El Gobierno chileno ha intensificado la controversia en torno a la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile (UACh), al invocar la Ley de Seguridad del Estado contra tres estudiantes formalizados por el incidente. La decisión ha desatado una ola de críticas y acusaciones de desproporción, generando tensiones tanto en el ámbito judicial como político.
El diputado Luis Cuello ha sido uno de los más vocales opositores a la medida, calificándola como “absolutamente desproporcionada” y acusando al Ejecutivo de utilizar el caso como una “cortina de humo” para desviar la atención de la creciente crisis de seguridad que enfrenta el país. “No aceptaremos que se criminalice el movimiento estudiantil. Esta es una cortina de humo para ocultar el fracaso del Gobierno en su obligación de dar seguridad a los chilenos”, declaró el parlamentario.
El abogado Mauricio Daza explicó a El Ciudadano que la Ley de Seguridad del Estado permite al gobierno aumentar significativamente las penas en casos específicos, superando las establecidas en la legislación común para ciertos delitos. Sin embargo, advirtió que la aplicación de esta ley, debido a la vaguedad y generalidad de sus supuestos, se ha convertido en un “instrumento de persecución política” a través del sistema penal, ejercido de manera arbitraria por el gobierno de turno. La ley solo puede ser aplicada si el Ministro del Interior o el delegado presidencial presentan una denuncia o querella invocándola para un caso concreto.
Los tres estudiantes fueron formalizados el lunes por el delito de atentado contra la autoridad, tras los hechos ocurridos el 8 de abril. No obstante, desde el Ministerio de Seguridad se ha abierto la puerta a una escalada judicial que, según analistas, carece de sustento en relación con la gravedad de los hechos.
El punto central de la controversia radica en la acusación de secuestro, contemplada en el artículo 141 del Código Penal, que exige la privación ilegítima de libertad de una persona, con imposibilidad real de desplazamiento y un propósito determinado. La querella sostiene que la ministra Lincolao habría sido retenida por más de dos horas en un contexto de violencia e intimidación, lo que configuraría este delito.
Sin embargo, los antecedentes de la investigación y las declaraciones oficiales relativizan esta interpretación. La delegada presidencial de Los Ríos declaró que la ministra no estuvo bajo el control directo de sus agresores, sino resguardada en espacios interiores junto a autoridades policiales, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad para su salida. La propia delegada regional logró abandonar el lugar en circunstancias similares, lo que sugiere que no existía una privación absoluta de libertad en los términos exigidos por el tipo penal.
El rector de la UACh, Egon Montecinos, respaldó esta versión, declarando que la decisión de mantener a la ministra al interior del recinto respondió a criterios de seguridad, ante la imposibilidad de garantizar una salida sin riesgos. En otras palabras, no se trató de una retención ejecutada por un grupo con control efectivo sobre la víctima, sino de una situación de crisis con movilidad restringida debido al contexto.
Paralelamente, una querella criminal presentada ante el Juzgado de Garantía de Valdivia busca consolidar la tesis del secuestro e incluso atribuir responsabilidad penal al rector Montecinos, en calidad de autor, cómplice y encubridor. La querella fue presentada por Diana Maritza Encarnación Silva Aguillón, periodista que ha experimentado un cambio significativo en sus preferencias políticas, pasando de apoyar al Frente Amplio a respaldar la candidatura presidencial de Johannes Kaiser.
El documento argumenta que la autoridad universitaria habría tenido conocimiento previo de posibles manifestaciones, no habría adoptado medidas de seguridad suficientes y, posteriormente, habría contribuido a prolongar la supuesta retención mediante negociaciones con los estudiantes. Incluso se alega que su declaración ante el Senado habría desviado la investigación.
Sin embargo, esta línea argumental presenta inconsistencias frente a los propios antecedentes del caso. Según la declaración de la delegada presidencial Vicky Carrasco Silva, la estrategia de no intervención inmediata de Carabineros fue una decisión compartida por las autoridades presentes, con el objetivo de evitar una escalada mayor del conflicto (“apagar el fuego con bencina”). La delegada declaró ante la BIPE que supo por redes sociales, aproximadamente una semana antes, de la visita de la ministra Lincolao a la Universidad Austral.
