Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para formar un nuevo Gobierno en Aragón, plasmado en un documento de trece medidas y casi cuarenta páginas que guiará la acción de gobierno durante los próximos cuatro años, incluyendo la aprobación de cuatro presupuestos autonómicos. El pacto refleja una clara impronta del PP en áreas como vivienda, fiscalidad y economía, mientras que Vox ha logrado incorporar sus prioridades en el ámbito social, medio ambiente y sector primario.
El acuerdo contempla medidas fiscales ya esbozadas en 2023, como la bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para el grupo II, una iniciativa que quedó pendiente tras la salida de Vox del anterior gobierno. Además, se prevé la eliminación de impuestos medioambientales y bonificaciones para la compra de vivienda para menores de 36 años, especialmente en zonas rurales. A partir de 2027, se comprometen a reducir el IRPF un 0,25% anual en los tramos de renta inferiores a 52.500 euros, junto con otras medidas que benefician a familias numerosas.
Uno de los aspectos más destacados del pacto es el peso otorgado a la política antiinmigración, incorporando la mayoría de las propuestas de Vox. Se establece el principio de "prioridad nacional" para el acceso a ayudas y vivienda pública, y se abre la puerta a la repatriación de menores inmigrantes a sus países de origen, una demanda ya presente en acuerdos anteriores de Vox en otras comunidades autónomas. El giro a la derecha del PP en esta materia se confirma con la inclusión explícita de la prohibición de "más menores extranjeros acompañados" y una partida de 100.000 euros para verificar la edad de los menores que lleguen a Aragón.
La ocupación de viviendas es otro punto clave del acuerdo, con la creación de un servicio de "verificación del fraude prestacional y del padrón" y la promesa de aplicar el "desahucio exprés". Se excluirá a los ocupas del acceso a vivienda pública y ayudas en esta materia. El pacto también recoge la vinculación entre inmigración, violencia y delincuencia, solicitando la publicación de estadísticas sobre "delincuencia vinculada a la inmigración masiva e ilegal", una petición que Vox ha reiterado en el pasado y que el PP anteriormente rechazaba.
En materia de vivienda, el PP marca el paso con la promesa de construir 4.000 viviendas públicas en los próximos cuatro años y profundizar en el Plan Aragón más Vivienda. Se plantea una reforma "en profundidad" del sistema de adjudicación de vivienda protegida y la creación de un registro de demandantes, aplicando el principio de "prioridad nacional" con requisitos de arraigo de 10 años para la compra y 5 para el alquiler. Se prevé una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para jóvenes hasta 36 años que adquieran su primera vivienda, con un valor máximo de 225.000 euros.
El sector agrario, con el regadío y el embalse del Biscarrués como ejes centrales, también ocupa un lugar destacado en el acuerdo. PP y Vox se opondrán "frontalmente" a una nueva Política Agrícola Común (PAC) que, según sus previsiones, implicará recortes para el campo. La ultraderecha insiste en el "rechazo al pacto verde" y apuesta por apoyar a los jóvenes agricultores, eliminando "cargas y tasas autonómicas" relacionadas con la normativa europea. Se plantea la modernización de los seguros agrarios, la creación de anillos de seguridad contra incendios y la simplificación de la normativa relacionada con la Red Natura 2000 y otras áreas protegidas. Se impulsará el pastoreo y la ganadería, protegiendo la caza y manteniendo la reintroducción del lince ibérico.
El acuerdo también incluye compromisos para reclamar al Gobierno central la ampliación de ayudas al funcionamiento y el aumento del Fondo de Cohesión Territorial. Se propone la instalación de cámaras de videovigilancia en municipios y la mejora de la red de carreteras, con especial atención a la conectividad en las zonas rurales.
En el ámbito medioambiental, el Gobierno autonómico se centrará en el Ebro, reclamando la limpieza de sus cauces y un plan para "defender" el río ante las inundaciones. Se plantea la protección de núcleos urbanos con planificación hidráulica y la colaboración público-privada en la gestión forestal. Se impulsará una nueva ley de protección del patrimonio natural y se controlarán las instalaciones de biogás.
La política económica, liderada por el PP, se centrará en la "atracción y dinamización de la actividad industrial" y en convertir Aragón en "el polo estratégico de España en centros de datos". El punto de fricción podría estar en la política energética, donde Vox buscará "proteger suelos productivos" frente a la instalación de macroplantas de energía eólica y fotovoltaica. Se apoyará al sector de la nieve, al DAT Alierta y al empleo autónomo.
En materia educativa, se mantiene el compromiso con la gratuidad de la escuela infantil de 0 a 3 años y se impulsará la implantación progresiva del Bachillerato concertado, una medida que ha generado controversia. Se mantendrán las deducciones fiscales para clases de refuerzo y se mejorará la climatización de los centros educativos. Vox ha logrado incluir el estudio de "la historia del terrorismo en España" en los planes de estudio a partir de 2027/2028 y la supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (Placm). Se priorizará "el producto español" en los comedores escolares y se desarrollará una prueba de acceso a la universidad única, además de la gratuidad de la primera matrícula universitaria.
En sanidad, se incrementará el presupuesto y se mantendrán políticas ya en marcha, como el plan de choque contra las listas de espera, la creación del nuevo hospital Royo Villanova y la Demanda Urgente de Atención Primaria (DUAP). Se impulsará "la perspectiva de familia", el plan de salud mental infantil y el refuerzo de la red de cuidados paliativos. Se ampliarán las plazas en residencias y centros de día y se impondrán "sanciones muy graves por fraude" en el etiquetado de productos alimenticios.
El nuevo Gobierno autonómico realizará "auditorías exhaustivas y periódicas de los recursos públicos" para reducir el gasto "improductivo e innecesario". Se reducirán a la mitad las ayudas a sindicatos y patronal, y se minimizarán las subvenciones a la cooperación al desarrollo, exigiendo la acreditación del impacto de las acciones realizadas.
Finalmente, el acuerdo incluye la reforma de la ley del Patrimonio Cultural Aragonés para "librar Aragón de la imposición del catalán", acabar con el Instituto Aragonés del Catalán y derogar entidades públicas y leyes consideradas "ideológicas". Se realizará una revisión sistemática de la normativa para proceder a su derogación o modificación.
La ultraderecha gestionará tres consejerías, incluyendo una vicepresidencia primera, con responsabilidades en Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Agricultura, Ganadería y Alimentación, y Medio Ambiente y Turismo. También obtendrá un senador autonómico y la vicepresidencia primera de las Cortes de Aragón.
