El tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga a la familia Pujol por su presunto enriquecimiento ilícito ha citado al 'expresident' de la Generalitat, Jordi Pujol, a comparecer presencialmente este lunes en la sede de San Fernando de Henares (Madrid). La citación tiene como objetivo que el exdirigente catalán se someta a un nuevo reconocimiento médico antes de que los magistrados decidan si está en condiciones de declarar en el juicio.
Según una providencia a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados han requerido a Pujol, de 95 años, a acudir "personalmente" a las 9.30 horas a la sede judicial "a efectos de ser reconocido por el médico forense", instándole a aportar cualquier documento que considere relevante para su valoración médica.
Paralelamente, el tribunal ha programado el inicio de las declaraciones del resto de los acusados, incluyendo a sus siete hijos Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia , a partir de las 10.00 horas. Se ha acordado que el médico forense permanezca presente "durante todo el tiempo que dure la declaración" del expresidente catalán. Además, se ha solicitado la presencia de una intérprete de catalán para los días 27, 28 y 29 de abril, fechas en las que declararán los acusados.
Esta nueva citación se produce después de que, el pasado 24 de noviembre de 2025, al inicio de la vista oral, el tribunal decidiera permitir que Pujol siguiera las sesiones desde su domicilio en Barcelona. Esta decisión se tomó tras una solicitud de la defensa, que reclamaba el archivo de la causa por motivos de salud. Durante aquella primera jornada, los médicos que realizaron un informe forense sobre el estado de salud de Pujol ratificaron que "no está en condiciones" de continuar con el proceso judicial.
El informe pericial diagnosticó al exmandatario un "trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)".
La salud de Pujol ha sido un punto central en el desarrollo del juicio. El médico personal del expresidente, el doctor Jaume Padrós, enfatizó esta semana que Pujol "no está en condiciones" para asistir al juicio, destacando que padece enfermedades degenerativas y progresivas. Según Padrós, el estado de salud del expresidente es "estable pero discretamente peor" que hace unos meses.
Padrós calificó de "muy cruel" la exigencia de que Pujol se desplace a la sede judicial, argumentando que, bajo su punto de vista, el tribunal no confía en los informes forenses previos. "No está en condiciones de poderse defender y de establecer no solo un relato, porque tiene afectada la memoria, sino de contradicción, de argumentación dialéctica", expresó Padrós en declaraciones a 'Ser Catalunya'.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el expresidente una pena de 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros, mientras que para sus hijos pide penas de entre 8 y 29 años de prisión.
El tribunal juzgará a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes. Anticorrupción acusa a Pujol, sus siete hijos y a más de 15 presuntos colaboradores de haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas a través de actividades corruptas, aprovechando su posición política.
En 2014, el expresidente de la Generalitat admitió tener fondos en el extranjero, atribuyéndolos a una herencia de su padre, Florenci Pujol. En un comunicado, explicó que su progenitor había decidido dejarle ese dinero fuera de España debido al temor generado por los años 30 y 40, y por la preocupación de lo que podría ocurrirle a un político comprometido.
La comparecencia de Pujol este lunes se presenta como un momento crucial en el juicio, ya que el resultado del reconocimiento médico determinará si podrá declarar o si el proceso continuará sin su testimonio directo. La decisión del tribunal tendrá un impacto significativo en el desarrollo del caso y en las posibles consecuencias legales para el 'expresident' y su familia. El juicio, que se prevé se extienda hasta mediados de año, busca esclarecer las acusaciones de corrupción y determinar la responsabilidad de los acusados en el presunto enriquecimiento ilícito. La atención mediática y el interés público en este caso siguen siendo altos, dada la relevancia política y social de los implicados.
