Han pasado casi tres meses desde la intervención de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) debido a una investigación por corrupción interna, sin embargo, nuevas irregularidades han salido a la luz. Este 27 de abril de 2026, la ANT informó sobre la falsificación de salvoconductos, documentos que autorizan la circulación del transporte público. La entidad ha presentado dos denuncias ante la Fiscalía de Pichincha por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso, relacionado con la emisión irregular de estos salvoconductos.
La detección de estas irregularidades se produjo tras una revisión técnica exhaustiva de los documentos emitidos. Durante este proceso, se identificaron inconsistencias significativas en varios salvoconductos, incluyendo firmas que no corresponden a las autoridades competentes y errores en su codificación. Estas anomalías han motivado a la ANT a tomar medidas inmediatas y a iniciar una investigación profunda para determinar el alcance de la falsificación y los responsables.
Los salvoconductos son autorizaciones excepcionales emitidas por la ANT que permiten el desplazamiento de unidades de transporte, tanto a nivel intraprovincial como interprovincial, en situaciones específicas y debidamente justificadas, de acuerdo con la normativa vigente. Estos documentos son cruciales para garantizar la legalidad y seguridad del transporte público, y su falsificación representa una grave amenaza para el orden público y la confianza en las instituciones.
La ANT ha enfatizado la importancia de la integridad en la emisión de estos documentos y ha exhortado a la ciudadanía y a los actores del sector a abstenerse de participar en prácticas ilícitas. Asimismo, ha instado a denunciar cualquier hecho que atente contra la normativa vigente y la fe pública. La colaboración ciudadana es fundamental para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la gestión del transporte público.
Este nuevo caso de corrupción se produce en un momento delicado para la ANT, que aún se encuentra en proceso de recuperación tras la intervención realizada el 30 de enero de 2026. En esa fecha, se llevaron a cabo allanamientos en las instalaciones de la agencia y se detuvo a varios funcionarios, incluido el director nacional de la institución, en el marco de una investigación denominada Jaque . La entidad permaneció cerrada durante 30 días para investigar las estructuras de corrupción internas y las fallas graves en el sistema tecnológico.
La intervención de la ANT y la investigación Jaque tenían como objetivo desmantelar una red de corrupción que operaba dentro de la agencia, involucrando a funcionarios públicos y posiblemente a terceros. Se sospechaba que esta red se dedicaba a la emisión irregular de permisos, licencias y otros documentos, así como a la manipulación de procesos de contratación y la malversación de fondos públicos.
La reapertura de la ANT después de los 30 días de cierre estuvo acompañada de una serie de medidas para fortalecer los controles internos, mejorar la transparencia y garantizar la integridad de los procesos. Sin embargo, la detección de la falsificación de salvoconductos demuestra que la corrupción persiste y que aún queda mucho por hacer para erradicarla por completo.
La Fiscalía de Pichincha ha recibido las denuncias presentadas por la ANT y ha iniciado una investigación para determinar la identidad de los responsables de la falsificación de los salvoconductos. Se espera que la investigación revele el alcance de la red de corrupción y permita llevar a los culpables ante la justicia.
La ANT ha reiterado su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, y ha anunciado que tomará todas las medidas necesarias para fortalecer los controles internos y garantizar la legalidad en la emisión de salvoconductos y otros documentos. La entidad ha puesto a disposición de la Fiscalía toda la información y documentación relevante para facilitar la investigación.
Este nuevo caso de corrupción en la ANT plantea serias interrogantes sobre la efectividad de las medidas implementadas tras la intervención de enero pasado. Si bien se han realizado esfuerzos para fortalecer los controles internos y mejorar la transparencia, la persistencia de las irregularidades sugiere que la corrupción está profundamente arraigada en la institución y que se requiere una estrategia más integral y efectiva para combatirla.
La ciudadanía espera que las autoridades competentes actúen con firmeza y determinación para investigar este nuevo caso de corrupción y llevar a los responsables ante la justicia. La confianza en las instituciones públicas es fundamental para el buen funcionamiento de la sociedad, y la corrupción socava esa confianza y debilita el Estado de Derecho. La ANT debe demostrar su compromiso con la transparencia y la legalidad, y tomar todas las medidas necesarias para erradicar la corrupción y garantizar la seguridad y eficiencia del transporte público.
