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El Ministerio Público solicitó la detención preliminar del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en relación con las irregularidades ocurridas durante la jornada de votación del 12 de abril. La solicitud fue formalizada anoche, según informó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, quien precisó que ahora la decisión recae en el juez de turno, quien deberá programar una audiencia para evaluar el pedido fiscal.
Gálvez detalló que Corvetto entregó voluntariamente tanto su pasaporte peruano como el italiano a la Fiscalía Anticorrupción. Anoche, a las 11 de la noche ya se solicitó requerimiento ante el juez de turno para que se pronuncie sobre la detención preliminar del señor Corvetto y otros funcionarios de la ONPE. Eso queda a la decisión del juez que debe resolver a la brevedad posible. Asimismo, en cuanto al pasaporte italiano que se ha referido también en un canal de televisión debo precisar que tanto el pasaporte peruano así como el italiano, el señor Corvetto a entregado a la Fiscalía , declaró el fiscal a RPP.
La solicitud de detención preliminar no se limita únicamente a Corvetto, sino que también involucra a otros funcionarios de la ONPE, aunque sus nombres no fueron revelados por el fiscal Gálvez. La investigación se centra en las presuntas irregularidades registradas durante el despliegue del material electoral y el desarrollo de la votación en diversos sectores del país, particularmente en Lima Metropolitana.
La renuncia de Corvetto al cargo de jefe de la ONPE fue presentada formalmente el 21 de abril de 2026, a través de una carta dirigida a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega. En su carta de renuncia, Corvetto reconoció los problemas técnicos y operativos que afectaron la jornada electoral del 12 de abril, específicamente en el despliegue del material electoral en algunas zonas de Lima Metropolitana.
Corvetto justificó su renuncia como una medida para facilitar la organización y ejecución de la segunda vuelta presidencial en un ambiente de mayor confianza ciudadana hacia la ONPE. Subrayó la necesidad de que la institución electoral recupere la credibilidad y la transparencia en sus procesos.
Asimismo, el exjefe de la ONPE señaló que existen interrogantes importantes que deben ser esclarecidos a través de una investigación imparcial y exhaustiva sobre la cadena logística de la institución. Corvetto expresó su disposición a colaborar plenamente con las autoridades en el proceso de investigación, con el objetivo de determinar las causas de las irregularidades y evitar que se repitan en el futuro.
La renuncia de Corvetto, aunque presentada después de las elecciones, se produce en un contexto de fuertes críticas a la ONPE por las fallas y demoras registradas durante la jornada electoral. La oposición política y diversos sectores de la sociedad civil han exigido una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes.
La entrega de los pasaportes por parte de Corvetto a la Fiscalía Anticorrupción se interpreta como una medida preventiva para evitar una posible fuga del país, aunque el exfuncionario no ha sido acusado formalmente de ningún delito hasta el momento. La detención preliminar, si es concedida por el juez, permitiría a la Fiscalía continuar con la investigación y recabar más pruebas para determinar si existen elementos suficientes para formular una acusación formal contra Corvetto y otros funcionarios de la ONPE.
El caso ha generado gran expectativa en la opinión pública y ha puesto en el centro del debate la necesidad de fortalecer la institucionalidad y la transparencia en los procesos electorales. La segunda vuelta presidencial, que se espera se realice en los próximos meses, se llevará a cabo bajo una mayor lupa y con la exigencia de que se garanticen todas las condiciones para una elección limpia y transparente.
La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar si las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril fueron producto de errores involuntarios o de actos de sabotaje o corrupción. Se están revisando los contratos de adquisición de material electoral, los procesos de logística y distribución, y las comunicaciones internas de la ONPE.
El juez de turno deberá evaluar cuidadosamente la solicitud de detención preliminar presentada por el Ministerio Público, teniendo en cuenta los elementos de prueba presentados por la Fiscalía y los derechos constitucionales de Corvetto y otros funcionarios involucrados. La decisión del juez podría tener un impacto significativo en el desarrollo de la investigación y en la imagen de la ONPE.
