Un tribunal salvadoreño inició el martes un juicio masivo contra 486 presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), en lo que constituye uno de los procesos judiciales colectivos más extensos desde que el presidente Nayib Bukele implementó un régimen de emergencia para combatir la violencia de las pandillas. Los fiscales acusan a los detenidos de ser responsables de más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo un fin de semana particularmente sangriento que marcó uno de los periodos más violentos en El Salvador desde el fin de su guerra civil.
Entre los cargos que enfrentan los acusados se encuentran homicidio, feminicidio, extorsión y tráfico de armas. El estado de emergencia, que entró en vigor en 2022 y ha sido renovado en múltiples ocasiones, ha permitido a las fuerzas de seguridad arrestar a más de 91,500 personas. Paralelamente, el Congreso salvadoreño aprobó una legislación que autoriza la realización de estos juicios masivos.
La iniciativa de Bukele ha generado una fuerte controversia, y grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por las posibles violaciones al debido proceso. Argumentan que los juicios colectivos impiden a los acusados el acceso a una defensa legal adecuada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró el martes su inquietud por las violaciones de derechos humanos vinculadas al prolongado estado de emergencia, instando a su terminación como estrategia para combatir el crimen.
En un comunicado, la CIDH señaló que el régimen actual suspende los derechos de defensa jurídica y la inviolabilidad de las comunicaciones, y además amplía los plazos de detención administrativa . Estas preocupaciones se suman a las ya existentes sobre las condiciones de detención y el trato que reciben los acusados.
Los 486 imputados se encuentran actualmente recluidos en cinco centros penitenciarios, incluyendo el Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT), una prisión de máxima seguridad inaugurada en 2023 por la administración de Bukele. CECOT se ha convertido en un símbolo de la política de mano dura contra las pandillas en El Salvador.
Durante la apertura del juicio, los fiscales presentaron pruebas como informes de autopsias, análisis balísticos y testimonios de testigos. Solicitan al juez que imponga la pena máxima de prisión por cada delito imputado. Un solo acusado podría enfrentar una condena de hasta 245 años de prisión si es hallado culpable de todos los cargos en su contra.
El grupo de acusados incluye a presuntos líderes de pandillas que estuvieron involucrados en la tregua alcanzada entre el gobierno y las pandillas durante la presidencia de Mauricio Funes, entre 2012 y 2014. Esta tregua, que inicialmente redujo la violencia, finalmente se desmoronó y las pandillas retomaron sus actividades criminales.
El gobierno de Bukele ha defendido las medidas enérgicas implementadas bajo el estado de emergencia, argumentando que han logrado una reducción significativa en la tasa de homicidios. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios en 2023 se situó en 1,3 por cada 100,000 habitantes, en comparación con los 7,8 registrados en 2022. Sin embargo, esta reducción en la violencia ha sido acompañada de denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad y violaciones a los derechos humanos.
La comunidad internacional observa de cerca el desarrollo de este juicio masivo y las implicaciones del estado de emergencia en El Salvador. La CIDH y otras organizaciones de derechos humanos continúan instando al gobierno salvadoreño a garantizar el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales de todos los acusados, incluso aquellos presuntamente vinculados a actividades criminales. El caso plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los derechos individuales en el contexto de la lucha contra la violencia de las pandillas. La decisión del tribunal tendrá un impacto significativo en el futuro de la política de seguridad de El Salvador y en la percepción de su compromiso con el estado de derecho.
