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El Ministerio Público solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto, ex titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades registradas durante la jornada electoral del pasado 12 de abril. La solicitud fue oficializada por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, quien informó que el requerimiento fue presentado la noche anterior y ahora se encuentra a la espera de la programación de la audiencia judicial correspondiente.
Según precisó el fiscal Gálvez, será el juez de turno quien determine la fecha en la que se evaluará la solicitud fiscal, tanto para Corvetto como para otros funcionarios vinculados al organismo electoral. Esta decisión judicial será crucial para definir el futuro inmediato de Corvetto en el contexto de la investigación.
En paralelo a la solicitud de detención, se informó que Piero Corvetto entregó sus pasaportes, tanto el peruano como el italiano, a la Fiscalía Anticorrupción. Esta acción forma parte de las diligencias en curso y se interpreta como una medida para asegurar que Corvetto permanezca en el país durante el proceso de investigación. La entrega de los pasaportes busca evitar cualquier intento de fuga o salida del territorio nacional por parte del exfuncionario.
La situación de Corvetto se desencadenó tras su renuncia al cargo de titular de la ONPE, presentada luego de los fuertes cuestionamientos dirigidos al organismo electoral por los problemas logísticos que afectaron el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 en Lima Metropolitana. Las fallas en la organización de las elecciones generaron retrasos significativos en la jornada electoral, e incluso obligaron a suspender la votación en 13 locales de votación, lo que derivó en la reprogramación de los comicios para el día siguiente.
Estos incidentes causaron gran malestar entre los ciudadanos y pusieron en tela de juicio la capacidad de la ONPE para garantizar un proceso electoral transparente y eficiente. La reprogramación de las elecciones implicó costos adicionales y generó incertidumbre sobre la legitimidad de los resultados.
A los problemas logísticos se sumó el hallazgo de cuatro cajas pertenecientes a la ONPE abandonadas en una vía pública del distrito de Surquillo. Este hecho incrementó las dudas sobre la organización del proceso electoral y alimentó las sospechas de irregularidades. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo y por qué las cajas de la ONPE fueron abandonadas en la vía pública.
En un inicio, la ONPE atribuyó los retrasos en la jornada electoral a la empresa Servicios Generales Galaga, encargada de la distribución del material electoral. Sin embargo, la compañía respondió a las acusaciones, afirmando que las demoras se originaron en la propia entidad electoral. Esta disputa entre la ONPE y la empresa Galaga complicó aún más la situación y generó confusión sobre las responsabilidades en los problemas logísticos.
La Procuraduría Anticorrupción solicitó que Piero Corvetto sea incorporado como investigado en el caso vinculado a la contratación de la empresa Servicios Generales Galaga para la distribución del material electoral. La Procuraduría considera que existen indicios de irregularidades en el proceso de contratación y que Corvetto podría haber estado involucrado en ellas.
Paralelamente, la Fiscalía inició una investigación preliminar por el presunto delito de colusión en agravio del Estado. Esta investigación busca determinar si hubo colusión entre funcionarios de la ONPE y representantes de la empresa Galaga para obtener beneficios ilícitos en el proceso de contratación. La Fiscalía está recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar si existen elementos suficientes para acusar a Corvetto y a otros funcionarios de colusión.
La investigación se centra en analizar los términos del contrato con la empresa Galaga, los procedimientos de selección y contratación, y las comunicaciones entre los funcionarios de la ONPE y los representantes de la empresa. La Fiscalía también está investigando los posibles vínculos entre Corvetto y los propietarios de la empresa Galaga.
El caso de Piero Corvetto y las irregularidades en las Elecciones Generales 2026 han generado una crisis en la ONPE y han puesto en entredicho la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral. Las autoridades han prometido llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en el sistema electoral y garantizar la legitimidad de los procesos democráticos. La ciudadanía espera que se haga justicia y que se tomen medidas para evitar que este tipo de incidentes se repitan en el futuro.
