Un procedimiento de fiscalización en el marco de la campaña de erradicación de la mosca de la fruta generó controversia en la provincia del Limarí, luego de que un agricultor denunciara demoras y contradicciones durante el traslado de un cargamento de uva en la comuna de Monte Patria. El incidente, ocurrido el pasado 15 de abril, pone en evidencia las dificultades que enfrentan los productores locales para cumplir con los estrictos protocolos sanitarios y comercializar sus productos.
Según el relato del agricultor afectado, la fiscalización de seis cajas de uva provenientes de un predio en el sector de El Maqui, zona bajo medidas cuarentenarias, se extendió por casi dos horas. A pesar de presentar la documentación requerida, el productor asegura que se le plantearon diversas objeciones al aviso de despacho, al tipo de embalaje utilizado y a la validez de los documentos presentados. Finalmente, tras acreditar el cumplimiento de todos los requisitos, se le autorizó a continuar con el traslado.
El agricultor expresó su descontento con la forma en que se aplicó el procedimiento, argumentando que ante dudas sanitarias, lo correcto sería una retención formal de la carga, en lugar de una sugerencia de devolución. Además, criticó la falta de claridad en los protocolos y la comunicación deficiente hacia los productores.
Dirigentes agrícolas locales respaldaron la denuncia, advirtiendo que este tipo de situaciones podrían ser más comunes de lo que se cree. Fidel Salinas, presidente del sindicato de pequeños agricultores de El Palqui, señaló que han recibido reportes de otros productores que han experimentado dificultades para trasladar y comercializar sus productos.
Los productos no pueden esperar, y cuando hay retrasos, terminan perdiendo valor o incluso se pierden , enfatizó Salinas, destacando el impacto económico negativo que estas demoras pueden generar, especialmente en productos perecibles como la uva. Asimismo, el dirigente agrícola subrayó la necesidad de mejorar la coordinación entre los organismos involucrados en el sector, incluyendo el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y otras instituciones relevantes.
Alejandra Marín, gerente de la Sociedad Agrícola del Norte, confirmó que han transmitido al SAG las preocupaciones del sector, especialmente en relación con los plazos de tramitación para el traslado de fruta. Nos hemos reunido con el SAG para manifestar las preocupaciones de los agricultores por los plazos de tramitaciones para trasladar la fruta. Esta es una situación muy difícil cuando se compromete la producción e ingresos de quienes resultan afectados por la plaga , declaró Marín.
Sin embargo, la gerente también reconoció que el SAG está realizando esfuerzos para abordar la problemática y enfatizó la importancia de que los productores cumplan con los procedimientos establecidos y soliciten las autorizaciones con anticipación.
Por su parte, el director regional (s) del SAG, Luis Alfonso Morales, defendió el procedimiento aplicado en el control, asegurando que se ajustó a la normativa vigente y a los protocolos establecidos en la campaña de erradicación de la mosca de la fruta. Morales explicó que las fiscalizaciones se realizan en virtud de las facultades que otorga la legislación sanitaria, con el objetivo de verificar tanto los requisitos administrativos como las condiciones del traslado de productos agrícolas, evitando así riesgos de dispersión de plagas.
Respecto al tiempo de espera prolongado, Morales atribuyó la demora a la necesidad de corroborar que el destino declarado de la carga cumpliera con las condiciones exigidas por la normativa. Precisó que la detención fue una medida preventiva que se levantó una vez validados todos los antecedentes, autorizando finalmente el traslado.
El SAG enfatizó que estos controles forman parte de un procedimiento estándar en zonas bajo campaña sanitaria y que su objetivo principal es resguardar el patrimonio fitosanitario del país, especialmente en contextos donde existe riesgo de propagación de la mosca de la fruta. En este sentido, instaron a los agricultores y a la comunidad a colaborar con las fiscalizaciones y a no realizar traslados de fruta sin la autorización del SAG y la documentación obligatoria.
No obstante, el servicio reconoció la importancia de fortalecer los canales de comunicación con los usuarios y se mostró dispuesto a mejorar la entrega de información a los agricultores para facilitar el cumplimiento de los requisitos establecidos. La situación pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de controlar la propagación de plagas y la importancia de garantizar la fluidez del comercio agrícola, especialmente en una región como el Limarí, donde la producción de fruta es una actividad económica fundamental. La búsqueda de un equilibrio entre ambos aspectos se presenta como un desafío clave para las autoridades y los productores locales.
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