Una polémica ha estallado en Chile tras la revelación de un oficio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que instruye recortes de gasto fiscal y la posible descontinuación o ajuste de más de 140 programas sociales. La medida, justificada por una estrechez fiscal , ha generado fuertes críticas de la oposición, quienes acusan al gobierno de priorizar la reducción de impuestos a los más ricos por sobre el bienestar social.
El documento, que ha circulado ampliamente en los medios y redes sociales, detalla que los recortes se concentrarían en programas con evaluaciones negativas y abarcarían áreas sensibles como salud, educación y vivienda. Sin embargo, el ministro Quiroz ha defendido el oficio, argumentando que se trata de orientaciones técnicas habituales en el diseño presupuestario, destinadas a mejorar la ejecución de los programas y no a afectar políticas públicas vigentes.
La oposición no ha aceptado esta explicación. El parlamentario Daniel Manouchehri ha sido uno de los más vocales en sus críticas, denunciando que el gobierno pretende quitarle el almuerzo a 1.900.000 niños pobres para financiar la rebaja de impuestos al 1% más rico . Manouchehri especificó que el recorte proyectado al Programa de Alimentación Escolar (PAE) ascendería a 1 billón de pesos, calificando la medida como una manera miserable de gobernar y denunciando una ley del hambre .
Por su parte, el diputado oficialista Marco Antonio Sulantay ha intentado minimizar la controversia, asegurando que no habrá recortes en áreas sensibles. Sulantay atribuyó la situación a un impase comunicacional y destacó las aclaraciones realizadas por el ministro Quiroz y su equipo.
La diputada del PDG, Eileen Urqueta, ha expresado su preocupación, pero ha manifestado su disposición a dialogar, siempre y cuando se garantice la continuidad de programas fundamentales como la alimentación escolar y las becas, especialmente en regiones vulnerables como las zonas rurales del Limarí, Elqui y Choapa. Urqueta enfatizó que la responsabilidad fiscal debe priorizar a las personas.
La documentación a la que han tenido acceso los medios revela una lista detallada de los programas sociales bajo revisión. En el ámbito de la educación y la alimentación, el PAE figura como uno de los programas con mayor riesgo de ser descontinuado o reducido. Otros programas en la mira son el PACE, el Plan Nacional de Lectura, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, la Beca Vocación de Profesor y los posgrados.
En el sector de la salud y el apoyo social, se evalúa la descontinuación de programas de salud mental, identidad de género y atención a niños y niñas en riesgo. El programa de Hospitalización Domiciliaria está bajo revisión, y se contempla la eliminación de la Atención en Salud a Personas Migrantes y los Programas de Cuidados Paliativos Universales en APS.
En cuanto a la vivienda y los programas comunitarios, se proyectan recortes al presupuesto destinado a la atención en calle y se somete a revisión la asistencia a comedores en el contexto del ajuste fiscal.
El ajuste generalizado contemplaría una reducción promedio del 15% en los recursos asignados a 157 programas sociales con debilidades en su diseño o desempeño. Las autoridades han insistido en que el enfoque principal es eliminar recursos mal utilizados o programas con malas evaluaciones, en lugar de aplicar recortes horizontales.
Se ha mencionado un recorte del 3% en el sector de la salud, lo que representaría más de 517 mil millones de pesos, así como ajustes importantes en los presupuestos de Vivienda y Educación.
La polémica ha generado un intenso debate público sobre las prioridades del gobierno y el impacto de las medidas de ajuste en los sectores más vulnerables de la población. La oposición ha anunciado que presentará iniciativas legislativas para proteger los programas sociales y denunciar cualquier intento de recortar recursos destinados a la alimentación, la salud y la educación. El gobierno, por su parte, ha reiterado su compromiso con la responsabilidad fiscal y la eficiencia en el gasto público, asegurando que las medidas adoptadas buscan mejorar la calidad de los programas sociales y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. La discusión sobre el futuro de los programas sociales en Chile se perfila como uno de los principales desafíos políticos y sociales del próximo período.
