Tras una reñida elección presidencial, Perú se enfrenta a un panorama político fragmentado y una creciente desconfianza en sus instituciones electorales. Con más del 93% de los votos escrutados, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera la contienda con el 17% de los votos válidos, seguida de cerca por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con el 12% y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con el 11.9%, una diferencia de apenas trece mil votos. Aún quedan más de cinco mil actas observadas o impugnadas, cuya resolución será crucial para determinar quién competirá con Fujimori en una segunda vuelta, la cual marcaría la cuarta ocasión en que la candidata de Fuerza Popular busca la presidencia.
La distribución del voto revela marcadas diferencias regionales. En Lima, López Aliaga cuenta con un sólido apoyo del 21%, mientras que en el sur del país, Sánchez goza de mayor respaldo, especialmente en Cusco, donde alcanza el 23%. Fujimori, por su parte, concentra su fuerza en el norte del país, con un 28% en Loreto, Tumbes y Piura. Los peruanos residentes en el exterior también han mostrado una alta participación, favoreciendo a López Aliaga con un 26% y a Fujimori con un 17%.
Las encuestas previas a la elección anticipaban un triple empate por el segundo lugar, y la volatilidad del voto en los últimos días, durante el período de prohibición de publicaciones de encuestas, fue notable. Cinco candidatos concentran aproximadamente el 50% de los votos emitidos, lo que evidencia la fragmentación política que caracteriza al país, similar a la observada en 2021. La probable segunda vuelta enfrentará a dos candidatos que, sumados, apenas alcanzan el 30% de los votos válidos, lo que representa aproximadamente el 25% del total de votos emitidos.
La participación electoral superó las cifras registradas en las elecciones de 2021, realizadas en plena pandemia. La asistencia de los peruanos en el exterior fue particularmente significativa, alcanzando un 40%, muy por encima de la participación histórica.
Sin embargo, la jornada electoral no estuvo exenta de problemas. Graves fallas logísticas en la distribución del material electoral en Lima afectaron el horario de apertura de las mesas de sufragio, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha presentado una denuncia penal, mientras que la Contraloría y el Congreso han iniciado investigaciones y convocado a las autoridades electorales para que rindan cuentas.
López Aliaga ha denunciado un presunto fraude, alegando un operativo premeditado para afectar a sus electores en la capital. Otros candidatos que no lograron avanzar en la contienda se han sumado a este pedido de anulación de las elecciones. Sánchez, por su parte, ha anunciado movilizaciones en caso de que no se respete el resultado electoral. A la fecha, se han presentado más de una docena de solicitudes de nulidad de elecciones, aunque este recurso solo procede cuando dos tercios de los votos son nulos o en blanco. El JNE deberá resolver estas solicitudes, así como las impugnaciones de actas, un proceso que podría demorar varias semanas.
Las investigaciones determinarán las causas de las irregularidades, que son inusuales en los procesos electorales peruanos. No obstante, no existe evidencia que respalde las acusaciones de fraude o de operativos premeditados para afectar a determinados grupos de electores.
El principal daño generado por esta situación es la erosión de la confianza en las elecciones y en los organismos electorales. Según el Instituto Nacional de Estadística, la desconfianza en la ONPE era del 68.5% y del 71.4% en el JNE en 2017. En 2025, estas cifras aumentaron al 77.9% y 80% respectivamente, exacerbadas por las acusaciones de fraude electoral en 2021, que no fueron probadas en las instancias del JNE ni en la comisión investigadora del Congreso.
El 7 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta electoral. Un posible escenario es un enfrentamiento entre la candidata de derecha y el candidato de izquierda que reivindica el castillismo, lo que polarizaría aún más a la ciudadanía en torno a ejes ideológicos y reabriría las divisiones territoriales entre Lima, el norte y el sur andino. En este caso, el desafío será captar el electorado moderado que no se identifica con ninguno de los extremos.
Otro escenario posible es una segunda vuelta entre dos candidaturas de derecha, lo que enfrentaría a una derecha más popular y a una derecha más conservadora. En este caso, el antivoto jugaría un papel central y las estrategias de campaña serían decisivas. Profundizar la confrontación podría afectar las futuras coaliciones parlamentarias necesarias para gobernar en un Congreso sin mayoría de ningún partido.
A partir de julio, el Congreso peruano volverá a ser bicameral. El resultado de las elecciones presidenciales será determinante para la dinámica parlamentaria. En los últimos años, los constantes cambios en la presidencia de la república han distorsionado la relación tradicional entre el gobierno y la oposición. Incluso antes de conocer los resultados oficiales, se puede afirmar que ningún escenario permitirá al ejecutivo contar con una mayoría propia.
Se proyecta un Senado integrado por seis partidos políticos, tres de los cuales son nuevos. Se espera que esta configuración se repita en ambas cámaras, lo que facilitaría la coordinación partidaria en la agenda legislativa. El Senado peruano tiene un gran poder de veto, y Fuerza Popular podría obtener 22 de los 60 escaños, lo que le permitiría controlar ese veto en decisiones que requieren dos tercios de votos, como la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Además, la capacidad de formar coaliciones no solo dependerá de los partidos políticos, sino también de la articulación que logren dentro de sus bancadas, ya que la vinculación entre los políticos y sus partidos es débil, como lo demuestran los numerosos casos de transfuguismo.
En definitiva, el proceso electoral no ha puesto fin al ciclo de inestabilidad política en Perú, y las instituciones siguen debilitadas. Los escenarios que se abren dependerán de la capacidad del sistema político para absorber el descontento derivado del resultado de esta primera elección presidencial. Mientras tanto, algunas regiones y partidos ya se preparan para las elecciones subnacionales que se realizarán en octubre.
