La madrugada del sábado 25 de abril, un operativo militar en el distrito de Colcabamba, Huancavelica, resultó en la muerte de cinco civiles y dejó dos heridos de gravedad. Inicialmente reportado como un enfrentamiento con redes de narcoterrorismo, el caso ha tomado un giro significativo con la apertura de una investigación fiscal por presunto homicidio calificado contra ocho militares. Las primeras pericias sugieren que no hubo intercambio de disparos, sino un ataque unidireccional contra una camioneta que no transportaba armas ni drogas, generando interrogantes sobre la justificación del uso de la fuerza letal.
Según información obtenida por RPP, la zona de Tayacaja fue escenario de un ataque que, a diferencia de lo comunicado inicialmente, parece no haber involucrado resistencia por parte de los ocupantes del vehículo. Este hallazgo ha impulsado una revisión exhaustiva de las circunstancias que llevaron a la intervención militar, poniendo en tela de juicio la información de inteligencia que motivó el operativo.
Expertos consultados por RPP en los programas Las cosas como son y Prueba de fuego han señalado posibles fallas en la inteligencia, la ausencia de personal policial especializado y el contexto socioeconómico que impulsa a jóvenes de la región a convertirse en mochileros , transportando sustancias ilícitas a través de las 21 rutas identificadas en el Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
La provincia de Tayacaja es un punto crítico en el flujo de cocaína hacia la costa peruana, donde el transporte a pie o en camionetas es una práctica común. Pedro Yaranga, especialista en narcotráfico, explicó en Prueba de Fuego que jóvenes de la región son reclutados como mochileros , transportando entre 10 y 15 kilos de droga en trayectos que pueden durar varios días.
El testimonio de un sobreviviente, Ricardo Acuña Quispe, ante la fiscalía al que tuvo acceso RPP revela que recibió 1300 soles por transportar sustancias ilícitas, una realidad impulsada por la falta de oportunidades económicas en la cuenca del Ene. Yaranga señala que esta dinámica delictiva implica el pago de cupos a remanentes terroristas que controlan los pasos fronterizos en la selva y la sierra.
Estos transportistas deben abonar un derecho de paso a grupos armados que vigilan los cargamentos durante su desplazamiento hacia centros de acopio como Huancayo, según detalló Yaranga. La situación expone la compleja relación entre el narcotráfico, la pobreza y la presencia de grupos ilegales en la región.
El general en situación de retiro José Baella advirtió que depender exclusivamente de fuentes humanas en zonas de emergencia puede conducir a errores operativos graves si la información no se confirma técnicamente. En el caso de Colcabamba, la presunta falla en la verificación de la información que justificó el uso de la fuerza letal es un punto central de la investigación.
Baella también señaló la inusual ausencia de agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) en la patrulla militar, lo que habría impedido una intervención bajo los marcos legales de proporcionalidad y necesidad. Tanto Yaranga como Baella coinciden en que la Policía Nacional tiene la competencia legal directa sobre el delito de tráfico ilícito de drogas, y su participación en el operativo habría sido lo esperable.
Las Fuerzas Armadas suelen ser cautelosas en estos escenarios, pero en Colcabamba se habrían disparado más de 50 veces contra un vehículo ocupado por personas presuntamente desarmadas, según observó Yaranga.
El abogado Carlos Rivera analizó en Las cosas como son la gravedad de que el Ministerio Público haya tipificado preliminarmente el hecho como un asesinato. Rivera destacó que los comunicados oficiales del Comando Conjunto modificaron su versión en apenas dos días, eliminando la mención a remanentes terroristas para centrarse en una operación antidrogas, tras la presión de los familiares de las víctimas.
El debate se centra ahora en si existió proporcionalidad en el uso de armas de guerra contra civiles que, según los peritajes iniciales, no habrían respondido al fuego. El Ministerio Público también tendrá que evaluar si es que hubo una razón de proporcionalidad, como mencionan los dos comunicados oficiales del comando conjunto, para hacer un uso de armas de fuego, de largo alcance o armas de guerra y terminar eliminando a cinco personas , dijo Rivera.
Por su parte, el general Chávez Cresta instó a que la fiscalía transparente las investigaciones con celeridad para determinar si hubo un delito o si la patrulla actuó bajo una amenaza real percibida. Para el exministro, es fundamental que el Ministerio Público verifique el momento exacto en que se decidió el empleo de las armas y si existía un plan de operaciones con conocimiento previo de la fiscalía especializada. La transparencia y la rapidez en la investigación son cruciales para esclarecer los hechos y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias. El caso Colcabamba plantea serias interrogantes sobre los protocolos de actuación de las fuerzas del orden en zonas de conflicto y la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para evitar tragedias similares en el futuro.
