Conversaciones entre la empresa Galaga y Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a las que accedió El Comercio, revelarían que el retraso en el traslado y distribución del material electoral se produjo al interior de la misma entidad. Este hallazgo se suma a las declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, quien responsabilizó directamente a la ONPE por las demoras que afectaron el desarrollo de las últimas elecciones.
Según el intercambio de mensajes, la empresa Galaga reportó a Phang Sánchez la disponibilidad de 35 unidades de transporte vacías a las 12:00 a.m., solicitando su apoyo para que puedan ser utilizadas lo antes posible. Este mensaje sugiere que existía una capacidad de transporte disponible que no fue aprovechada a tiempo, lo que contribuyó a la demora en el envío del material electoral.
El contacto registrado en la conversación es Juan Phang Sánchez, quien recibió posteriormente tres llamadas vía WhatsApp: la primera a las 11:44 p.m. del sábado, con una duración de un minuto; la segunda a las 00:31 a.m. del domingo 12 de abril, con una duración de tres minutos; y la tercera a las 00:40 a.m., que duró 52 segundos. La frecuencia y duración de estas llamadas indican un intento de coordinación urgente para resolver el problema de la falta de transporte.
Las revelaciones coinciden con las declaraciones de Roberto Burneo, quien, durante su intervención en el Congreso, afirmó que la ONPE no cumplió con lo prometido en cuanto al traslado del material electoral. La ONPE no cumplió con lo que se había prometido (...) el retraso se ha debido a fallas logísticas de la ONPE , sostuvo el presidente del JNE.
Burneo especificó que el problema no radicaba en la disponibilidad del material electoral en sí, sino en el despliegue del material digital, incluyendo computadoras e impresoras. No era el material electoral en sí, sino el despliegue de material digital, computadoras, impresoras , explicó. Esta precisión apunta a posibles fallas en la planificación y ejecución de la logística relacionada con los equipos electrónicos necesarios para el proceso de votación.
Como consecuencia de los retrasos, la ONPE no logró instalar 187 mesas de sufragio, lo que generó inconvenientes para los votantes y puso en tela de juicio la transparencia y eficiencia del proceso electoral. La falta de instalación de estas mesas podría haber afectado la participación ciudadana y la representatividad de los resultados.
El acceso a estas conversaciones privadas entre Galaga y Phang Sánchez por parte de El Comercio plantea interrogantes sobre la gestión interna de la ONPE y la necesidad de revisar los protocolos logísticos para evitar que situaciones similares se repitan en futuras elecciones. La información sugiere que la demora no fue producto de factores externos, sino de fallas en la coordinación y ejecución de tareas dentro de la propia ONPE.
La situación ha generado críticas y llamados a la rendición de cuentas por parte de diversos sectores políticos y de la sociedad civil. Se exige una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes y adoptar medidas correctivas que garanticen la integridad y eficiencia de los procesos electorales en el futuro.
El incidente también pone de manifiesto la importancia de la transparencia en la gestión de los recursos públicos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para prevenir actos de negligencia o corrupción que puedan afectar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. La revisión de los procesos internos de la ONPE y la implementación de medidas de mejora son fundamentales para asegurar que las próximas elecciones se desarrollen de manera fluida y transparente.
La revelación de este chat y las declaraciones del presidente del JNE han abierto un debate sobre la capacidad de la ONPE para organizar y ejecutar elecciones de manera eficiente y confiable. Se espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y adopten las medidas necesarias para garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo de acuerdo con los estándares de calidad y transparencia que exige la ciudadanía.
