La última encuesta Agenda Criteria, fechada el 26 de abril de 2026, dibuja un panorama desafiante para el Gobierno del presidente José Antonio Kast. La desaprobación presidencial se mantiene en un 49%, superando la aprobación que alcanza un 38%, consolidando una brecha persistente en la percepción ciudadana. El sondeo, realizado a nivel nacional a 825 personas entre el 22 y 23 de abril mediante panel online, revela un aumento marginal de un punto en la aprobación, insuficiente para revertir la tendencia negativa. Además, un 43% considera incorrecto el manejo de la situación de emergencia por parte del gobierno, frente a un 37% que lo evalúa positivamente.
El foco principal de la preocupación ciudadana se centra en el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, una iniciativa ampliamente conocida un 79% de los encuestados afirma haber oído o leído sobre ella pero que no logra generar un respaldo sólido. Solo un 37% se declara a favor del proyecto, mientras que un 39% aún no tiene una postura definida y un 24% se manifiesta abiertamente en contra.
Los datos más críticos de la encuesta revelan una profunda desconfianza en la distribución de los beneficios derivados de la ley de reconstrucción. Un contundente 69% de los encuestados cree que el proyecto favorecerá principalmente a las personas de mayores ingresos, en contraste con un escaso 30% que considera que beneficiará a los sectores de menores ingresos. Esta percepción de inequidad instala serias dudas sobre el componente redistributivo del proyecto, uno de los pilares discursivos del gobierno.
La evaluación es aún más severa en lo que respecta al impacto en el tejido empresarial del país. Un 78% estima que la ley beneficiará principalmente a las grandes empresas, mientras que apenas un 28% cree que favorecerá a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). En consecuencia, un 51% de los encuestados sostiene que la ley está fundamentalmente orientada a favorecer a grandes compañías y personas de altos ingresos. Esta percepción refuerza la idea de que el proyecto de reconstrucción no está diseñado para impulsar una recuperación económica inclusiva y equitativa.
Las expectativas sobre los efectos del proyecto en el mercado laboral y los ingresos de los ciudadanos también son bajas. Solo un 38% confía en que la ley contribuirá a mejorar los sueldos, y un 39% espera que genere un aumento en el empleo. Este escepticismo es particularmente relevante considerando que la generación de empleo ha sido uno de los principales argumentos del Ejecutivo para justificar la implementación del proyecto. La falta de credibilidad en los efectos estructurales de la ley podría socavar el apoyo popular y dificultar su implementación efectiva.
La encuesta también aborda un tema de política exterior: la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Un 48% considera que la candidatura de Bachelet sería positiva para el país, lo que representa un aumento de 3 puntos en comparación con la medición de octubre de 2025. Sin embargo, un 32% la evalúa negativamente, mostrando una división en la opinión pública. En cuanto a la decisión del gobierno de Chile de retirar su apoyo a la candidatura de Bachelet, un 37% está de acuerdo con esta medida, lo que supone una caída de 9 puntos respecto a marzo de 2026. Por otro lado, un 42% manifiesta su desacuerdo o total desacuerdo con la decisión del gobierno, evidenciando un creciente rechazo a la postura oficial.
En resumen, la encuesta Agenda Criteria de abril de 2026 presenta un escenario complejo para el Gobierno de José Antonio Kast. La alta desaprobación presidencial, las percepciones de inequidad en sus políticas clave y la falta de confianza en el proyecto de reconstrucción, a pesar de su amplia difusión, configuran un panorama desafiante. La percepción de que el proyecto beneficia principalmente a las grandes empresas y a los sectores de mayores ingresos, junto con el escepticismo sobre su impacto en el empleo y los sueldos, podrían dificultar la implementación efectiva de la iniciativa y erosionar aún más el apoyo popular al gobierno. La situación se complica con la controversia en torno al retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, generando divisiones en la opinión pública. El gobierno enfrenta el reto de revertir estas tendencias negativas y recuperar la confianza de la ciudadanía para poder avanzar con su agenda de reconstrucción y desarrollo.
