Ciudad de México La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado que iniciará una investigación exhaustiva tras recibir la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve personas más, por parte del gobierno de Estados Unidos. La petición, emitida por un juez estadounidense, alega presuntos vínculos con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, líderes de una facción del Cártel de Sinaloa.
Ulises Lara López, titular de la fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, informó en videoconferencia que, si bien la institución cumplirá con todos los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente, la solicitud de detención no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados .
La FGR, según Lara López, analizará la documentación recibida para determinar la existencia de elementos probatorios necesarios y la viabilidad de la solicitud, conforme a la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables. Paralelamente, se iniciará una investigación interna para recabar información adicional y evaluar si la acusación estadounidense cuenta con el fundamento legal necesario para solicitar órdenes de aprehensión.
El vocero enfatizó que la legislación mexicana exige la presentación de datos de prueba que infieran la posibilidad de que una persona haya cometido un delito para solicitar una orden de aprehensión a la autoridad judicial. Sin embargo, el tratado bilateral en la materia establece que la extradición solo se concederá si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes mexicanas.
Lara López detalló que la solicitud estadounidense carece de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes sobre los hechos narrados. Además, señaló que las autoridades de Estados Unidos solicitaron que la información contenida en la solicitud de detención provisional o de extradición se mantenga confidencial, advirtiendo que la divulgación de dicha información podría ser perjudicial para los procedimientos penales en curso en Estados Unidos y contraria a sus normas procesales.
La FGR también recordó que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece la necesidad de manejar la información y documentación remitida en estos casos con carácter confidencial y reservado, a fin de proteger la información transmitida.
En el caso específico de gobernadores y senadores, la legislación mexicana requiere la realización de un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a los servidores públicos que ostentan dichos cargos. Por lo tanto, la Fiscalía General de la República considera fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, para evitar la violación del Estado de derecho y los derechos y garantías de las personas requeridas.
Lara López subrayó que la FGR actuará con pleno respeto a la soberanía nacional y a los derechos de las personas involucradas, asegurando que se cumplan todos los requisitos legales para garantizar un proceso justo y transparente. La investigación en curso permitirá a la FGR determinar si existen elementos suficientes para proceder con la solicitud de extradición o si es necesario solicitar información adicional a las autoridades estadounidenses.
La FGR se compromete a realizar una investigación rigurosa y objetiva, basada en las pruebas disponibles y en el marco legal vigente, para tomar una decisión informada y responsable en relación con la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa y las nueve personas más. El cumplimiento de los procedimientos legales y el respeto a los derechos humanos serán prioritarios en todo momento.
La institución reafirmó su compromiso con la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, pero también con la defensa de la soberanía nacional y el Estado de derecho. La investigación en curso permitirá a la FGR evaluar la validez de la solicitud de extradición y tomar las medidas necesarias para proteger los intereses de México y garantizar un proceso justo y transparente para todos los involucrados.
La FGR continuará informando a la opinión pública sobre los avances de la investigación, en la medida en que sea posible sin comprometer la confidencialidad del proceso y la integridad de las pruebas. Se espera que la investigación concluya en un plazo razonable, permitiendo a la FGR tomar una decisión informada y responsable en relación con la solicitud de extradición.
