El poder judicial de Irán negó el martes que ocho mujeres detenidas en el país se enfrenten a una inminente ejecución, tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump instando a Teherán a liberarlas. La respuesta del gobierno iraní califica las afirmaciones de Trump como basadas en noticias falsas .
Organizaciones de derechos humanos han documentado que al menos una mujer arrestada en relación con las protestas de enero en Irán ha sido condenada a muerte, mientras que al menos otra enfrenta cargos que podrían resultar en la pena capital. Esta situación ha generado preocupación a nivel internacional y ha provocado la intervención de figuras como el presidente Trump.
Mizan Online, el sitio web oficial del poder judicial iraní, afirmó que Trump ha sido engañado una vez más por noticias falsas . La declaración detalla que, de las mujeres que se decía estaban a punto de ser ejecutadas, algunas ya han sido liberadas, mientras que otras se enfrentan a cargos que, en caso de ser confirmadas las condenas, resultarían en penas de prisión, no en ejecuciones.
La controversia se intensificó cuando Trump utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por el destino de las mujeres, sugiriendo que su liberación podría ser un gesto positivo para Irán en futuras negociaciones. El presidente republicó una publicación de un activista que afirmaba que ocho mujeres se enfrentaban a la horca, acompañada de fotografías de las mujeres en cuestión.
La disidente iraní radicada en Estados Unidos, Masih Alinejad, reveló en la plataforma X los nombres de las ocho mujeres mencionadas. Todas fueron arrestadas en conexión con las protestas de enero, las cuales, según activistas, fueron reprimidas violentamente por las autoridades iraníes, resultando en miles de muertos. Alinejad destacó que una de las detenidas tenía apenas 16 años al momento de su arresto.
Entre las mujeres identificadas se encuentra Bita Hemmati, quien fue condenada a muerte junto con tres hombres, incluido su esposo. Fueron acusados de arrojar bloques de hormigón desde un edificio residencial contra las fuerzas de seguridad en Teherán, según informes de varias organizaciones de derechos humanos a principios de abril. La gravedad de los cargos y la sentencia impuesta han generado indignación y llamados a la clemencia.
Otra de las mujeres en las fotografías republicadas por Trump es Mahboubeh Shabani, de 32 años. La organización de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, informó que Shabani fue acusada del delito capital de hacer la guerra contra Dios por utilizar su motocicleta para transportar a manifestantes heridos en la ciudad de Mashhad. La acusación, considerada por muchos como desproporcionada y políticamente motivada, subraya la severidad con la que las autoridades iraníes han reprimido las protestas.
Las ejecuciones en Irán han sido objeto de constante preocupación por parte de la comunidad internacional. Según datos recopilados por las organizaciones no gubernamentales Iran Human Rights (IHR) y Juntos Contra la Pena de Muerte, las autoridades iraníes ejecutaron al menos 1.639 personas en 2025, incluyendo a 48 mujeres. Estas cifras revelan una tendencia alarmante al aumento de las ejecuciones, especialmente en el contexto de las tensiones políticas con Estados Unidos e Israel.
Los grupos de derechos humanos denuncian que la República Islámica utiliza la pena de muerte como una herramienta para infundir miedo en la sociedad y reprimir la disidencia política. Acusan al gobierno iraní de intensificar las ejecuciones de presos políticos en un intento de desestabilizar a la oposición y consolidar su poder. La situación de las mujeres detenidas en relación con las protestas de enero se considera particularmente preocupante, ya que enfrentan cargos graves y la posibilidad de ser ejecutadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión.
La controversia entre Trump y Teherán pone de manifiesto la compleja situación de los derechos humanos en Irán y la necesidad de una mayor presión internacional para garantizar el respeto de las libertades fundamentales y el fin de las ejecuciones arbitrarias. La comunidad internacional observa de cerca el caso de las ocho mujeres y exige transparencia en los procesos judiciales y garantías para su seguridad y bienestar. La respuesta del poder judicial iraní, negando la inminencia de las ejecuciones, no ha logrado disipar las preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos, que siguen instando a una investigación independiente y a la revisión de las condenas impuestas a las mujeres detenidas.
