El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha abierto la puerta a estudiar una posible regularización para los ciudadanos nicarag enses que se encuentran en su país, reconociendo las dificultades que enfrentan para obtener documentación de su embajada. La declaración, realizada el 16 de abril de 2026, surge en un contexto de creciente preocupación por la situación de los migrantes nicarag enses y la tensa relación entre Panamá y el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Mulino admitió no tener una evaluación precisa de la magnitud de la crisis documental que afecta a los nicarag enses, pero se mostró dispuesto a valorar lo que corresponda para brindar asistencia a estas personas. Destacó que muchos de ellos residen en Panamá desde hace años y podrían beneficiarse de un estatus que les permita regularizar su situación.
La posible regularización se plantea en un contexto similar al que se vivió con los migrantes venezolanos, quienes también enfrentaron obstáculos para obtener documentación de su país de origen. Según el presidente panameño, en Venezuela, la simple solicitud de un récord policial o un reporte podía ser interpretada como un acto de oposición al gobierno, lo que resultaba en hostigamiento y la negativa a emitir los documentos necesarios. Mulino entiende que una situación similar podría estar ocurriendo en Nicaragua.
De hecho, organizaciones internacionales han denunciado que el gobierno de Nicaragua se niega a renovar pasaportes a periodistas, activistas de derechos humanos, religiosos y opositores políticos, además de no apostillar documentos necesarios para su presentación en otros países. Asimismo, se ha acusado al régimen de despojar de la nacionalidad a centenares de nicarag enses críticos con su gestión.
Las cifras oficiales hasta marzo de 2026 revelan que 12,501 nicarag enses ingresaron legalmente a Panamá por los puntos de control migratorio. De estos, 844 obtuvieron residencia legal, mientras que 172 fueron detenidos por encontrarse en situación irregular y 69 fueron expulsados. Sin embargo, no se dispone de datos sobre el número de nicarag enses que se encuentran en el país sin un estatus migratorio regular.
La disposición del presidente Mulino a considerar la regularización de los nicarag enses contrasta con su postura crítica hacia el gobierno de Ortega y Murillo. En diciembre de 2024, Mulino llegó a calificar a Nicaragua como un país que no tiene ni Dios ni Ley y que no respeta el derecho internacional.
La situación se complica aún más por el caso del ex presidente panameño Ricardo Martinelli, quien se refugió en la embajada de Nicaragua en Panamá tras ser condenado por corrupción. Martinelli, quien fue sustituido in extremis en las elecciones de 2024 por Mulino, finalmente obtuvo asilo en Colombia después de un intento fallido de trasladarse a Managua.
La decisión de Mulino de abordar la situación de los migrantes nicarag enses podría interpretarse como un intento de equilibrar su postura crítica hacia el gobierno de Ortega con la necesidad de brindar protección a las personas que huyen de la represión y la falta de oportunidades en Nicaragua. Sin embargo, la implementación de cualquier medida de regularización seguramente enfrentará desafíos políticos y logísticos, dada la complejidad de la situación y la tensa relación entre ambos países.
La comunidad nicarag ense en Panamá ha recibido con cautela las declaraciones del presidente Mulino. Si bien valoran positivamente la apertura a considerar una regularización, expresan preocupación por la posibilidad de que el gobierno de Nicaragua obstaculice el proceso al negarse a emitir documentos a sus ciudadanos.
Organizaciones de derechos humanos han instado al gobierno panameño a garantizar que cualquier medida de regularización respete los principios de no devolución y protección a los refugiados, y que se tengan en cuenta las particularidades de la situación en Nicaragua.
El debate sobre la regularización de los nicarag enses en Panamá se suma a la creciente discusión sobre la política migratoria en la región, donde miles de personas huyen de la violencia, la pobreza y la falta de libertades en sus países de origen. La respuesta de Panamá a esta crisis humanitaria podría sentar un precedente importante para otros países de la región.
La situación de los migrantes nicarag enses en Panamá es un reflejo de la crisis política y social que vive Nicaragua, donde el gobierno de Ortega y Murillo ha intensificado la represión contra la oposición y ha restringido las libertades civiles. La posible regularización de estos migrantes podría ser un paso importante para brindarles protección y oportunidades, pero también requiere un compromiso firme por parte del gobierno panameño y una solución a largo plazo a la crisis en Nicaragua.
