La Fiscalía de Responsabilidad Juvenil de Moreno-General Rodríguez avanza con medidas contundentes frente a la reciente ola de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia de Buenos Aires. La fiscal Alejandra Piqué, junto con Érica Chiessi y Solange Castelli, solicitó embargos a los padres de los alumnos identificados como autores de las intimidaciones, una estrategia que se replica en otras jurisdicciones del país.
La investigación se intensificó tras recibir 70 denuncias de directores de establecimientos educativos en un solo día, el pasado jueves. De ese total, se identificó a siete menores involucrados, dos de ellos mayores de 16 años y, por lo tanto, penalmente responsables. Este martes, la DDI local llevó a cabo siete allanamientos, con resultados positivos: se secuestraron armas que coinciden con las exhibidas en redes sociales por los estudiantes investigados, además de celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos.
Los sospechosos fueron notificados del delito de intimidación pública y deberán presentarse a indagatoria este miércoles, acompañados por sus padres. La jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino, deberá determinar la imposición de los embargos. El monto exacto aún no está definido y será calculado por la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, siguiendo el precedente de los casos de amenazas de bomba registrados entre 2018 y 2019.
La medida busca cubrir los costos generados por las investigaciones, los procedimientos policiales y los cambios en los protocolos de seguridad implementados en las escuelas. A diferencia de situaciones anteriores, las clases no fueron suspendidas, pero se considerarán los gastos derivados de la respuesta a las amenazas.
La decisión de responsabilizar económicamente a las familias no es exclusiva de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Santa Fe ya adoptó una postura similar, estimando que cada operativo de seguridad en una escuela implica un costo de entre cinco y seis millones de pesos. Además, los antecedentes negativos generados por estos hechos podrían afectar la posibilidad de obtener permisos de viaje o certificados en el futuro.
La jefatura de Policía de Corrientes emitió un comunicado reafirmando su política de tolerancia cero ante las intimidaciones y la incitación a la violencia en las escuelas. Los responsables serán investigados bajo el artículo 149 bis del Código Penal Argentino, y se recordará a los padres o tutores su responsabilidad civil por los daños causados por sus hijos, en virtud del artículo 1754 del Código Civil y Comercial.
Este último texto legal establece que los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos .
La Justicia de Mar del Plata también se sumó a esta línea de acción, dispuesta por el fiscal general Fabián Fernández Garello, ordenando que los padres de los estudiantes autores de las amenazas asuman los gastos de los operativos policiales y los posibles daños ocasionados.
El incremento de las amenazas a escuelas en la provincia de Buenos Aires se manifestó con un pico de 65 denuncias en un solo día, la mayoría a través de carteles colocados en los baños escolares. Este fenómeno ha generado una gran preocupación entre las autoridades educativas y los padres, quienes exigen medidas más efectivas para garantizar la seguridad de los alumnos.
La fiscalía enfatizó que la investigación continúa para determinar el alcance total de las amenazas y la posible participación de otros individuos. Se busca identificar si las acciones fueron coordinadas o si se trata de casos aislados. La colaboración entre las diferentes jurisdicciones y las fuerzas de seguridad es fundamental para abordar esta problemática de manera integral.
Las autoridades instan a los padres a estar atentos al comportamiento de sus hijos y a fomentar la comunicación abierta para prevenir situaciones como estas. También se recomienda a los alumnos denunciar cualquier amenaza o sospecha a las autoridades escolares o policiales. La seguridad en las escuelas es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de toda la comunidad educativa.
La aplicación de embargos a los padres, aunque controversial, se presenta como una medida disuasoria para evitar que se repitan estos hechos y para responsabilizar a los adultos por la falta de supervisión y control sobre sus hijos. La justicia busca enviar un mensaje claro de que las amenazas a la seguridad escolar no serán toleradas y que los responsables deberán asumir las consecuencias de sus actos.
