El Congreso aprobó este martes una nueva extensión del estado de excepción constitucional de emergencia en La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, a pesar de las fuertes críticas de parlamentarios y sectores productivos sobre su efectividad. La prórroga, que continúa una política iniciada en el gobierno anterior, fue aprobada con 105 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones en la Cámara de Diputadas y Diputados, y con 32 votos a favor y dos en contra, junto a tres abstenciones en el Senado.
La votación estuvo marcada por un intenso debate, donde la diputada Gloria Naveillán, del Partido Nacional Libertario, realizó duras acusaciones contra el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Naveillán, quien previamente militó en el Partido Republicano, cuestionó la falta de planificación y resultados concretos en materia de seguridad en la Macrozona Sur. La misma mugre de siempre. Los militares están parados como palitroques en las carreteras, porque si no tienen un carabinero al lado, no pueden ni siquiera detener un vehículo sin patente , declaró la diputada durante la sesión en la Cámara Baja, frente a la presencia de ministros del Ejecutivo.
La parlamentaria acusó al gobierno de generar una falsa sensación de seguridad y de no responder a las necesidades reales de la región. Por favor les pido, señores ministros: paren de mandarnos cosas inútiles. Basta de reírse en nuestra cara. Ustedes prometieron seguridad, pero no tienen ninguna planificación de seguridad. Son una verg enza , agregó.
Ante estas críticas, el ministro de Defensa, Fernando Barros, llamó a la prudencia, señalando que la violencia en la región tiene raíces históricas que se remontan a 1997. Los hechos de violencia comienzan el año 97, estamos cercanos a los 30 años de situaciones que han ido escalando. Y si se ha logrado un manejo y una disminución, ha sido precisamente en los últimos años y a propósito de las acciones coordinadas , argumentó el ministro.
Barros reconoció que el gobierno lleva menos de 30 días hábiles en el cargo y que se está analizando la situación con todas las entidades involucradas. Sin embargo, se negó a dar detalles sobre las acciones que se están implementando, argumentando que esto sería la negación de las mismas . Les pido con todo respeto que no pretendan resultados en 30 días ni en 60 días , añadió.
Por su parte, el diputado José Montalva, del PPD, hizo un llamado a las autoridades nacionales a replantear la estrategia de seguridad y a buscar un desescalamiento del estado de excepción . Montalva enfatizó que la violencia, especialmente la rural y el crimen organizado, se combate adelantándose y no actuando reactivamente .
Las críticas no se limitaron al ámbito parlamentario. Desde el sector agrícola, Sebastián Naveillán, líder de la Asociación de Agricultores Malleco A.G., expresó su descontento con la continuidad de la política actual. Como sector agrícola de Malleco esperamos cambios reales, no que solamente queden en el discurso. Necesitamos que los militares tengan más autoridad, tengan más libertad de poder ir en contra de todos los terroristas , declaró el dirigente.
Antonio Soto, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), también se pronunció al respecto, señalando que la Macrozona Sur sigue enfrentando hechos de violencia rural, como ataques a trabajadores, incendios intencionados y usurpaciones, junto con una baja efectividad en la persecución penal, lo que genera una sensación de impunidad .
La aprobación de la prórroga del estado de excepción se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la región, donde los ataques a trabajadores agrícolas, la tala ilegal y las usurpaciones de tierras continúan siendo un problema persistente. El gobierno ha defendido la medida como una herramienta necesaria para restablecer el orden y proteger a la población, mientras que la oposición y sectores de la sociedad civil han cuestionado su efectividad y han planteado la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia.
La extensión del estado de excepción implica la presencia continua de militares en las calles, la restricción de ciertos derechos y libertades civiles, y la entrega de mayores facultades a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la falta de resultados concretos en la reducción de la violencia y las críticas sobre la actuación de las fuerzas armadas han generado dudas sobre la pertinencia de mantener la medida a largo plazo.
El debate sobre la seguridad en La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío continúa abierto, y se espera que la discusión se intensifique en los próximos meses, a medida que el gobierno implemente sus nuevas estrategias y se evalúen sus resultados. La búsqueda de una solución integral que aborde tanto los aspectos de seguridad como los sociales y económicos de la región sigue siendo un desafío pendiente para las autoridades y la sociedad chilena. La promesa de seguridad, repetida durante la campaña electoral, se enfrenta ahora a la dura realidad de una región marcada por la violencia y la impunidad.
