La realidad cubana actual exige soluciones urgentes ante una crisis sistémica que ha trascendido lo económico, instalándose en la estructura sociopolítica de la nación. El modelo vigente, según análisis del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho Cuba Próxima , se muestra incapaz de garantizar el bienestar mínimo y la viabilidad del Estado. Ante un posible colapso generalizado, se propone una estrategia de transición institucional concertada denominada apertura acordada , buscando una salida pacífica, soberana y por etapas.
Esta iniciativa no se presenta como un deseo, sino como una estrategia pragmática para romper el estancamiento actual. Inspirada en el realismo político, prioriza la supervivencia de la nación sobre la perpetuación de un conflicto estéril. La reconstrucción nacional, según el análisis, no puede ser impuesta externamente ni surgir de un colapso caótico, sino que debe ser un proceso deliberado, pactado y con garantías para todos los involucrados.
La propuesta no implica concesiones unilaterales, sino una ruta basada en pasos recíprocos y verificables. Se articula en dos ejes simultáneos: un Diálogo Soberano Multiactor interno y una Normalización Estratégica con la comunidad internacional. Este último eje requiere un replanteamiento pragmático de la relación con Estados Unidos, basado en una gradualidad condicionada, donde el levantamiento de sanciones responda simétricamente y bajo el principio de autodeterminación a hitos verificables de democratización interna.
El miedo al cambio se identifica como el principal activo del autoritarismo. Por ello, la propuesta aboga por una negociación de futuro que sustituya la incertidumbre por seguridad jurídica. Se propone la creación de una Mesa de Negociación Política Nacional, integrada por funcionarios del gobierno actuales dispuestos a la reforma, representantes de la sociedad civil, la oposición y la diáspora, considerándola parte indisoluble del cuerpo político y motor del renacimiento nacional.
El objetivo de esta mesa es establecer un Marco de Convivencia que proscriba la revancha, priorice la justicia transicional y brinde garantías de salida institucional, asegurando la integridad de todos los actores, incluyendo funcionarios públicos y estamentos militares, sentando las bases para la transición.
Para generar confianza, la Mesa promoverá una distensión inmediata basada en dos pilares considerados innegociables: la liberación de presos políticos y una Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso. Simultáneamente, se institucionalizará una Sala de Garantías Constitucionales independiente que proteja los derechos humanos y blinde al ciudadano frente a la arbitrariedad.
Una vez establecido el diálogo, la prioridad absoluta será el bienestar social, articulado a través de una reforma económica integral que libere la iniciativa privada, un Plan de Choque Humanitario despolitizado para la seguridad alimentaria y el suministro de medicamentos, así como un rescate energético de emergencia bajo supervisión técnica externa.
Asimismo, el proceso gestionará una Ley Electoral provisional que garantice comicios libres y competitivos en un contexto aún no democrático, asegurando la apertura de las instituciones a la pluralidad ciudadana. Con la mirada puesta en dichos comicios, Cuba Próxima impulsará una agenda de transición basada en pilares específicos.
Este itinerario, según los autores, permite transformar la crisis en una oportunidad para la soberanía real, donde la seguridad de la nación se base en la inclusión y la solidez de un pacto social. La apertura acordada convoca a los sectores racionales del poder, a la oposición valiente y a una ciudadanía exhausta. Reconstruir el país, se afirma, es posible si se reconoce al adversario como interlocutor. Se insta a pasar de una nación en vilo a una nación en marcha, considerando que la hoja de ruta está trazada y recorrerla es una responsabilidad histórica.
El jurista, académico y analista político cubano, Roberto Veiga, director del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho Cuba Próxima (2021) y miembro del Inter-American Dialogue en Washington D.C. (2015), lidera esta propuesta que busca un cambio de paradigma en la isla. La iniciativa se presenta como una alternativa a la perpetuación del conflicto y un camino hacia la reconstrucción nacional, basada en el diálogo, la liberación de presos políticos y la garantía de los derechos ciudadanos. La viabilidad de esta propuesta dependerá de la voluntad de todas las partes involucradas para superar el miedo al cambio y construir un futuro más próspero y democrático para Cuba. La comunidad internacional observa con atención este desarrollo, consciente de su potencial impacto en la estabilidad regional y en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. La clave, según los analistas, reside en la capacidad de generar confianza mutua y establecer un marco de negociación transparente y efectivo.