Carrasco también declaró que el prefecto Cea se mantenía en contacto con el General de Carabineros, quien no asistió a la reunión. El general señaló que había funcionarios desplegados en las inmediaciones, pero que no harían ingreso “ya que eso era apagar el fuego con bencina”. Ante esto, según la declaración de Carrasco, el jefe de la PDI exclamó que “se haría un procedimiento para sacarnos a las dos”.
Los hechos sugieren que el rector no solo no participó en una supuesta privación de libertad, sino que intentó facilitar la salida de la ministra, gestionando diálogos con los estudiantes y coordinando alternativas de evacuación. La tesis de imputarlo por secuestro, incluso bajo la figura de omisión, aparece como jurídicamente forzada y difícil de sostener.
Un abogado consultado por El Ciudadano señaló que la querella presenta una “falla estructural” al intentar calificar como secuestro una situación que, según los propios antecedentes, corresponde a un contexto de riesgo y desorden, no a una privación ilegítima de libertad en los términos que exige el tipo penal. La ministra no estaba bajo el control de captores, sino resguardada por personal de la PDI, Armada y personal institucional de la UACh, evaluando condiciones seguras de salida. La propia delegada presidencial logró abandonar el lugar en circunstancias similares, lo que contradice la idea de una privación absoluta de libertad. En derecho penal, esa diferencia es crucial, ya que sin dominio efectivo sobre la víctima, no hay secuestro, por más grave o reprochable que haya sido el episodio.
Además, la imputación al rector incurre en una “sobreextensión jurídica” difícil de sostener. Se le atribuye simultáneamente la calidad de autor, cómplice y encubridor, sobre la base de una supuesta omisión –no haber activado a Carabineros– que ni siquiera aparece como causal directa del resultado, considerando que otras autoridades también descartaron esa vía. A esto se suma una contradicción evidente, ya que la propia querella reconoce instancias de diálogo e incluso una reunión en términos cordiales, lo que es incompatible con la lógica de un secuestro.
El caso ha evolucionado desde un episodio de protesta con agresión –condenable y ya judicializado– hacia una controversia mayor sobre el uso de herramientas penales excepcionales con fines políticos.
El diputado Luis Cuello fue tajante al afirmar: “El crimen organizado debe estar celebrando que la Ministra de Seguridad se dedique a perseguir estudiantes mientras aumentan los homicidios”, apuntando directamente a las prioridades del Ejecutivo.
En un contexto marcado por un aumento de la criminalidad, las cifras del Ministerio Público, publicadas por El País, revelan que desde el inicio del nuevo gobierno –el 11 de marzo– hasta el 6 de abril, se han registrado 26 homicidios e intentos de homicidio (15 consumados y 11 frustrados). En el mismo período del año anterior, bajo la administración anterior, se registraron 19 homicidios e intentos de homicidio (16 consumados y tres frustrados), lo que representa un aumento del 36,8%.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad insiste en endurecer la persecución penal contra los estudiantes involucrados en el incidente: uno por lanzar agua, otro por golpear con la mano abierta el vidrio del vehículo y otro por lanzar su mochila contra el auto. En este escenario, la frontera entre orden público, protesta social y criminalización del movimiento estudiantil vuelve a instalarse en el centro del debate.
El asunto es más grave de lo que parece, ya que lo que está en juego no es solo la calificación jurídica del hecho puntual, sino el precedente que puede dejar. Si una situación de desorden y violencia en un campus universitario en demanda de sus derechos estudiantiles puede ser reinterpretada como secuestro y amenaza a la seguridad del Estado, las implicaciones políticas y judiciales podrían extenderse mucho más allá de este caso, y al parecer es lo que persigue un gobierno desbordado por sus desaciertos que poco a poco hace subir la temperatura del descontento social.
