El expresidente Rafael Correa denunció lo que considera una cesión institucional de la Prefectura del Guayas al Gobierno central, tras la designación de Carlos Encalada como viceprefecto. Correa acusó directamente a la prefecta saliente, Marcela Aguiñaga, de prestarse al fraude más bochornoso de la historia de Guayas y de regalar la institución a la administración del presidente Daniel Noboa.
La polémica se desató tras el nombramiento de Encalada, un empresario ganadero, quien asumirá la prefectura el 14 de mayo de 2026, una vez concretada la salida de Aguiñaga. Correa argumenta que la renuncia de Aguiñaga y el posterior proceso de designación fueron resultado de presiones relacionadas con las concesiones de la red vial a las empresas Conorte y Concegua, extendidas hasta 2054.
Según la tesis del exmandatario, el Ejecutivo habría ejercido coacción sobre la prefecta, vinculando la persecución de contratos con la compañía Hidalgo & Hidalgo como palanca de presión. Sin embargo, Correa desestimó este argumento, recordando que la concesión vial fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Consejo Provincial.
No podemos permitir inmorales ni cobardes en nuestras filas. Seremos menos, pero seremos más , escribió Correa en su cuenta de X, exigiendo la expulsión inmediata de cualquier miembro de su bancada que haya respaldado la designación de Encalada. El expresidente advirtió que no se debe otorgar ni un solo voto a los que se prestaron a este atraco .
Correa calificó a Encalada como un alfil del presidente Noboa, deslegitimando el cambio de mando en la prefectura. La acusación central es que la institución ha sido entregada al gobierno central sin el debido proceso y en detrimento de los intereses de la provincia del Guayas.
La prefecta Aguiñaga, por su parte, evitó confrontaciones directas y se limitó a declarar que respeta las posiciones de Correa, pero que no tiene nada que decir al respecto. Esta actitud fue interpretada por el exmandatario como una admisión de culpabilidad y una confirmación de su acusación de bochornosa salida.
¡Por supuesto que no tienes nada que decirle al señor Correa , Marcela! , replicó Correa, insistiendo en que la prefecta saliente optó por una salida deshonrosa al facilitar lo que él considera un fraude en perjuicio de la provincia.
La designación de Encalada recibió el respaldo unánime del Consejo Provincial, incluyendo los votos de las autoridades pertenecientes a la Revolución Ciudadana, el movimiento político fundado por Correa. Este hecho exacerbó la reacción del exmandatario, quien considera que la aprobación unánime evidencia una traición a los principios de su movimiento y una complicidad en el supuesto fraude.
La situación ha generado una profunda división dentro de la Revolución Ciudadana, con Correa exigiendo responsabilidades a aquellos que apoyaron la designación de Encalada y amenazando con expulsarlos de sus filas. La controversia pone de manifiesto las tensiones internas dentro del movimiento político y la lucha por el control de la agenda y la dirección.
El futuro de la prefectura del Guayas y la relación entre el gobierno central y la administración local se encuentran ahora en entredicho, a raíz de las acusaciones de Correa y la controversia generada por la designación de Carlos Encalada como viceprefecto. La provincia del Guayas, una de las más importantes del país, se encuentra en el centro de una crisis política que podría tener importantes repercusiones a nivel nacional.
La acusación de Correa no solo apunta a la prefecta Aguiñaga y al nuevo viceprefecto Encalada, sino que también cuestiona la integridad del Consejo Provincial y la legitimidad de sus decisiones. El exmandatario exige una investigación exhaustiva de los hechos y la rendición de cuentas de todos los involucrados en lo que él considera un acto de corrupción y traición a la provincia del Guayas.
La respuesta de la prefecta Aguiñaga, al evitar la confrontación y limitarse a expresar su respeto por las opiniones de Correa, ha sido interpretada como una señal de debilidad y una admisión tácita de las acusaciones. Esta actitud ha fortalecido la posición del exmandatario y ha exacerbado la indignación de sus seguidores, quienes exigen una respuesta contundente y una defensa de los intereses de la provincia.
El caso de la prefectura del Guayas se suma a la creciente lista de conflictos políticos que enfrenta el gobierno de Daniel Noboa, quien ha sido acusado por la oposición de utilizar tácticas de presión y coacción para imponer su agenda y controlar las instituciones del Estado. La controversia en torno a la designación de Carlos Encalada como viceprefecto podría convertirse en un punto de inflexión en la relación entre el gobierno central y las autoridades locales, y podría desencadenar una crisis política de mayor envergadura.
