Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, ha presentado una denuncia penal contra Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), alegando omisión de funciones en relación con las elecciones generales del 12 de abril. La denuncia se basa en la acusación de que Burneo no suspendió las elecciones a pesar de las fallas reportadas en la distribución del material electoral en Lima la noche previa a la jornada electoral.
En una entrevista con el escritor y youtuber argentino Agustín Laje, López Aliaga detalló que la acción legal también incluye a Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), contra quien ya había presentado una denuncia previa. He denunciado penalmente al señor Corvetto y también al señor Burneo. El señor Burneo, que tiene una obligación de estar acompañando el proceso [...] está denunciado penalmente a partir de hoy , afirmó el candidato.
López Aliaga argumenta que Burneo tenía la obligación de suspender las elecciones a las 12 de la noche del sábado, el día anterior a la votación, debido a los problemas logísticos en la distribución del material electoral. Según el candidato, la omisión de Burneo fue dolosa , ya que tenía la facultad de suspender el proceso por una semana para garantizar la transparencia y la correcta realización de las elecciones.
Además de la denuncia penal, el candidato ha presentado un escrito formal ante el JNE solicitando la ampliación del pedido de nulidad de las elecciones en aquellos centros de votación que recibieron el material electoral fuera de los plazos establecidos. El objetivo de esta solicitud es que se repita la votación específicamente en las mesas afectadas por las demoras que ocurrieron después de la medianoche del 12 de abril.
López Aliaga también anunció que su equipo legal llevará el reclamo a instancias de la justicia constitucional para proteger lo que considera el derecho al voto de sus simpatizantes. Esta estrategia legal busca asegurar que se investiguen a fondo las irregularidades denunciadas y se tomen las medidas necesarias para garantizar la validez de los resultados electorales.
En un intento por aumentar la presión sobre las autoridades electorales, López Aliaga adelantó que planea movilizar a sus seguidores en las calles. Esta medida busca demostrar el apoyo popular a sus demandas y exigir una revisión exhaustiva del proceso electoral.
La decisión de López Aliaga de cuestionar los resultados electorales se produce en un contexto desfavorable para su candidatura. Según los resultados preliminares del conteo de votos al 95% de las actas escrutadas por la ONPE, López Aliaga ocupa el tercer lugar, lo que lo dejaría fuera de la segunda vuelta presidencial.
La ONPE, por su parte, ha publicado los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales de 2026, un proceso que busca garantizar la participación ciudadana en la supervisión de las futuras elecciones. Este anuncio se produce en medio de las controversias generadas por las recientes elecciones y la necesidad de fortalecer la confianza en el sistema electoral.
La denuncia de López Aliaga y sus acciones legales y de protesta representan un desafío para la JNE y la ONPE, que deberán responder a las acusaciones y garantizar la transparencia y la legalidad del proceso electoral. La situación también podría generar tensiones políticas y sociales en el país, especialmente si los resultados electorales son impugnados y se exige una repetición de la votación.
El futuro de las elecciones y la legitimidad de los resultados dependerán de la respuesta de las autoridades electorales y del sistema judicial a las denuncias presentadas por López Aliaga y otros actores políticos. La transparencia, la imparcialidad y el respeto a la ley serán fundamentales para superar esta crisis y fortalecer la democracia en el país. La movilización de seguidores anunciada por López Aliaga podría complicar aún más el panorama político, generando incertidumbre y posibles conflictos. La comunidad internacional y las organizaciones de la sociedad civil estarán atentas al desarrollo de los acontecimientos y a la respuesta de las autoridades peruanas.
