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Este jueves, Paraguay recibirá el primer avión proveniente de Estados Unidos con migrantes de terceros países deportados, como parte del acuerdo migratorio firmado entre ambos gobiernos. La llegada de este vuelo marca el inicio de la implementación del Acuerdo de Tercer País Seguro, suscrito en agosto por el Departamento de Estado de EE.UU.
Según detalló Carlos Vera, jefe de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) de Paraguay, en una conferencia de prensa, la primera etapa del acuerdo contempla la recepción de 25 migrantes por mes. Vera enfatizó que cada caso será evaluado individualmente para asegurar que solo aquellos que cumplan con los criterios establecidos sean admitidos en el país.
El proceso de revisión será riguroso. Las autoridades estadounidenses enviarán a la Conare un manifiesto con los datos de los migrantes propuestos para la deportación, otorgando a Paraguay un plazo de 72 horas para analizar la información y emitir una resolución. Hasta el momento, las nacionalidades de los migrantes que llegarán el jueves no han sido reveladas, aunque Vera indicó que son de la región y de habla hispana.
Una vez en Paraguay, se consultará a los migrantes sobre su deseo de permanecer en el país o regresar a sus países de origen. Aquellos que opten por quedarse podrán iniciar los trámites para solicitar refugio, a través de la ley de refugio y los procedimientos establecidos por la Conare. El objetivo es determinar si cumplen con los requisitos para ser considerados refugiados, es decir, si son perseguidos por motivos de raza, religión o sexo.
Robert Alter, encargado de negocios de EE.UU. en Asunción, aclaró que los migrantes que llegarán a Paraguay no tienen solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos . Este punto es crucial, ya que el acuerdo se centra en aquellos que ya han sido procesados y no tienen derecho a permanecer en EE.UU. bajo las leyes de asilo actuales.
La Organización Internacional de Migraciones (OIM) brindará asistencia humanitaria inmediata a los migrantes deportados, incluyendo alojamiento, alimentación y atención médica de emergencia. Esta colaboración es fundamental para garantizar que los migrantes reciban la ayuda necesaria durante su transición y proceso de evaluación en Paraguay.
El acuerdo con Paraguay fue el primero de su tipo firmado por la administración de Trump en su segundo mandato, en el contexto de una política migratoria más restrictiva. Posteriormente, Belice y Ecuador también se sumaron a este tipo de acuerdos. Otros países, como Panamá y Costa Rica, han aceptado vuelos de Estados Unidos con deportados de otros países, aunque sin formalizar acuerdos de tercer país seguro . Washington también ha firmado acuerdos de deportación con El Salvador, Sudán del Sur, Ruanda, Guinea Ecuatorial, Eswatini y Palau, aunque algunos de estos intentos han enfrentado obstáculos legales.
El acuerdo con Paraguay ha generado debate sobre su legalidad y sus implicaciones humanitarias. Críticos argumentan que el acuerdo podría poner en riesgo a los migrantes, al enviarlos a un país que no es su país de origen y que podría no tener los recursos necesarios para brindarles una protección adecuada. También se cuestiona si Paraguay cumple con los estándares internacionales para ser considerado un tercer país seguro .
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, defendió el acuerdo, afirmando que ofrece a los solicitantes de asilo la oportunidad de tramitar sus solicitudes de protección en Paraguay. Rubio también resaltó que uno de los objetivos del acuerdo es poner fin al abuso del sistema de asilo , una preocupación constante de la administración de Trump.
El acuerdo de tercer país seguro con Paraguay se enmarca en una estrategia más amplia de la administración de Trump para reducir la inmigración y endurecer las políticas de asilo en Estados Unidos. Esta estrategia ha incluido la construcción de un muro en la frontera con México, la separación de familias migrantes y la implementación de políticas que dificultan la obtención de asilo.
La llegada del primer vuelo de migrantes deportados a Paraguay representa un desafío para el gobierno paraguayo, que deberá garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes y brindarles la asistencia necesaria. También será importante monitorear la implementación del acuerdo y evaluar sus impactos a largo plazo. La comunidad internacional estará atenta a la forma en que Paraguay gestione esta situación, ya que podría sentar un precedente para otros países que consideren firmar acuerdos similares con Estados Unidos.
La conferencia de prensa fue encabezada por Carlos Vera, jefe de Conare, junto al director de Migraciones, Jorge Kronawetter, y el encargado de negocios de EE.UU. en Asunción, Robert Alter, quienes brindaron detalles sobre el operativo y los procedimientos que se seguirán para la recepción y evaluación de los migrantes. La situación plantea interrogantes sobre la responsabilidad compartida en la gestión de los flujos migratorios y la protección de los derechos de las personas que buscan refugio.
