Teherán, 25 de abril Irán ha ejecutado a Erfan Kiani, un preso condenado por su participación en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en enero de 2026. Con esta ejecución, el régimen iraní eleva a nueve el número de manifestantes ahorcados desde el inicio de las movilizaciones.
Según la agencia Mizan, perteneciente al Poder Judicial iraní, Kiani fue ejecutado en la madrugada de este sábado. Las autoridades lo describen como uno de los principales elementos del enemigo durante los disturbios en la ciudad de Isfahán, ubicada en el centro del país. Se le acusó de actuar bajo las órdenes del Mosad, el servicio de inteligencia israelí, y de llevar a cabo actos de destrucción e incendio de bienes públicos y privados, además de utilizar armas blancas.
La sentencia de muerte contra Kiani fue confirmada por el Tribunal Supremo, que lo condenó por el delito de enemistad contra Dios . Las acusaciones específicas incluyen el uso de armas para intimidar a la población y alterar el orden público. Mizan también informó que otros casos relacionados con las protestas de enero en Isfahán han sido resueltos, con al menos 15 personas condenadas a penas de prisión por supuesta colaboración con enemigos del país, en una clara alusión a Israel y Estados Unidos.
Las protestas de enero, que exigían el fin de la República Islámica, fueron reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad iraníes. El gobierno iraní afirma que 3.117 personas murieron durante las movilizaciones, pero organizaciones de derechos humanos como HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan significativamente esa cifra a más de 7.000. HRANA continúa verificando otros 11.000 casos y estima que alrededor de 53.000 personas fueron detenidas en relación con las protestas.
La ejecución de Kiani se produce en un contexto de creciente preocupación por el aumento de las ejecuciones en Irán. Según un informe anual de la ONG noruega Iran Human Rights (IHRNGO) y la francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM), Irán ahorcó a 1.639 personas en 2025, lo que representa un aumento del 68% en comparación con el año anterior. Esta cifra es la más alta registrada en el país desde 1989.
El incremento en el número de ejecuciones ha generado fuertes críticas por parte de la comunidad internacional y de organizaciones de derechos humanos, que denuncian la falta de garantías procesales y la aplicación de penas desproporcionadas en Irán. Las ejecuciones, a menudo llevadas a cabo tras juicios sumarios y sin acceso a una defensa adecuada, son consideradas como una herramienta de represión política y una violación de los derechos humanos fundamentales.
La situación de los derechos humanos en Irán ha sido objeto de constante preocupación durante años. El país es conocido por su estricta interpretación de la ley islámica y por la aplicación de penas severas, incluyendo la pena de muerte, por una amplia gama de delitos. Además de las ejecuciones, Irán también ha sido criticado por su represión de la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión.
La ejecución de Erfan Kiani y las recientes condenas a prisión de otros manifestantes son un claro indicativo de la determinación del régimen iraní de sofocar cualquier forma de disidencia y de mantener el control sobre la población. La comunidad internacional ha instado repetidamente a Irán a respetar los derechos humanos y a liberar a los presos políticos, pero hasta el momento, las demandas no han sido atendidas.
La creciente cifra de ejecuciones en Irán plantea serias interrogantes sobre el futuro de los derechos humanos en el país y sobre la posibilidad de un cambio político que permita una mayor libertad y respeto por los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La comunidad internacional continúa monitoreando de cerca la situación en Irán y exige una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades iraníes. La ejecución de Kiani es un recordatorio sombrío de la brutalidad del régimen y de la necesidad urgente de proteger los derechos humanos en Irán.
