El ambicioso proyecto de reconstrucción presentado por el Presidente José Antonio Kast enfrenta escrutinio por su impacto fiscal a mediano y largo plazo. Si bien la iniciativa busca impulsar el crecimiento económico a través de una serie de medidas, como la baja del impuesto a las empresas, la eliminación de contribuciones para adultos mayores y la exención del IVA a las viviendas, expertos fiscales advierten sobre un posible deterioro de las finanzas públicas en el corto plazo.
El informe financiero del proyecto revela que el mayor costo fiscal se sentiría en 2030, alcanzando los US$3.200 millones. Se proyecta que el efecto positivo en el crecimiento económico podría compensar las pérdidas de ingresos recién a partir de 2031, según cálculos de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Sin embargo, la preocupación central reside en los primeros cuatro años del gobierno actual, donde se espera una mochila fiscal adicional de unos US$2 mil millones.
Jorge Rodríguez, expresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), coincide en que el proyecto complica el cumplimiento de la meta fiscal del gobierno. El proyecto tiene riesgos que hay que mitigar. Esos riesgos tienen que ver con los cálculos que se hicieron en el informe financiero. Y ahí lo que uno tendría que tratar de mitigar en este mismo proyecto es a través de algunas otras medidas que se incluyan en la tramitación legislativa , afirmó. Rodríguez destaca que el informe financiero reconoce el carácter deficitario del proyecto en el corto y mediano plazo, y que un efecto positivo en las arcas fiscales solo se materializaría después del término de la actual administración, si se cumplen los supuestos de crecimiento económico.
El Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha reconocido el carácter deficitario del proyecto, pero ha anunciado medidas de ahorro fiscal, como un ajuste del 3% por ministerio, para mitigar el impacto en la recaudación. No obstante, analistas privados como Vanesa Lanciotti, socia de Tax & Legal en Deloitte, advierten que estos recortes podrían no ser suficientes. Van a tener que financiar el déficit estructural que ya se traía, más este déficit que genera este proyecto en su balance neto. Ahí tendrán el tema de los recortes de gasto, pero no alcanzan, así que o se bajan algunos costos del proyecto o tendrán que recurrir básicamente al financiamiento externo , asegura Lanciotti, quien considera que un endeudamiento externo con una deuda sobre PIB del 42% es razonable.
Loreto Pelegrí, tax partner de PwC Chile, valora la orientación del proyecto, combinando una reforma estructural procrecimiento con un esquema de financiamiento transitorio. Sin embargo, advierte sobre la dependencia de decisiones voluntarias de los contribuyentes, como las regularizaciones tributarias, lo que introduce incertidumbre. Si la recaudación por regularizaciones resulta sustancialmente inferior a lo previsto, el proyecto deja expuestas las finanzas públicas a un déficit adicional en el corto plazo, justo cuando entran en régimen rebajas tributarias permanentes y nuevos gastos tributarios , alerta Pelegrí.
La preocupación también se extiende a la centroizquierda. El exministro de Economía, Álvaro García, advierte que la rebaja del impuesto corporativo aumentará el déficit fiscal, mientras que la economista Andrea Repetto califica el proyecto como riesgoso para las finanzas públicas.
Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos, matiza estas críticas, señalando que las metas fiscales deben ser exigentes pero creíbles. Si el gobierno se compromete con una meta de balance (primario) que estabilice la deuda para 2030 por debajo del 45% del PIB habrá más que cumplido su tarea , afirma. Acevedo destaca que el proyecto está financiado durante los tres primeros años con los recortes de gasto ya realizados, lo que mitiga los riesgos fiscales asociados al esperado dividendo de crecimiento .
Sin embargo, un economista y experto fiscal, que prefirió mantener el anonimato, cuestiona la sostenibilidad de los recortes de gasto. Hacienda está ocupando la bala de plata de los US$2 mil millones recortados hasta ahora en mitigar el déficit que le genera el proyecto en los primeros años, pero en el origen esos recursos eran para cumplir la meta de convergencia fiscal y no para esto. Es como desvestir un santo para vestir otro , explica. Además, señala que los recortes son principalmente administrativos, lo que resta carácter permanente al ajuste.
Otro experto fiscal anticipa que el megaproyecto obligará a Hacienda a revisar la meta de convergencia fiscal hacia 2030, posiblemente proyectando un déficit de 0,5% o 1%. Esta revisión podría ser transparente en el próximo Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, previsto para el 12 de mayo.
El proyecto también incluye propuestas que prometen generar debate, como la transición hacia un sistema tributario integrado y la invariabilidad tributaria para proyectos de inversión. La centroizquierda critica la invariabilidad tributaria, argumentando que podría limitar la capacidad de futuros gobiernos para tomar decisiones en materia tributaria. Raúl Leiva, jefe de la bancada del PS, ha anunciado que presentará una reserva de constitucionalidad a esta medida.
Sin embargo, expertos como Andrés Martínez, socio de Consultoría Legal y Tributaria de KPMG Chile, respaldan la invariabilidad tributaria, señalando que es un mecanismo probado para atraer inversiones de gran escala y largo plazo. Vanesa Lanciotti de Deloitte coincide, afirmando que un régimen de invariabilidad para inversiones superiores a US$50 millones es razonable y no constituye una camisa de fuerza para futuros gobiernos.
Otro punto de debate es la reintegración tributaria al 2031, que implicaría descontar el 100% del impuesto corporativo al momento de pagar los impuestos personales. La centroizquierda considera que esta medida acentuaría las diferencias entre las rentas del capital y las del trabajo.
Víctor Fenner, socio de Política Tributaria de EY, señala que la integración es una mirada distinta sobre cómo entender los impuestos, y que tanto los sistemas integrados como los desintegrados pueden funcionar bien. Vanesa Lanciotti concluye que avanzar hacia un sistema totalmente integrado parece más lógico y consistente, permitiendo eliminar asimetrías y mejorar la simplicidad del sistema tributario.
