El Paso, Texas La detención de Deisy Fidelina Rivera Ortega, esposa de un sargento del Ejército estadounidense en activo, ha generado una creciente preocupación sobre el impacto de las políticas migratorias en las familias de militares. Rivera Ortega fue arrestada el 14 de abril mientras se encontraba en una cita migratoria de rutina en El Paso, enfrentando ahora la posibilidad de ser deportada a México, un país con el que no tiene vínculos.
Deisy Rivera Ortega, originaria de El Salvador, está casada con el Sargento de Primera Clase José Serrano, quien ha dedicado casi 28 años de servicio al Ejército, incluyendo tres despliegues en Afganistán. La pareja asistió a la cita con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para avanzar en una solicitud de parole in place , un programa diseñado para permitir que familiares indocumentados de personal militar regularicen su estatus sin tener que salir del país.
Sin embargo, la situación de Rivera Ortega es compleja. Documentos judiciales revelan que en diciembre de 2019, un juez ordenó su deportación a El Salvador. Simultáneamente, se le concedió una retención de expulsión bajo la Convención contra la Tortura, una protección legal que impide su regreso a El Salvador debido al riesgo de sufrir daño físico. No obstante, esta protección no la exime de ser deportada a un tercer país.
El sargento Serrano describió la detención como repentina y desconcertante. Al final del pasillo, mi esposa fue detenida le pusieron esposas y se la llevaron. Nadie me dijo nada, ni siquiera cuando preguntaba qué estaba pasando , declaró a medios de comunicación.
Actualmente, Rivera Ortega se encuentra detenida en el centro de procesamiento migratorio de El Paso. Su esposo ha podido visitarla en una sola ocasión, a través de un panel de plástico, y la comunicación se limita a breves llamadas telefónicas que él debe pagar.
Matthew Kozik, el abogado que representa a la familia, calificó la detención como arbitraria y caprichosa , argumentando que su clienta estaba cumpliendo con los requisitos establecidos para las personas en su situación. Kozik ha presentado una petición de hábeas corpus ante un tribunal federal, alegando que la detención de Rivera Ortega es ilegal.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, sostiene que Rivera Ortega ingresó al país de manera ilegal en 2016 y que existe una orden de deportación final en su contra desde 2019. El DHS la describe como una extranjera ilegal con antecedentes penales , refiriéndose a su condena por el delito federal de ingreso ilegal a Estados Unidos. Además, la agencia enfatiza que un permiso de trabajo, que Rivera Ortega poseía y era válido hasta 2030, no confiere ningún estatus legal para permanecer en el país .
La posibilidad de que Rivera Ortega sea deportada a México es la principal preocupación de la familia, ya que no tiene ninguna conexión con ese país. No conocemos a nadie en México , declaró Serrano.
Esta situación se complica aún más por las restricciones que pesan sobre los militares estadounidenses para viajar a México, lo que impediría al sargento Serrano visitar a su esposa en caso de que sea deportada. Como militar, no se nos permite ir a México , explicó.
El sargento Serrano, quien ha recibido tratamiento por trastorno de estrés postraumático y lesiones cerebrales traumáticas sufridas durante su servicio, ha expresado el profundo impacto emocional que esta situación está teniendo en su bienestar. Desde que esto pasó, solo duermo dos horas al día, dos horas por noche , declaró.
Mientras el proceso legal continúa, la defensa busca frenar cualquier intento de deportación, especialmente a un tercer país. El caso ha reavivado el debate sobre la situación migratoria de los familiares de militares en servicio activo, particularmente en regiones fronterizas como El Paso, donde la relación entre la comunidad, el Ejército y las políticas migratorias es especialmente estrecha. La incertidumbre que rodea el futuro de Rivera Ortega pone de manifiesto las complejidades y los desafíos que enfrentan las familias militares en el contexto de las políticas migratorias actuales. La comunidad local y grupos de apoyo a veteranos han comenzado a organizarse para brindar apoyo a la familia Serrano y abogar por una solución que permita a Rivera Ortega permanecer en el país y continuar su vida junto a su esposo y su familia. El caso continúa desarrollándose y se espera que atraiga la atención de legisladores y defensores de los derechos de los inmigrantes en los próximos días.
