El Ayuntamiento de A Coruña ha retomado las negociaciones con el Estado para la cesión definitiva de la antigua prisión provincial, un edificio con una historia que se remonta a 1925 y cuya propiedad ha sido objeto de una prolongada disputa legal. La reactivación de las conversaciones se produce en un contexto judicial incierto, tras la declaración de nulidad del convenio de 2005 por un juzgado coruñés, aunque el contencioso sigue abierto a la espera de una sentencia firme o un nuevo acuerdo entre ambas administraciones.
Los orígenes del conflicto se remontan a la dictadura de Primo de Rivera, cuando el entonces alcalde y militar Victoriano Suanzes, junto al gobernador civil Rafael Barón, formalizaron ante notario la entrega de una parcela municipal al Estado para la construcción de una nueva prisión. La cárcel, inaugurada en 1927, funcionó durante décadas, albergando tanto a presos comunes como a opositores al régimen franquista. Tras su cierre como centro penitenciario, el edificio fue utilizado para actividades de inserción social hasta 2009.
En 2005, bajo el mandato del entonces alcalde Francisco Vázquez, se alcanzó un acuerdo para la devolución de la finca al Ayuntamiento, incluyendo el edificio de la prisión. A cambio, la Administración central debía recibir la parcela donde actualmente se ubica el Centro de Inserción Social (CIS) de Monte Alto, además de un pago de 1,2 millones de euros. Si bien la finca fue efectivamente entregada, el pago nunca se materializó, lo que desencadenó la crisis.
La llegada del Partido Popular al gobierno municipal en 2011 supuso un punto de inflexión en la disputa. Los populares consideraron que la finca debía regresar al patrimonio municipal de forma gratuita y declararon nulo el convenio firmado por Vázquez. Esta decisión llevó el asunto a los tribunales, donde se inició una batalla legal que se prolongó durante años, atravesando los mandatos de tres alcaldes: Carlos Negreira (PP), Xulio Ferreiro (Marea Atlántica) e Inés Rey (PSOE).
En 2020, el Tribunal Supremo falló a favor del Estado, confirmando la obligación del Ayuntamiento de abonar la cantidad pactada. El gobierno local, liderado entonces por Inés Rey, interpretó que la vía judicial se había agotado y defendió que el Estado podría iniciar una ejecución de sentencia para reclamar el pago. En este contexto, se iniciaron negociaciones para intentar reducir la deuda, que se había incrementado con la acumulación de intereses judiciales, alcanzando los 2,8 millones de euros.
El Ayuntamiento llegó a proponer un acuerdo para reducir la cantidad a 2,3 millones de euros, pero la propuesta fue rechazada en pleno por los grupos del PP, Marea Atlántica y BNG, con el único apoyo de la edil no adscrita Susana Soneira y la abstención de Isabel Faraldo, también no adscrita. Tras el fracaso de la votación, el Ayuntamiento manifestó su disposición a pagar lo que obligue la ejecución de la sentencia, sin descartar nuevas negociaciones.
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado en 2024, cuando un Juzgado de Primera Instancia de A Coruña, a instancias de la Siepse, declaró nulo el convenio de 2005, argumentando que el intercambio de la parcela de la antigua prisión y la finca del CIS nunca debió haberse producido. Esta decisión judicial ha reabierto las posibilidades de un acuerdo entre administraciones, lo que ha motivado la reactivación de las negociaciones este mes de febrero.
El contexto político actual, marcado por el reciente acuerdo entre el BNG y el gobierno local socialista para la aprobación de los presupuestos municipales, ha favorecido la retomada de las conversaciones. Este acuerdo, que también se incluyó en el pacto de investidura de Inés Rey en 2023, contempla el inicio de una nueva negociación sobre la antigua cárcel, aunque sin establecer un plazo concreto.
La resolución de este conflicto permitiría al Ayuntamiento de A Coruña recuperar un edificio emblemático con un gran potencial para el desarrollo de proyectos culturales, sociales o turísticos, dada su ubicación estratégica junto a la Torre de Hércules. La antigua prisión, testigo de décadas de historia, podría convertirse en un nuevo motor para la ciudad, siempre y cuando se alcance un acuerdo satisfactorio entre las administraciones involucradas. El futuro de la prisión provincial de A Coruña sigue siendo incierto, pero la reactivación de las negociaciones abre una nueva esperanza para su recuperación y aprovechamiento en beneficio de la ciudad.
