La defensa del expresidente Ricardo Martinelli ha alzado la voz, argumentando que la sentencia en su contra en el caso New Business carece de base legal sólida. El equipo legal sostiene que el proceso judicial quedó invalidado debido a la aplicación del principio de especialidad, tras la extradición de Martinelli desde Estados Unidos.
El abogado Roniel Ortiz, portavoz de la defensa, explicó detalladamente que, según los términos del acuerdo de extradición, el exmandatario solo podía ser juzgado por los delitos específicos que justificaron su traslado desde territorio estadounidense. Por consiguiente, todas las demás investigaciones en curso debieron haber sido formalmente cerradas. Sin embargo, Ortiz denuncia que esto no ocurrió, lo que, a su juicio, constituye una flagrante violación de los tratados internacionales suscritos por Panamá.
Todos los procesos debieron ser clausurados. El caso New Business, en particular, debía quedar automáticamente invalidado en virtud del tratado de extradición, al igual que el caso Odebrecht , enfatizó Ortiz durante una conferencia de prensa.
Esta línea argumental se refuerza con la opinión del jurista Alejandro Pérez, quien también forma parte del equipo de defensa de Martinelli. Pérez señaló que el proceso judicial presenta un claro trasfondo político, caracterizado por la insistencia en una supuesta culpabilidad del exmandatario sin la presentación de pruebas contundentes que la respalden. Además, criticó la falta de un adecuado contrainterrogatorio a los testigos presentados por la acusación.
Pérez argumenta que la situación en el caso Odebrecht es análoga. A pesar de que las investigaciones se centran en el período comprendido entre 2010 y 2014, a Martinelli se le imputan donaciones de campaña realizadas en fechas anteriores. Esta discrepancia temporal, según la defensa, debilita aún más la acusación.
Según la defensa y lo corroborado por el Tribunal Electoral, los fondos en cuestión fueron destinados a financiar campañas de medios de comunicación y no a enriquecimiento personal del exmandatario.
Se trataba de donaciones legítimas para la campaña de 2009, y no de un esquema diseñado para beneficio personal alguno , precisó Ortiz, subrayando la transparencia en el uso de los recursos.
El abogado cuestionó enérgicamente el hecho de que estas donaciones de campaña sean utilizadas como evidencia para sustentar una condena, en lugar de ser consideradas como un elemento que respalde la inocencia del exgobernante. Considera que esta práctica revierte la carga de la prueba, obligando al acusado a demostrar su inocencia en lugar de exigir a la acusación probar su culpabilidad.
La defensa de Martinelli ha expresado su confianza en que la jueza Baloisa Marquínez emitirá un fallo justo y equitativo, declarando la inocencia del exmandatario. No obstante, advirtió que, de no ser así, se trataría de una condena con motivaciones políticas, cuyo objetivo principal sería inhabilitar a Martinelli para participar en futuras contiendas electorales.
Esperamos que la jueza Marquínez actúe con independencia y apego a la ley, emitiendo un fallo que respete los derechos fundamentales del exmandatario , declaró Pérez.
Finalmente, la defensa anunció que agotará todas las instancias legales disponibles, tanto a nivel nacional como internacional, para demostrar la inocencia de Martinelli y exigir el respeto a sus derechos fundamentales. Se prevé que se presenten recursos de apelación ante instancias superiores y, en última instancia, se recurrirá a organismos internacionales de derechos humanos si fuera necesario.
La defensa se mantiene firme en su convicción de que el proceso judicial contra Martinelli está viciado de nulidades y que la sentencia, de confirmarse, sería una injusticia flagrante. La expectativa ahora se centra en la decisión de la jueza Marquínez, que podría tener implicaciones significativas para el futuro político de Panamá. El caso continúa generando debate y polarización en la opinión pública, con seguidores y detractores del exmandatario expresando sus puntos de vista a través de diversos medios. La defensa insiste en que se trata de una persecución política y que Martinelli es víctima de un juicio injusto.
