La Corte Suprema de Estados Unidos ha aceptado revisar un caso que determinará si el Departamento de Trabajo tiene la autoridad para hacer cumplir las condiciones laborales básicas para los trabajadores agrícolas extranjeros que ingresan al país a través del programa de visas H-2A. La decisión se produce en un contexto de intentos de la administración Trump por ampliar este programa, al tiempo que reduce las protecciones y salarios de los trabajadores.
El caso se centra en una disputa entre Sun Valley Orchards, una granja de Nueva Jersey que contrató a 96 trabajadores extranjeros en 2015 para la cosecha de pimientos y espárragos, y el Departamento de Trabajo. El departamento alega que la granja incumplió con las condiciones laborales mínimas, incluyendo el acceso constante a agua potable, baños limpios y una cocina adecuada para preparar alimentos.
El programa H-2A permite a los agricultores contratar a trabajadores extranjeros temporales cuando no pueden encontrar mano de obra local disponible. Este programa ha crecido en importancia en los últimos años, con cientos de miles de trabajadores extranjeros ingresando al país anualmente para trabajar en la agricultura. La administración Trump ha tomado medidas para reducir los salarios asociados con el programa, buscando aliviar la escasez de mano de obra que enfrentan los agricultores, un problema exacerbado por las políticas de inmigración más restrictivas.
Tras una inspección en Sun Valley Orchards, el Departamento de Trabajo impuso multas civiles por más de 212.000 dólares y ordenó el pago de casi 370.000 dólares en salarios atrasados. Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones falló a favor de la granja, determinando que tenía derecho a que su caso fuera resuelto primero por un tribunal federal, en lugar de por un juez de derecho administrativo del Departamento de Trabajo.
El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, con sede en Filadelfia, basó su decisión en un fallo reciente de la Corte Suprema de 2024 que otorgó a un gestor de fondos de cobertura el derecho a un juicio por jurado en un caso de fraude de valores, en lugar de una revisión interna por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Los abogados de Sun Valley argumentaron ante la Corte Suprema que la granja había sido sometida a años de procedimientos inconstitucionales ante los tribunales de la agencia .
La disputa legal plantea preguntas importantes sobre la autoridad de las agencias federales para imponer multas y hacer cumplir las regulaciones, y sobre el proceso adecuado para revisar esas determinaciones. La Corte Suprema escuchó recientemente argumentos orales en un caso similar que involucra a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), lo que indica un creciente escrutinio sobre el poder de las agencias administrativas.
La administración Trump argumenta que la acción del Departamento de Trabajo excede la autoridad otorgada por la ley y contradice precedentes judiciales anteriores. El Departamento de Justicia sostiene que los trabajadores en Sun Valley Orchards trabajaban turnos de 12 horas con solo una hora de descanso, y que vivían en dormitorios hacinados con 20 literas por habitación. Además, alegan que la granja no proporcionó a los trabajadores acceso a una cocina como se había prometido en la oferta de empleo, sino que un supervisor utilizaba el espacio para vender cerveza y refrescos.
Después de perder la mayor parte de su apelación ante el Departamento de Trabajo, Sun Valley presentó una demanda ante un tribunal federal, alegando que la resolución administrativa violaba los principios de separación de poderes. El tribunal de distrito falló a favor del gobierno, pero el Tercer Circuito revocó esa decisión, lo que llevó a la administración Trump a apelar ante la Corte Suprema en febrero.
El Departamento de Justicia enfatizó ante la Corte Suprema que los trabajadores con visa H-2A representan aproximadamente una sexta parte de la fuerza laboral agrícola de Estados Unidos. Argumentaron que la decisión del tribunal de apelaciones priva al gobierno de una herramienta crucial para garantizar que los empleadores cumplan con las condiciones establecidas para la contratación de estos trabajadores.
La Corte Suprema probablemente escuchará los argumentos orales en el caso más adelante este año y se espera que emita una decisión a mediados de 2027. El resultado del caso podría tener implicaciones significativas para los derechos laborales de los trabajadores agrícolas extranjeros y para la autoridad de las agencias federales para hacer cumplir las regulaciones en una variedad de áreas. La decisión también podría influir en el futuro del programa H-2A y en la disponibilidad de mano de obra agrícola en los Estados Unidos. El caso subraya las tensiones continuas entre la necesidad de mano de obra agrícola y la protección de los derechos de los trabajadores inmigrantes.
