El Gobierno de Santa Fe concretó la subasta de bienes incautados al delito por un valor total de $1.564.070.000, consolidando una política de desapoderamiento de activos ilícitos y reinversión de los fondos en seguridad y asistencia a víctimas. El evento, calificado por el gobernador Maximiliano Pullaro como la subasta de bienes más grande de la Argentina , se llevó a cabo en el Salón Metropolitano de Rosario y atrajo a 5.411 participantes provenientes de 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos interesados en pujar por los 150 lotes ofrecidos.
La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) fue la encargada de organizar la quinta subasta de este tipo, demostrando la continuidad y el fortalecimiento de una estrategia clave en la lucha contra el crimen organizado. El lote más codiciado resultó ser el número 3, que incluía una aeronave valuada en $70.000.000, mientras que entre los vehículos, una Toyota SW4 se destacó con un precio final de $59.000.000.
Durante la apertura del acto, el gobernador Pullaro enfatizó la importancia de esta política: En la provincia de Santa Fe se persigue el delito, se encarcela a los delincuentes y se les quitan los bienes para que esos recursos vuelvan a las víctimas y a las instituciones . Esta declaración refleja el compromiso del gobierno provincial con la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas y su posterior utilización en beneficio de la sociedad.
El secretario de Gestión de Registros santafesino, Matías Figueroa Escauriza, complementó esta idea al señalar: Queremos que tengan la oportunidad de hacer negocios, y que todo lo que se venda contribuya a debilitar a las organizaciones criminales que tanto daño causaron en la provincia. Estamos demostrando que no hay impunidad para nadie . La subasta, por lo tanto, no solo representa una fuente de ingresos para el Estado, sino también un golpe directo a la capacidad financiera de los grupos delictivos.
La secretaria de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, destacó el carácter pionero de Santa Fe en este ámbito: Santa Fe es la única provincia que subasta bienes provenientes del delito . Subrayó que esta herramienta es parte de un plan de seguridad integral que abarca la prevención policial, la investigación, la articulación con la justicia y, fundamentalmente, el desapoderamiento de activos. Esta estrategia integral busca atacar al crimen organizado en todas sus dimensiones, desde la represión hasta la desarticulación financiera.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, también se sumó a las declaraciones, resaltando que se trata de una política completa: se persigue, se condena y se desapodera de bienes . La articulación entre el gobierno provincial y las autoridades locales es fundamental para el éxito de esta iniciativa, que busca garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Esta última subasta se suma a las cuatro anteriores, que ya habían recaudado más de 3.589 millones de pesos, elevando el total de fondos obtenidos a través de esta política a más de 5.153 millones de pesos. Estos recursos serán destinados a fortalecer las fuerzas de seguridad, mejorar la infraestructura judicial y brindar asistencia a las víctimas del delito.
La Aprad desempeña un papel crucial en este proceso, ya que es la encargada de administrar los bienes secuestrados o sometidos a medidas judiciales en causas penales o contravencionales. Estos bienes pueden ser de diversa naturaleza, incluyendo vehículos, equipos informáticos, teléfonos, joyas e incluso inmuebles. La Aprad se encarga de evaluar cada caso y determinar la mejor forma de dar utilidad social a estos activos.
En el caso de los automotores, por ejemplo, pueden ser asignados a las fuerzas de seguridad, al Servicio Penitenciario o a instituciones públicas que necesiten renovar su flota vehicular. También pueden ser subastados, como ocurrió en este caso, o incluso compactados si no tienen valor comercial. Otros elementos, como artículos del hogar o vestimenta, son destinados a entidades de bien público, como organizaciones sociales o comedores comunitarios.
La subasta de bienes incautados al delito representa una herramienta innovadora y efectiva para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en la provincia de Santa Fe. Al desapoderar a los delincuentes de sus activos y reinvertir esos fondos en beneficio de la sociedad, el gobierno provincial está enviando un mensaje claro: el delito no paga y la justicia prevalece. La continuidad de esta política, junto con las inversiones en prevención, investigación y articulación con la justicia, permitirá construir una provincia más segura y justa para todos sus habitantes.
