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La Corte de Apelaciones de Concepción ratificó la condena en prisión del exjefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en Concepción, Jorge Mandiola, a pesar de su solicitud de cumplir los 13 años restantes de su condena en su domicilio, argumentando su edad (75 años) y problemas de salud. La decisión judicial se produce en un contexto de controversia, ya que el Programa Nacional de Derechos Humanos del gobierno del presidente José Antonio Kast no presentó alegatos en contra de la petición de Mandiola, marcando el segundo caso de este tipo durante su mandato.
Mandiola fue condenado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo como autor de cuatro homicidios calificados, perpetrados en 1984 durante la Operación Alfa Carbón contra miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Las víctimas fueron Nelson Herrera Riveras, Luciano Aedo Arias, Mario Lagos Rodríguez y Mario Mujica Barros. La Corte Suprema ratificó la sentencia en marzo de 2024, y Mandiola actualmente cumple su condena en la cárcel de Casablanca, en Valparaíso.
Los magistrados de la Corte de Apelaciones, en su fallo unánime, argumentaron que la edad y el estado de salud de Mandiola no justifican la modificación de su condena. Subrayaron que la pena privativa de libertad impuesta no constituye una afrenta a su dignidad, y enfatizaron la importancia de considerar la naturaleza de los delitos cometidos. Es importante tener presente que en este caso no se trata de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad y, conforme a ello, se debe poner especial atención si la resolución permite o no cumplir con las obligaciones del Estado referidas a la sanción proporcional y efectiva respecto de este tipo de hechos punibles, lo que conlleva una mayor exigencia para verificar las condiciones que lo permiten , señalaron.
La decisión de la Corte se produjo después de que la jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Constanza Garrido, ordenara la retirada del abogado de su unidad que se había anunciado para alegar en contra de la apelación de Mandiola. Esta acción impidió que el Programa Nacional de Derechos Humanos presentara argumentos legales para mantener al exjefe de la CNI en prisión.
El abogado defensor de Jorge Mandiola, Juan Carlos Manns, argumentó que su representado, de 75 años, sufre de diversas afecciones de salud, incluyendo diabetes, presión arterial y glaucoma, y que podría recibir una mejor atención médica y apoyo familiar en su domicilio. Sin embargo, el tribunal no consideró estos argumentos suficientes para justificar la modificación de la condena.
Patricio Robles, abogado representante de una de las víctimas, calificó la decisión del gobierno de Kast como lamentable y evidenció una postura favorable a los condenados por delitos de lesa humanidad, generando instancias de impunidad. Robles enfatizó que Mandiola debe continuar cumpliendo su condena en prisión, considerando la gravedad de los crímenes que cometió.
El caso de Mandiola se suma al de César Manríquez, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuya condena también fue permitida ser cumplida en su domicilio, sin la oposición del Programa de Derechos Humanos del gobierno. La Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos denunció que la autoridad de la subsecretaría instruyó no apelar la decisión en el caso de Manríquez, lo que contraviene las obligaciones del Estado y el mandato legal de la institución.
La Operación Alfa Carbón, en la que Mandiola desempeñó un papel clave como jefe de la CNI en Concepción, resultó en la ejecución de cuatro miembros del MIR en agosto de 1984. Según la sentencia judicial, Mandiola identificó y reportó a sus superiores la presencia de células operativas del MIR en la zona, lo que llevó a la orden de un operativo para neutralizar a los militantes.
El 23 de agosto de 1984, agentes de la CNI interceptaron a Luciano Aedo, Nelson Herrera y Mario Lagos en Talcahuano. Aedo fue ejecutado tras ser baleado por un agente, mientras que Herrera y Lagos fueron asesinados después de que el bus en el que viajaban fuera detenido y atacado con bombas lacrimógenas. Herrera fue ejecutado a punto de bala por un agente mientras era trasladado al Hospital Regional de Concepción, por orden del jefe de las Unidades Regionales de la CNI, Marcos Derpich.
Ese mismo día, otro grupo de agentes allanó el domicilio de Mario Mujica y lo ejecutó tras recibir la orden de reventar la operación una vez que se confirmaran los resultados de los otros procedimientos. La orden fue dada por Jorge Mandiola, quien, en su calidad de jefe, aprovechó un reporte en Radio Biobío sobre supuestos enfrentamientos en Concepción como señal para ejecutar a Mujica.
La Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia no ha emitido declaraciones sobre las razones que motivaron la decisión de impedir que un abogado de su equipo presentara alegatos en el caso de Mandiola. Este silencio ha generado críticas y preocupaciones sobre el compromiso del gobierno de Kast con la justicia y los derechos humanos en casos relacionados con violaciones cometidas durante la dictadura militar.
