Madrid El fallecido empresario José Luis Huerta reveló en su declaración de 2018 ante el juez Manuel García-Castellón que asumió los costes de fiestas privadas de cargos del Partido Popular (PP) implicados en el caso Púnica, incluyendo al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y que efectuó pagos que describió como una especie de comisiones a cambio de ser favorecido en adjudicaciones públicas. Esta declaración fue escuchada este miércoles durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional.
En el banquillo de los acusados se encuentran Francisco Granados, quien también fue alcalde de Valdemoro (Madrid), junto con otros trece individuos, entre ellos seis exregidores del PP de diferentes municipios madrileños. La acusación se centra en la supuesta contratación irregular de la empresa Waiter Music, propiedad de Huerta y amigo personal de Granados, para la realización de actos festivos locales entre los años 2004 y 2013.
Durante su testimonio, Huerta admitió que su empresa fue adjudicataria, de forma recurrente durante varios años, de los contratos para la organización de fiestas en diversos municipios madrileños gobernados por el PP. En algunos casos, estas adjudicaciones se realizaron con la recomendación directa de Francisco Granados y de José Miguel Moreno, sucesor de Granados en la alcaldía de Valdemoro, quien también se encuentra entre los acusados.
El empresario recordó que en Valdemoro llegó a facturar más de un millón de euros en las fiestas de un solo año, gracias a la presencia de los mejores artistas . Sin embargo, para evitar problemas que pudieran comprometer futuras adjudicaciones, Huerta decidió dejar de reclamar el pago de las fiestas privadas de varios cargos del PP, como la de Granados, y de los actos organizados por el partido, incluyendo mítines electorales. Estos pagos, según su testimonio, terminaron convirtiéndose en una forma de comisiones por los contratos públicos que recibía.
Huerta relató que, tras obtener contratos para la realización de actos de inauguración de ampliaciones del Metro de Madrid en 2008, se vio obligado a asumir el coste de la comunión de una hija de Francisco Granados en Valdemoro, un evento que ascendió a 40.000 euros y que nunca fue reembolsado. También se hizo cargo de los gastos de otra fiesta, en este caso por el cumpleaños del exconsejero.
Tras esas adjudicaciones se creería con el derecho de pedirme una comunión y entendí que era el regalo que tenía que darle , comentó Huerta ante el juez. Asimismo, declaró que no cobró por diversos servicios que prestó para actos del PP, como mítines de campañas electorales y otras celebraciones del partido en diferentes municipios.
Cuando me lo encargaban sabía que no me iban a pagar pero si exigías el cobro te complicaban la vida y decían mira este se ha puesto tonto o cuidado con este , señaló el empresario, describiendo la presión que sentía para no reclamar el pago de estos servicios.
A pesar de haber sido favorecido con numerosas adjudicaciones, Huerta aseguró que los ayuntamientos que le contrataron acumularon una gran deuda con su empresa, lo que finalmente condujo a su quiebra. Cuando pasó lo de la Púnica yo ya no tenía ni para comer y tuve que ponerme a trabajar de camarero , lamentó.
En sus conclusiones provisionales, la fiscal solicita una pena de seis años de prisión para Francisco Granados por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación.
Dos de los catorce acusados, José Miguel Moreno, alcalde de Valdemoro entre 2003 y 2011, y Ricardo Godino, exconcejal de Festejos de Moraleja de Enmedio, alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía al inicio del juicio. Este acuerdo implica una reducción de la pena solicitada a cambio de confesar los hechos.
Además de Granados, Moreno y Godino, se sientan en el banquillo otros once acusados, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete. También se encuentran acusados los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza, Ciempozuelos María Ángeles Herrera, Móstoles Esteban Parro (también exsenador) y Daniel Ortiz, así como Carlos Alberto Estrada, exalcalde de Moraleja de Enmedio. La investigación continúa desvelando detalles sobre la presunta trama de corrupción que involucra a altos cargos del PP y a empresas que se beneficiaron de adjudicaciones irregulares a cambio de favores y pagos ilícitos.
