Las críticas al Decreto Ejecutivo No. 10, que regula las plataformas digitales de transporte selectivo como Uber, se intensifican desde diversos sectores, quienes denuncian que la norma favorece a las prestatarias tradicionales y limita la libre competencia. La medida ha desatado un debate nacional sobre la modernización del sector y la posible perpetuación de un modelo de intermediación considerado obsoleto y corrupto.
El diputado de la coalición Vamos, Neftalí Zamora, calificó el decreto como un retroceso, cuestionando su impacto en los usuarios y defendiendo la necesidad de una reforma que se adapte a las nuevas tendencias del transporte. La modernización del sector pasa por una reforma que entienda las nuevas tendencias del transporte y desmonte el obsoleto modelo de prestatarias o concesionarias , afirmó Zamora.
Juan Diego Vásquez, también de Vamos, fue aún más directo, señalando que el problema central no radica en la tecnología en sí, sino en el modelo de intermediación que ha dominado el transporte selectivo en Panamá durante años. Hay que romper con el sistema de prestatarias y/o concesionarias que está dominado por los amigos del Presidente. Todo lo demás es cuento. Denle el machete al conductor. Eliminemos trámites que generan corrupción , sostuvo Vásquez, denunciando la existencia de un sistema controlado por intereses políticos y económicos.
El exdiputado y exministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, se sumó al rechazo tras analizar el contenido del decreto, considerándolo una respuesta inadecuada a las necesidades actuales del país y solicitando su derogación inmediata. Puedo concluir, una vez más, que quien lo redactó o recomendó al Presidente firmar eso, no estaba pensando en el país, sino en seguir protegiendo los intereses del pasado para beneficiar a las prestatarias , expresó Carles, cuestionando la motivación detrás de la regulación.
La crítica no se limita a los políticos. Ovigildo Herrera, exdirector de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), denunció el control histórico de intereses particulares sobre la actividad del transporte, afirmando que Hace años lo tienen secuestrado y el director de ATTT que intenta frenarlos lo destituyen . Esta declaración pone de manifiesto las dificultades para implementar cambios en un sector marcado por la influencia de grupos de poder.
En redes sociales, el rechazo al decreto ha tomado fuerza, con análisis que señalan la obligatoriedad de afiliación de los conductores a prestatarias como una forma de institucionalizar la intermediación tradicional. Juan Escudero, un ciudadano activo en la plataforma X, calificó el decreto como un monumento a la mediocridad y un golpe de Estado a la libertad del consumidor panameño . Escudero argumenta que esta disposición representa un peaje al trabajador independiente y consolida un modelo de burocracia y clientelismo.
Escudero también cuestionó la exigencia de una licencia profesional tipo E-1 y la limitación del registro únicamente a nacionales, argumentando que estas medidas desvirtúan el modelo de economía colaborativa y elevan las barreras de entrada para quienes buscan generar ingresos a través de plataformas digitales. Estas restricciones, según el analista, dificultan la participación de nuevos actores y perpetúan el control de los existentes.
La convergencia de las críticas apunta a que la actualización que impulsa el gobierno se asemeja al sistema tradicional de transporte público selectivo, ahora bajo la denominación de Taxi de Lujo (TL). El decreto define el Taxi de Lujo (TL) como un servicio solicitado mediante herramientas digitales con tarifas especiales pagadas electrónicamente o en efectivo, lo que, según los críticos, no representa una verdadera innovación sino una adaptación del modelo antiguo.
La polémica ha llegado al punto de que se acusa al gobierno de proteger los intereses de las prestatarias tradicionales en detrimento de la competencia y los derechos de los consumidores. La falta de transparencia en la elaboración del decreto y la posible influencia de grupos de poder han alimentado las sospechas y generado un clima de desconfianza.
Ante la creciente presión, el presidente José Raúl Mulino anunció que se reunirá este lunes con las autoridades del Tránsito y del Ministerio de Gobierno para revisar los puntos de vista sobre el decreto. He estado leyendo muchas opiniones sobre Decreto Ejecutivo 10. Lunes me reuniré con autoridades de Attt y @MinGobPma para revisar todos esos puntos de vista. No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio , declaró el presidente a través de su cuenta en redes sociales.
La reunión presidencial se espera con atención, ya que podría marcar un punto de inflexión en el debate sobre la regulación del transporte selectivo en Panamá. La decisión final del gobierno tendrá un impacto significativo en la economía, la competencia y la calidad del servicio para los usuarios. La sociedad panameña observa con expectativa si el gobierno optará por un modelo de transporte moderno y competitivo o si se mantendrá fiel a un sistema de intermediación tradicional y clientelista. El futuro del transporte selectivo en Panamá está en juego.
