El Gobierno nacional reabrió una polémica discusión al enviar al Senado un proyecto de ley que desmantela los pilares de la ley de emergencia en discapacidad, sancionada el año pasado tras un intenso debate legislativo. La iniciativa, firmada por el ministro de Salud Mario Lugones, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, argumenta la necesidad de ajustar el sistema ante una supuesta expansión del número de beneficiarios y una flexibilización de las condiciones que, según el Ejecutivo, no se corresponden con los recursos públicos disponibles.
La presentación del proyecto en la Cámara alta, donde La Libertad Avanza (LLA) cuenta con una correlación de fuerzas más favorable que en Diputados, revive una batalla legislativa que el oficialismo perdió pocos meses atrás. La emergencia en discapacidad, junto con el presupuesto universitario, unificó a la oposición y le costó al Gobierno un capítulo entero del Presupuesto 2026. Ahora, ambos temas vuelven a la agenda, exponiendo tensiones internas dentro del propio oficialismo.
El proyecto se centra en tres ejes principales: el acceso a las pensiones, el sistema de prestaciones y los controles. En cuanto al acceso a las pensiones, se mantiene el monto actual equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio , pero se abandona el criterio de protección social basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En su lugar, se vuelve a un esquema de invalidez laboral, limitando el acceso a aquellos que estén imposibilitados de trabajar, excluyendo a quienes combinan discapacidad con inserción laboral parcial. Además, la pensión dejará de ser compatible con el empleo formal, estableciendo una incompatibilidad total con cualquier vínculo laboral registrado o inscripción tributaria.
El segundo eje apunta al sistema de prestaciones, eliminando los aranceles únicos y universales el nomenclador que fijaban valores homogéneos a nivel nacional. En adelante, los precios de terapias, acompañantes, centros de día o transporte quedarán sujetos a negociaciones entre obras sociales, prepagas y prestadores. El Estado solo intervendrá como financiador directo, como en Incluir Salud o PAMI, con actualizaciones trimestrales que no estarán atadas automáticamente a la inflación, como sí lo establece la ley de emergencia. Esto podría implicar un rezago en los valores de las prestaciones.
La eliminación del nomenclador impacta directamente en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), financiado con el 15% de los aportes de obras sociales y prepagas, que actualmente garantiza valores homogéneos y ayuda a cubrir los costos, especialmente en las entidades con menor capacidad financiera. Al desregular los aranceles, se fragmentaría el sistema y se debilitaría el mecanismo de redistribución, favoreciendo a las grandes prepagas en detrimento de las obras sociales más pequeñas.
Finalmente, el proyecto endurece los controles, estableciendo auditorías con cruces de datos entre Anses y ARCA, que podrían derivar en suspensiones preventivas ante inconsistencias. Además, se define un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios en un plazo de 90 días, con la amenaza de perder la prestación si no se actualiza la información.
La iniciativa expone tensiones internas dentro del Gobierno. El ministro Lugones responde al asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo vínculo con Karina Milei atraviesa un punto de fricción, según fuentes oficiales. Esta situación refleja las diferencias de estrategia entre el ala caputista , que impulsa reformas sin contemplaciones, y el sector alineado con la secretaria general, que busca administrar los tiempos políticos.
El antecedente reciente no es favorable para el oficialismo. El año pasado, Martín Menem, entonces presidente de la Cámara de Diputados, intentó evitar una derrota ofreciendo un aumento a los prestadores, pero finalmente se avanzó en otra dirección, resultando en una votación adversa.
En el Senado, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, deberá ordenar la estrategia y contener las resistencias que ya comienzan a aflorar. En el entorno de Menem habían anticipado que el tema volvería a discutirse este año, pero con un enfoque centrado en controles más estrictos sobre las pensiones. Sin embargo, el proyecto actual va más allá, reabriendo el núcleo del conflicto: el monto de las prestaciones.
El margen político del Gobierno es estrecho. Solo un puñado de aliados provinciales, de Pro y la UCR, acompañaron al oficialismo en los intentos previos de frenar aumentos e indexaciones para prestadores. En paralelo, sigue abierto el frente judicial en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde el exdirector Diego Spagnuolo quedó bajo investigación por presuntos pedidos de coimas a empresarios proveedores de insumos. La causa, a cargo del fiscal Franco Piccardi, involucra a Karina Milei y Eduardo Lule Menem, añadiendo ruido a una discusión ya de por sí sensible.
Organizaciones y familias de personas con discapacidad ya convocaron a una movilización para el miércoles frente al Ministerio de Salud, anticipando una posible escalada del conflicto. La iniciativa del Gobierno, fundamentada en la necesidad de ajustar el gasto público, promete reavivar un debate que podría tener consecuencias significativas para miles de personas con discapacidad en todo el país.
