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ACUERDO SILENCIADO: Vox abandona promesa clave en Extremadura

ACUERDO SILENCIADO: Vox abandona promesa clave en Extremadura
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Ni rastro de la reducción de diputados en la Asamblea de Extremadura en el documento sellado por PP y Vox para formar gobierno. La formación de Abascal aseguró que iban a exigir menos escaños en el parlamento regional para llegar a un acuerdo. Sin embargo, en ninguna de las 23 páginas presentadas por ambos partidos se alude a esta cuestión.

A ese asunto hizo referencia el propio Abascal en su cuenta de X el pasado mes de enero. Para pactar, vamos a exigir la reducción de diputados en los parlamentos regionales , dijo para referirse a una de las peticiones que plantearía de cara a la configuración de los nuevos gobiernos autonómicos. Además, fue una demanda que llegó precisamente en la semana en la que se iniciaron de manera presencial las conversaciones con el PP extremeño para alcanzar un acuerdo programático y la configuración del Ejecutivo regional.

Asimismo, esta propuesta formaba parte del programa electoral con el que la formación de Santiago Abascal concurrió a las elecciones del pasado 21 de diciembre en Extremadura y es una en las que el candidato a la Junta, Óscar Fernández, hizo hincapié. En concreto defendió pasar de 65 diputados autonómicos actuales a 33.

El acuerdo programático, que se divide en diez grandes temas, se centra en el gasto improductivo, pero en él no se refiere a este asunto, sino que contempla la reducción del 50% de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública ; así como la rebaja al mínimo legal de las ayudas a cooperación internacional al desarrollo.

Hay que recordar que la medida de reducción de diputados en Extremadura ya fue planteada por Vox en el año 2021. Entonces, el ya exdiputado por Badajoz al Congreso Víctor Sánchez del Real planteó la reducción del gasto político con la reducción de 65 a 35 escaños en la Asamblea de Extremadura.

Rebajar el número de parlamentarios, como dijo Vox, no ya a 35 sino a 33, no precisa de una modificación del Estatuto de Autonomía, para lo que es necesario el voto favorable de dos tercios de la Cámara, una suma de diputados que no alcanzan PP y Vox. Bastaría solo con reformar la Ley Electoral, para lo que se requiere una mayoría cualificada de tres quintos o, lo que es lo mismo, 39 diputados. Por tanto, una reforma posible si se tiene en cuenta que los 29 escaños logrados por el PP tras el adelanto electoral del 21-D y los 11 de Vox suman 40.

La Ley Electoral de Extremadura en vigor establece que debe haber un mínimo de 20 diputados por provincia para garantizar que ambas están representadas, y los 25 restantes, hasta los 65 máximos en los que está fijado el número de escaños en la Asamblea, se reparten entre Badajoz y Cáceres en función de la población. Esto se traduce en la actualidad en 36 diputados para la provincia pacense y 29 para la cacereña.

El acuerdo programático entre PP y Vox en Extremadura, finalmente sellado, ha dejado fuera una de las demandas más insistentes de la formación de Abascal: la reducción del número de diputados en la Asamblea regional. A pesar de que Santiago Abascal, líder de Vox, había manifestado públicamente en enero su intención de exigir esta reducción como condición para alcanzar un pacto de gobierno, el documento de 23 páginas no contiene ninguna referencia a esta cuestión.

Esta omisión resulta especialmente llamativa considerando que la reducción de diputados formaba parte del programa electoral con el que Vox concurrió a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Extremadura. El candidato de Vox a la Junta, Óscar Fernández, había defendido públicamente la necesidad de reducir el número de parlamentarios de 65 a 33, argumentando que permitiría una mayor eficiencia y un ahorro en los costes de funcionamiento de la Asamblea.

La decisión de no incluir la reducción de diputados en el acuerdo programático podría interpretarse como una concesión del PP a Vox para facilitar el cierre del pacto de gobierno. Sin embargo, también podría indicar una divergencia de prioridades entre ambas formaciones, ya que el PP no parece considerar la reducción del número de parlamentarios como una cuestión fundamental.

El acuerdo sí contempla medidas para reducir el gasto superfluo, como la reducción del 50% de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas consideradas sin utilidad pública, así como la rebaja de las ayudas a cooperación internacional al desarrollo al mínimo legal. No obstante, estas medidas no abordan directamente el aspecto político de la reducción del número de parlamentarios.

La propuesta de reducir el número de diputados en Extremadura ya había sido planteada por Vox en el pasado, en concreto en 2021, por el entonces diputado por Badajoz Víctor Sánchez del Real. En aquella ocasión, se propuso reducir el número de escaños de 65 a 35 como una forma de reducir el gasto político.

Desde el punto de vista legal, la reducción del número de diputados a 33 no requeriría una modificación del Estatuto de Autonomía, lo que implicaría una mayoría cualificada de dos tercios en la Asamblea. Sería suficiente con una reforma de la Ley Electoral, que solo requiere una mayoría cualificada de tres quintos, es decir, 39 diputados. Esta cifra es alcanzable por PP y Vox, que suman 40 escaños en la Asamblea extremeña (29 del PP y 11 de Vox).

La Ley Electoral de Extremadura establece que debe haber un mínimo de 20 diputados por provincia para garantizar la representación de ambas provincias, Badajoz y Cáceres. Los 25 escaños restantes se distribuyen entre ambas provincias en función de su población, lo que actualmente se traduce en 36 diputados para Badajoz y 29 para Cáceres.

La exclusión de la reducción de diputados del acuerdo PP-Vox en Extremadura plantea interrogantes sobre el futuro de esta medida y sobre la capacidad de ambas formaciones para mantener sus compromisos electorales. La decisión podría generar críticas por parte de aquellos votantes que esperaban que la reducción del número de parlamentarios fuera una prioridad para el nuevo gobierno autonómico.

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