Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, ha lanzado acusaciones de fraude electoral, alegando la existencia de un plan denominado “Morrocoy” para manipular los resultados de las elecciones presidenciales del 12 de abril. La denuncia, respaldada por exagentes de inteligencia de la Policía Nacional que colaboran con su campaña, busca la anulación de los comicios y ha generado una fuerte tensión política en el país.
Según la información filtrada a La República, el supuesto plan Morrocoy se basa en tácticas utilizadas en Venezuela durante las elecciones de 2012 y 2018, atribuidas a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, respectivamente. El objetivo sería desincentivar el voto y retrasar el proceso electoral para favorecer a candidatos de izquierda, en este caso, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.
López Aliaga ha señalado como evidencia de este fraude la no instalación de mesas de votación, el hallazgo de material electoral desechado, la lentitud en el conteo de votos y la ampliación del horario de votación debido a fallas logísticas. En una conferencia de prensa el martes 14 de abril, el candidato convocó a una marcha de protesta y exigió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, que anulara la votación en un plazo de 24 horas.
El esquema del plan Morrocoy, reproducido por La República, detalla una estrategia para generar retrasos en el proceso electoral, similar a la lentitud de la tortuga “Morrocoy” de Venezuela, de donde deriva el nombre del plan. Los exagentes de inteligencia que proporcionaron el esquema afirman que el objetivo es desalentar a los electores y afectar el conteo de votos a favor de López Aliaga.
Las fuentes policiales vinculadas a la campaña de López Aliaga también revelaron que el plan busca la destitución o renuncia de Piero Corvetto, de la ONPE, y Roberto Burneo, del JNE, como paso previo a la solicitud de anulación de las elecciones. Alegan que los incidentes reportados durante la votación son tácticas deliberadas para suprimir votos y favorecer a Sánchez.
Sin embargo, expertos electorales consultados por La República han cuestionado la veracidad de estas acusaciones. El psicólogo social y analista político Hernán Chaparro calificó la denuncia de López Aliaga como una campaña de desinformación destinada a generar dudas en la población y desacreditar a las autoridades electorales. Chaparro señaló que el candidato ya había anticipado un discurso de fraude antes de la votación y que la información difundida carece de pruebas concretas.
“Toda desinformación parte de un elemento de realidad que le da similitud, pero no hay ninguna prueba de la supuesta intencionalidad de fraude. De lo que sí hay pruebas son los activistas de López Aliaga que están difundiendo esta información, tratando de buscar dudas sobre la transparencia de las elecciones”, argumentó Chaparro.
El abogado José Tello Alfaro, analista e investigador en temas electorales, describió el plan Morrocoy como un “esquema fantasioso” y enfatizó que los incidentes registrados durante la votación son irregularidades, pero no evidencia de fraude electoral.
La congresista y candidata a la reelección por Renovación Popular, Norma Yarrow, respaldó las acusaciones de López Aliaga, afirmando que el plan Morrocoy está en plena ejecución y que se han agotado la confianza de los votantes con problemas técnicos en las computadoras y retrasos innecesarios en el proceso electoral.
Las denuncias de López Aliaga han generado una fuerte polarización política y han puesto en tela de juicio la legitimidad de las elecciones. La situación se agrava con las amenazas proferidas por el candidato contra las autoridades electorales, incluyendo una declaración en la que insinuó que podría sufrir daños físicos si se le perjudica.
La República ha intentado obtener una respuesta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre las acusaciones de López Aliaga, pero hasta el momento no se ha recibido una declaración oficial.
El caso del supuesto plan Morrocoy recuerda a las denuncias de fraude electoral que han marcado las campañas presidenciales en Venezuela, donde la oposición ha denunciado sistemáticamente el uso de tácticas para manipular los resultados. La difusión de esta narrativa en Perú ha generado preocupación entre los observadores electorales y ha puesto en riesgo la confianza en el sistema democrático.
La situación actual exige una investigación exhaustiva y transparente de las denuncias de López Aliaga, así como una respuesta clara y contundente de las autoridades electorales para garantizar la integridad del proceso electoral y preservar la confianza de los ciudadanos en la democracia. La polarización política y las acusaciones infundadas solo contribuyen a socavar las instituciones y a generar inestabilidad en el país. La transparencia y el respeto a las normas electorales son fundamentales para asegurar que las elecciones sean justas y libres, y que el resultado refleje la voluntad popular.
