El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) enfrenta una situación compleja, marcada por una creciente deuda, recortes presupuestarios y denuncias sobre el deterioro de la atención médica. Mientras el Gobierno asegura que se trata de un ordenamiento y niega una crisis, jubilados y trabajadores del sector advierten sobre un desguace del sistema que afecta directamente el acceso a medicamentos y servicios esenciales.
La deuda de Pami supera los 500 mil millones de pesos, aunque se han realizado desembolsos recientes por 150 mil millones, con la promesa de cubrir el resto. La situación financiera ha generado tensiones con los médicos de cabecera, quienes realizaron un paro de tres días en reclamo por una resolución que reduce significativamente sus honorarios por paciente, implicando un recorte salarial de hasta el 50%.
El ministro de Salud, Mario Lugones, ha defendido la situación de Pami, argumentando que la institución tiene una carga importante debido a la gran cantidad de afiliados mayores de 80 años alrededor de un millón de los cinco millones de beneficiarios totales . Sin embargo, esta explicación no convence a quienes denuncian la falta de acceso a medicamentos y la imposibilidad de cubrir todas las necesidades de salud.
Las últimas intervenciones públicas de Lugones se han centrado en justificar la situación de Pami y respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con quien recorrió el Instituto Malbrán para inaugurar un laboratorio que, según el personal, ya había sido inaugurado previamente. Durante este evento, se denunció un deterioro crítico en la institución, con una pérdida del 45% del poder adquisitivo salarial, una restricción presupuestaria del 25% y la pérdida del 15% del personal.
La escasez de vacunas se suma a la preocupante situación del sistema de salud. Desde la Provincia de Buenos Aires y, más recientemente, desde Córdoba, se han denunciado cortes en el envío de vacunas del calendario obligatorio, como la Triple Viral, BCG y HPV, justo antes de la temporada alta de enfermedades respiratorias.
El Ministerio de Salud atribuyó las demoras en la entrega de vacunas a impactos significativos en la logística global debido a la crisis en el Medio Oriente, citando un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitido el 4 de abril. Sin embargo, la primera advertencia sobre la falta de vacunas provino del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, el 11 de marzo, y municipios como Escobar y San Martín ya han advertido a los vecinos sobre la falta de dosis antigripales.
La Oficina de Respuesta Oficial desmintió las declaraciones de la secretaria de Salud de Córdoba, Liliana Montero, pero admitió que el Ministerio de Salud de la Nación ha redefinido el cronograma de entregas y está buscando alternativas de adquisición local. Esta admisión confirma las dificultades en el suministro de vacunas, a pesar de los intentos del Gobierno por minimizar la situación.
La falta de vacunas también afecta a la vacunación pediátrica contra el Covid-19, que no fue incluida en el Calendario Nacional a pesar de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) y de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). Actualmente, no hay dosis disponibles de la vacuna Moderna para menores de 12 años en los vacunatorios del país. El Ministerio de Salud argumenta que existe un contrato vigente con Pfizer, que no provee vacunas para menores de 12 años, y que las jurisdicciones pueden adquirir las vacunas por su cuenta, como sucede con la vacuna contra el dengue.
La situación se agrava con la fusión del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de endemo-epidemias (Cendie) con el Instituto Nacional de Parasitología, que implicó el despido de 39 directivos, investigadores y administrativos del Malbrán. Como consecuencia, 42.000 vinchucas, cruciales para la investigación y el control del Chagas, quedaron a la deriva en el Hospital Colonia Santa María de Punilla, en Córdoba, tras el despido de las tres personas encargadas de su mantenimiento.
Trabajadores de la Dirección de Zoonosis y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores del Ministerio de Salud alertaron sobre un desguace similar en su sector, con 34 despidos desde enero sobre un total de 200 trabajadores. Denuncian la falta de pago de servicios básicos en algunas bases operativas, la falta de elementos de protección personal, el mantenimiento deficiente del parque automotor y la falta de viáticos para los agentes que trabajan en el terreno. Los salarios promedio de los trabajadores rondan los 800.000 pesos.
La situación es especialmente crítica en provincias como Salta, donde se ha registrado un brote de chikungunya y se ha despedido a uno de los dos técnicos encargados del control de la enfermedad. Los trabajadores temen represalias y se muestran reacios a hablar abiertamente sobre la situación.
Además de los problemas en el sistema de salud, el Gobierno enfrenta reclamos por la falta de pagos al sector de la discapacidad. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, solicitó al ministro de Salud, Mario Lugones, la regularización urgente de los pagos adeudados a los centros especializados que brindan asistencia a personas con discapacidad en el marco del Programa Federal Incluir Salud, por un monto superior a los 2.500 millones de pesos.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, calificó de crueldad inmensa el abandono de los abuelos y las instituciones de discapacidad, y anunció un plan de asistencia de 450 millones de pesos, aunque advirtió que la Provincia no puede cubrir las necesidades indefinidamente.
A pesar de la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, las demoras en los pagos de Incluir Salud y Pami han interrumpido las prestaciones y el acceso a terapias y tratamientos, llevando al colapso del sistema, según denuncian diversos actores. Las organizaciones nucleadas en el Foro Permanente Discapacidad han convocado a un cese de tareas y una movilización al Ministerio de Salud para exigir el pago de las facturas impagas y la actualización de los aranceles.
