Al menos 20 civiles murieron y varios resultaron heridos en un atentado con explosivos en el departamento de Cauca, Colombia, el sábado, convirtiéndose en el ataque más mortífero desde la firma del acuerdo de paz con las FARC hace casi una década. El incidente, ocurrido en un tramo de la carretera Panamericana conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío, ha generado conmoción y debate a poco más de un mes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
Según el Instituto de Medicina Legal, entre las víctimas se encuentran 15 mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad. Las labores de identificación de los cinco cuerpos restantes continúan. El ataque consistió en la detonación de un cilindro lleno de explosivos lanzado sobre un autobús, lo que provocó la destrucción de otros 15 vehículos y un tramo considerable de la vía. La escena del atentado fue descrita como devastadora, con un enorme cráter y restos de vehículos esparcidos por la zona.
El departamento de Cauca, ubicado estratégicamente entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, es un punto clave en la ruta del narcotráfico, donde grupos armados luchan por el control del traslado de cocaína desde las montañas hacia la costa. En los días previos al atentado, se registraron otros ataques explosivos de menor magnitud en el sureste de Colombia, atribuidos por el Ejército al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el criminal más buscado del país. La columna Jaime Martínez del EMC ha sido señalada como la responsable del ataque en Cajibío, aunque hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría.
El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, informó que el tramo de la Panamericana donde ocurrió el atentado estaba bloqueado por miembros de la columna Jaime Martínez, quienes se enfrentaban a una unidad del Ejército a unos dos kilómetros del lugar. El presidente Gustavo Petro condenó enérgicamente el ataque, calificando a los responsables como terroristas, fascistas y narcotraficantes , y aseguró que su líder, alias Marlon (Iván Jacob Idrobo Arrendondo), está plenamente identificado por la inteligencia policial y militar.
Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Defensa anunció el refuerzo de las operaciones en el Cauca y la implementación de medidas para proteger a la población civil. Se ha anunciado el despliegue de más de 13 pelotones de caballería blindados, 12 de infantería y capacidades policiales adicionales. Desplegaremos todas nuestras capacidades para capturar a los responsables de los ataques terroristas, proteger a la población civil y anticipar nuevos hechos de violencia , afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
El gobierno de Petro también ha aumentado las recompensas ofrecidas por información que conduzca a la captura de los cabecillas de las disidencias. Se ofrece hasta 5.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente US$ 1,4 millones) por información que lleve a la captura de alias Marlon, 500 millones de pesos (aproximadamente US$ 140.000) por alias Max Max y 200 millones de pesos (aproximadamente US$ 56.000) por alias Yogui , presuntos integrantes del mismo grupo armado. Además, se ha establecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos (aproximadamente US$ 56.000) para ciudadanos que proporcionen información que permita prevenir nuevos atentados.
La masacre ha generado una ola de condena por parte de todos los sectores políticos, pero también ha desatado un debate sobre las políticas de paz del gobierno de Petro. El candidato oficialista, Iván Cepeda, expresó su preocupación por la posibilidad de que estos hechos busquen generar un clima de miedo que favorezca a sectores de extrema derecha en el contexto electoral, señalando que las acciones terroristas se producen en una región con un amplio respaldo ciudadano al proyecto político del Pacto Histórico.
Por su parte, la candidata opositora Paloma Valencia, del Centro Democrático, criticó la política de paz total del presidente Petro, que ha incluido diálogos frustrados con el ELN y negociaciones con las disidencias, afirmando que llegó el momento de asumir, con todas las letras, que la paz total fracasó . El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Firmes por la Patria, propuso una guerra frontal, sin tregua ni negociación contra los grupos armados ilegales, acusando al gobierno de Petro de ser responsable de la violencia y de estar involucrado en un plan de desestabilización. Petro, por su parte, ha rechazado las acusaciones de De la Espriella y ha reiterado su compromiso con la persecución de los grupos narcoterroristas.
El ataque en Cauca representa un duro golpe para el proceso de paz en Colombia y plantea serias interrogantes sobre la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad de los civiles en las zonas afectadas por la violencia. La proximidad de las elecciones presidenciales añade una capa adicional de complejidad a la situación, ya que existe el temor de que la violencia pueda ser utilizada para influir en el resultado del proceso electoral. La comunidad internacional ha expresado su solidaridad con Colombia y ha ofrecido su apoyo para superar esta difícil situación.
