La Asamblea Legislativa concluyó el periodo 2022-2026 sin tomar una decisión sobre la posible sanción al diputado Fabricio Alvarado, tras una denuncia por presunto abuso sexual. Por segunda ocasión en dos días, un bloque integrado por diputados chavistas, fabricistas y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) impidió que se votara sobre el caso en el plenario legislativo.
La sesión final del periodo legislativo estuvo marcada por la ausencia de todos los congresistas aliados al gobierno, incluyendo a dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), quienes con su falta aseguraron que no se llegara a una votación sobre la eventual sanción al evangélico Alvarado. Esta estrategia ya había sido utilizada el lunes, cuando el presidente legislativo, Rodrigo Arias, había programado una sesión específica para discutir y cerrar el proceso administrativo contra Alvarado.
Con la conclusión del periodo legislativo, el expediente quedará en el orden del día para los nuevos congresistas, pero perderá relevancia práctica, ya que Fabricio Alvarado habrá dejado su cargo de diputado. La falta de quórum, con solo 35 diputados presentes de un total de 57, evidenció la estrategia coordinada del bloque chavista para proteger a Alvarado.
Entre los diputados chavistas ausentes se encuentran Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Ag ero, Manuel Morales, Jorge Rojas, Ada Acuña, Paola Nájera y Alexánder Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); así como Leslye Bojorges y Gilberth Jiménez, independientes vinculados al gobierno.
La impunidad de Alvarado también fue asegurada por sus compañeros de fracción, Rosalía Brown, Olga Morera, José Pablo Sibaja, David Segura y Yonder Salas, así como Horacio Alvarado, María Marta Carballo, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles, del PUSC. A este bloque se sumaron Sonia Rojas y Carolina Delgado, del PLN, completando un total de 22 ausencias, incluyendo la del propio Fabricio Alvarado.
La investigación contra Alvarado se inició a raíz de una denuncia presentada por la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa. El caso fue estudiado por una comisión especial legislativa, que elaboró tres informes. Dos de estos documentos recomendaban imponer una sanción ética pública al diputado evangélico por conductas de hostigamiento sexual. Sin embargo, un tercer informe, firmado por la fabricista Olga Morera y el chavista Waldo Ag ero, proponía no sancionarlo y dejar el asunto en manos del expediente judicial abierto en la Fiscalía General de la República, basado en la denuncia de Azofeifa.
La decisión de bloquear la votación ha generado críticas y controversia, ya que se percibe como un intento de proteger a un diputado acusado de presuntos actos de abuso sexual. La falta de una resolución por parte de la Asamblea Legislativa deja un precedente preocupante en cuanto a la rendición de cuentas y la protección de las víctimas de acoso.
La estrategia del bloque chavista, combinada con las ausencias estratégicas de diputados del PLN y del PUSC, demuestra una clara voluntad política de evitar que Alvarado enfrente las consecuencias de las acusaciones en su contra. Esta situación plantea interrogantes sobre la independencia y la capacidad de la Asamblea Legislativa para investigar y sancionar a sus propios miembros.
La conclusión del caso sin una decisión firme deja a Marulin Azofeifa sin una respuesta clara por parte del Congreso, a pesar de haber presentado pruebas y testimonios que respaldaban su denuncia. La falta de acción por parte de la Asamblea Legislativa puede interpretarse como una falta de apoyo a las víctimas de acoso y una señal de impunidad para los agresores.
El cierre del expediente sin una votación también implica que la Asamblea Legislativa no se pronunció sobre la conducta de Alvarado, lo que podría afectar su imagen pública y su credibilidad como representante popular. A pesar de las recomendaciones de sanción ética contenidas en dos de los informes elaborados por la comisión especial, el bloque chavista logró impedir que se llevaran a cabo las votaciones necesarias para imponer una sanción.
La situación también pone en evidencia las tensiones y las divisiones dentro de la Asamblea Legislativa, así como la influencia del poder ejecutivo en las decisiones del Congreso. La coordinación entre los diputados chavistas y los aliados del gobierno demuestra que la voluntad política de proteger a Alvarado prevaleció sobre la necesidad de investigar y sancionar las conductas de acoso.
La falta de una resolución en el caso Alvarado deja un vacío legal y ético en la Asamblea Legislativa, y plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La transparencia y la independencia en las investigaciones son fundamentales para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
El desenlace de este caso ha generado un debate sobre la necesidad de revisar los procedimientos legislativos para evitar que los bloques políticos puedan bloquear investigaciones y sanciones importantes. La protección de los derechos de las víctimas y la lucha contra el acoso deben ser prioridades para la Asamblea Legislativa, y se deben tomar medidas para garantizar que los agresores rindan cuentas por sus actos.
