recursos necesarios para llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente, y se espera que los resultados de esta investigación sirvan como un precedente para prevenir futuros actos de corrupción en el país.
La venta irregular de bonos soberanos ha generado un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión del sistema financiero boliviano. Se plantea la posibilidad de implementar nuevas medidas para evitar que este tipo de fraudes se repitan en el futuro.
La investigación continúa y se espera que en los próximos días se produzcan nuevos avances en el caso. La ciudadanía boliviana está atenta a los acontecimientos y exige justicia para recuperar los fondos públicos que fueron defraudados.
