Comienza este martes una nueva etapa en la causa ANDIS, con la indagatoria de 35 imputados ante los tribunales federales de Comodoro Py. La investigación, que ya ha derivado en el procesamiento de varios sospechosos, se centra en una presunta asociación ilícita dedicada a cometer ilícitos en detrimento de la administración pública, marcando el primer caso de corrupción que sacude al gobierno de Javier Milei.
El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi iniciarán las indagatorias con Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien ya está procesado y cuya situación legal está siendo revisada por la Cámara Federal porteña. A Spagnuolo le seguirá Daniel María Garbellini, su segundo al frente del organismo.
La ampliación de las indagatorias de Spagnuolo, Garbellini, el lobista Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich empresarios con influencia en la ANDIS fue ordenada a pedido de los fiscales Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Además, se citó a declarar a una extensa lista de nuevos sospechosos: Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Osmar Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Maone, Javier Bernat, Fernando Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez, Diego Miras Acosta, Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.
La acusación principal se basa en la formación de una asociación ilícita que manipuló los procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos del Programa Federal Incluir Salud, simulando la competencia entre oferentes y direccionando las adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas. Esta maniobra habría generado beneficios económicos ilegales y el pago de coimas a funcionarios.
Las contrataciones fraudulentas se relacionan con la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia, destinados a cubrir necesidades específicas como amputaciones, audífonos, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas de ruedas, andadores y traumatología. Estos productos, caracterizados por su elevado costo o la necesidad de tratamientos prolongados, estaban destinados a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, especialmente personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
Según la investigación, la organización utilizó un sistema irregular de contratación que contravenía la normativa vigente, permitiendo el direccionamiento de las compras, la cartelización, la discrecionalidad en los pagos y la violación de principios legales como la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes.
Un elemento clave en la maniobra fue el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024. A través de este sistema, se manipularon las compulsas de precios de medicamentos e insumos, beneficiando a droguerías y firmas proveedoras vinculadas a los miembros de la organización, quienes habrían obtenido sumas millonarias.
Como ejemplo, en el rubro de medicamentos se implementó un sistema de compulsas de precios especial al que solo fueron invitadas un grupo reducido de firmas: Profarma SA, Génesis SA, Floresta SA y New Farma SA. Dos de estas empresas habrían actuado como competidores simulados, distribuyéndose de antemano las asignaciones y simulando una competencia inexistente. Esto resultó en la obtención de 21 licitaciones acotadas por un total de $30.337.220.919,77, principalmente adjudicadas a Profarma S.A. y Génesis S.A., que recibieron el 93,11% de estos procesos entre julio de 2024 y agosto de 2025.
En el rubro de implantes cocleares, audífonos e insumos relacionados, New Farma S.A. y Floresta S.A. obtuvieron el 51,67% de los $13.328.004.541 adjudicados en 2025 (hasta agosto) y el 50,36% de los $5.117.817.946 adjudicados entre septiembre y diciembre de 2024, sumando un total de $9.514.743.020.
La acusación también detalla el pago de coimas a funcionarios de la ANDIS a cambio de permitir las contrataciones en favor de intereses particulares y garantizar la agilidad y prioridad en los cobros.
Diego Spagnuolo, como máxima autoridad de la ANDIS y exabogado del presidente Milei, habría ocupado una posición jerárquica esencial para el funcionamiento del esquema, generando las condiciones estructurales para el direccionamiento de las contrataciones a cambio de retornos. Daniel María Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud y administrador del Programa Incluir Salud, habría desempeñado un rol clave en la instrumentación del esquema, interviniendo en la selección de proveedores y la coordinación de las compulsas. Miguel Ángel Calvete, el lobista que hacía de puente entre la ANDIS y el sector privado, habría articulado las adjudicaciones y se beneficiado de los retornos, impartiendo órdenes directas y gestionando pagos. Calvete deberá presentarse a ampliar su indagatoria el miércoles por la mañana.
Para asegurar la eventual recuperación de activos y evitar el desprendimiento de bienes que podrían ser objeto de decomiso, el juez Ariel Lijo ordenó la inhibición general de bienes sobre todas las personas y empresas involucradas en la causa. La investigación continúa en curso y se espera que revele nuevos detalles sobre el entramado de corrupción en la ANDIS.
